Organizaciones de mujeres y feministas en Santa Cruz realizan un trabajo que implica enfrentar una estructura machista en instituciones judiciales y la sociedad cruceña.
Un enorme esfuerzo en busca de justicia, para que los crímenes cometidos en contra de mujeres y niñas no queden en la impunidad patriarcal.
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Una plataforma histórica y convocante
La Plataforma de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres nació en el año 1995, en el marco de la elaboración de la Ley 1674 contra la violencia en la familia o doméstica. Desde entonces se convirtió en el principal espacio de articulación de las organizaciones de mujeres populares, activistas, defensoras de derechos humanos y feministas en Santa Cruz.
La Plataforma es la principal coalición que convoca a movilizaciones en fechas como el 8 de marzo, el 11 de octubre, el 25 de noviembre, entre otras.
“La violencia fue el tema que unió los esfuerzos y alianzas de las mujeres. Pero a lo largo de los años se han incorporado todos los derechos, no solamente el de vivir una vida libre de violencia”, comenta Consuelo Camacho. Ella fue elegida por asamblea como parte de la directiva de la Plataforma.
Para Consuelo, el trabajo de la articulación tiene un valor histórico, ya que hizo posible la participación de las mujeres en procesos como la elaboración de la Nueva Constitución Política del Estado. Además, resalta que “muchas organizaciones están desde que hemos iniciado y hacen parte del amplio movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres (en Santa Cruz)”.
La Plataforma contra la corrupción judicial
Para la activista, la corrupción de la justicia en casos de violencia machista, no es una novedad. Por eso han definido líneas de trabajo y acción que interpelen toda la cadena de corrupción institucional.
Desde la Plataforma propusieron una ley de alerta contra la violencia hacia las mujeres, pero han tenido una respuesta casi nula de parte del municipio cruceño.
“Hemos hecho nuestra solicitud en octubre del año pasado y hace una semana han llamado a mi compañera para tener una audiencia, minutos antes de la hora que nos iban a atender”, denuncia Consuelo.
A su criterio, esos mecanismos son utilizados para que las mujeres no accedan a esos espacios de decisión. “Nuestras solicitudes siempre quedan al último”, complementa.
Consuelo destaca que acompañar casos de violencia machista es importante para las víctimas y familiares que enfrentan estos procesos. Es una forma de darles fuerza para que no desistan en su búsqueda de justicia.
“Que los jueces vean que detrás de esas víctimas hay un movimiento haciendo control y vigilancia. (Los acompañamientos) sirven para que los jueces trabajen enmarcados en las leyes y den sentencias”.
Mujeres Creando y una justicia feminista
Mujeres Creando es una organización autogestionaria y anarcofeminista. Tienen 30 años de trabajo ininterrumpido en Bolivia. Se caracterizan por ejercer un feminismo de acciones concretas, abarcando muchas luchas. Entre ellas, la que se enfrenta a la violencia machista.
Mujeres Creando tiene una oficina llamada “Mujeres en busca de justicia”. En Santa Cruz, la oficina está a la cabeza de la abogada Arletty Tordoya.
“Es un apoyo a las mujeres para que puedan tener control sobre sus procesos, creando estrategias para generar justicia. No es lo que le venden abogados leguleyos y ONG (a las víctimas y familiares). No es la falsa expectativa de justicia, no es el respeto ni la sumisión a las autoridades. No es el ruego clientelar con el Estado, esa no es nuestra forma de crear espacios de justicia para las mujeres”, comenta Arletty.
Ella fue parte legal en la defensa de la víctima de una violación grupal cometido en diciembre de 2018. El crimen fue mediáticamente conocido como el caso “La Manada”.
La Manada
La Manada estuvo compuesta por cinco hombres jóvenes (incluido un menor de edad) involucrados en un hecho de violación contra una mujer de 18 años. El delito despertó una fuerte indignación que se trasladó a las calles. Diversas organizaciones de mujeres y feministas protestaron en contra de la violencia machista.
A partir del siguiente año, las marchas del 8M en Santa Cruz de la Sierra empezaron a tener una masividad nunca antes vista. Incluso convocando a sectores que, hasta ese momento, se habían mantenido al margen de la emblemática manifestación.
Después de más de tres años, el proceso judicial de La Manada concluyó con solo dos sentencias. 20 años de cárcel por violación para Alejandro Saavedra y dos años (por complicidad) para Andrés Justiniano. Todos los demás fueron absueltos.
Algunos miembros de La Manada fueron vistos, recientemente, carnavaleando sin ningún problema. Para Arletty, esto es un síntoma de que “se creen victoriosos, que no tienen nada que responder”.
Sin embargo, argumenta la abogada de Mujeres Creando, “una parte de la sociedad ha sentido la indignación y han denunciado su presencia impune. Muchas personas han reclamado a la comparsa (carnavalera)”.
Para Arletty, esta actitud de denuncia pública es otra manera de producir justicia, en el marco de la sanción y el repudio social.
El obstáculo de los vínculos
Pero aún existen muchos otros obstáculos para que las mujeres víctimas de violencia machista consigan justicia. El hecho de que los agresores pertenezcan a un partido político, tengan un apellido conocido o vínculos con el poder político y judicial, es un factor preponderante.
Según Arletty, en estos casos “la justicia es muy dura de alcanzar”.
“En Santa Cruz pesa mucho el sentido de pertenencia a un grupo. Si alguien se conoce, a partir de haber estado en un colegio caro, sienten el derecho de defenderse por encima del proceso y de la investigación concluida y sentenciada”, explica.
Más allá de todo, Arletty considera que el caso La Manada es un referente legal.
“Se ha logrado probar que el hecho existió”, reafirma y relata que durante este proceso “hubo de todo”.
Desde amedrentamiento y amenazas, hasta la posesión de Jerjes Justiniano (abogado de los violadores) como ministro de la Presidencia en el Gobierno de Jeanine Añez.
Arletty denuncia que Justiniano metió “abogados de su consorcio a la Fiscalía para que atenten contra la investigación”.
“No ha sido fácil llegar hasta aquí. Cómo no vamos a sentirnos representadas las mujeres en esa sentencia”.
“Este caso ha sido una lucha feminista. Una abogada que no fuera feminista y sin la presencia de Mujeres Creando, tratándose de semejante poder económico, no haya podido terminar este caso”, asegura.
Mujeres trans, entre las más olvidadas
Mujeres Creando también ha marcado precedentes legales con mujeres trans. Así sucedió con el caso de Dayana Kenia. En 2017, este fue el primer feminicidio de una mujer trans en Bolivia que logró condenar al autor del crimen a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto.
De la misma manera, han hecho acompañamiento al caso de Catalina Mercado Parada, una reconocida activista cruceña que en julio de 2020 fue atacada con ocho puñaladas.
Para que el mandamiento de aprehensión en contra del agresor se cumpliera, tuvieron que pasar 20 meses.
“Esa fue una total irresponsabilidad y negligencia (de la administración de justicia). El potencial feminicida pasaba frente a ella y preguntaba por ella. ¿Cómo puede ser posible?”, pregunta Arletty Tordoya.
La abogada feminista explica que, para conseguir la detención de su agresor, Catalina tuvo que ponerse de carnada.
“El agresor osó contactarla. (Catalina) tuvo que ir a la casa del sujeto para que se lo pueda aprehender”, narra Arletty y confirma que seguirán el caso para conseguir otro referente legal para la población de mujeres trans.
Por las niñas y niños, mamás frente a la violencia.
“Justicia por las niñas” es un grupo de madres organizadas para enfrentar la retardación de justicia en casos de violencia sexual cometidos contra niñas y niños.
“Empezamos entre cuatro madres que veníamos con procesos ya desgastados. Vimos que era necesario tener estrategias y no depender solo de los abogados”, comenta Carmen Arias, integrante del grupo.
En Justicia por las Niñas, las madres se apoyan dándose guía para afrontar los juicios. “Al Estado no le importa que desconozcamos nuestros derechos. Para las autoridades eso es lo mejor para negociar con los casos de las víctimas. Por eso quisiéramos llegar a más madres y pasarles todo el conocimiento necesario para enfrentarse al sistema judicial, fiscales y policías”, explica Carmen.
“Nos basta que una madre quiera luchar por su hija”, agrega.
Para esta mamá, que se haya visibilizado la corrupción en la Justicia boliviana deja en evidencia algo que ellas viven en carne propia.
“Esto va a reventar más, la gente ha empezado a despertar. Se tiene que hacer justicia. Así tengan que ir los mismos funcionarios públicos a la cárcel y pagar las penas de los feminicidas y violadores”, comenta.
Actualmente, Carmen continúa luchando por justicia para su hija víctima de agresión sexual en el colegio Santa Cruz Christian Learning. Hasta ahora lleva siete años en busca de justicia.
El 8M para las organizaciones de mujeres en Santa Cruz
Consuelo Camacho:
“La manifestación se da desde la autoconvocatoria, con la participación de la diversidad y pluralidad de mujeres. Es estratégico y político salir y gritar. Vamos a seguir en lucha hasta desterrar el patriarcado, el machismo y todas aquellas formas de opresión, discriminación y violencia que se cobran la vida de las mujeres”
Arletty Tordoya:
“A veces creemos que salir un día a la calle ya es cambiar el mundo. Tenemos que estar aliadas, no podemos esperar a que las cosas vayan empeorando. La lucha no acaba, en la medida que las libertades de las mujeres avanzan, la violencia machista se reestructura y ataca de otra forma. Que el 8M sea un espacio para seguir creciendo, que no se deje cooptar por un Gobierno, un partido o una ONG. Esto se ha conseguido con mucho esfuerzo y mucha lucha”
Carmen Arias:
“Es tan importante que tu voz se haga oír, que las mujeres estén presentes. Las niñas callan la violencia porque no les creen, por eso deberíamos estar todas ahí, gritar por justicia y por un alto a la violencia. Vamos a llevar nuestra propuesta para las madres, que no se rindan y que no están solas”
