Miles de ciudadanos y ciudadanas atravesaban a diario por túneles y cámaras “desinfectantes”. En sus oídos resonaba el molesto zumbido de pulverizadoras o mochilas fumigadoras recorriendo las calles.
Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, gobiernos municipales, departamentales, centros médicos, instituciones públicas y privadas instalaron aparatosas estructuras para “combatir al virus”. La ciencia nunca respaldó su uso.
Dos años después del estallido de la pandemia hay unos 488 esqueletos de metal y plástico desperdigados por todo el país, sin ningún uso y carcomidos por su propia inutilidad.
Solo diez segundos bastaban para acabar rociada de pies a cabeza.
Los túneles de desinfección parecían engullir personas dentro de oficinas, bancos y hospitales, luego de bañarlas en sustancias desconocidas. Estas estructuras aparatosas tenían el objetivo, nunca comprobado y refutado repetidamente, de prevenir el contagio de la COVID-19.
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Aunque, casi desde el inicio de la pandemia ya se advertía sobre su ineficacia, con el tiempo las cámaras y túneles de desinfección ganaron popularidad. Sus dimensiones y su vistosidad lograron provocar una falsa sensación de seguridad.
Este sentimiento fue aprovechado por las autoridades, quienes las mandaron a construir por centenares, descuidando las medidas de prevención más recomendadas y eficientes.
En una revisión a la base de datos disponible en el portal Contratos Abiertas (una iniciativa del Lab Tecno Social), detectamos 43 adjudicaciones, realizadas entre abril del 2020 y noviembre del 2021, para la compra de mochilas y cámaras de desinfección.
Según nuestra recopilación, en este periodo se adquirieron alrededor de 488 mecanismos de fumigación: 399 cámaras de desinfección, 66 mochilas desinfectantes, 12 contenedores y 11 fumigadores.
Actualmente, la mayoría de estos equipos son esqueletos de plástico y metal carcomidos por el desuso.
Una «alternativa» frente a la falta de políticas sanitarias
El 25 de marzo del 2020 se diagnosticó a la primera paciente de COVID-19 en Bolivia. Desde entonces, los esfuerzos desde el Estado (en todos sus niveles) se concentraron en despliegues militaristas, policíacos y una estrategia de “fumigación”.
Sin políticas claras de prevención y contención sanitaria, las cámaras desinfectantes, pese a la evidencia en contra, se convirtieron en una alternativa viable para las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Unas pocas semanas después de la llegada de la COVID-19 a Bolivia se registraron las primeras adjudicaciones para la compra de cámaras de desinfección. Estas adquisiciones, para más de una docena de estos aparatos, figuran en los registros del SICOES de una oficina judicial de Oruro y el municipio de Viacha.
En mayo de 2020, el Ministerio de Salud publicó un comunicado advirtiendo que los compuestos químicos de las cámaras de desinfección podían causar efectos negativos en la salud de la población. En el comunicado oficial se detallan efectos como la “irritación en las mucosas, los ojos, la piel, el sistema digestivo y vías respiratorias”.
Pese a las alertas, incluso gubernamentales, la compra de cámaras de fumigación entre las entidades del Estado boliviano fueron continuas hasta noviembre de 2021.
Luego del comunicado del Ministerio de Salud el SICOES registra la adquisición de 459 cámaras y mochilas de desinfección.
Los otros insumos
Además, para su funcionamiento, las cámaras desinfectantes requerían otros insumos.
Compuestos químicos como el amonio cuaternario, la lavandina o el alcohol en distintas concentraciones sumaron un gasto aproximado de 43.5 millones de bolivianos en 1,366 adjudicaciones.
Esta aproximación se realizó gracias a la información disponible en el portal Compras del Gobierno Boliviano, publicado por Mauricio Foronda y Gabriel Weise.
Muchas de estas compras se destinaron a la desinfección de instalaciones hospitalarias o la compra de insumos de bioseguridad personal (por ejemplo, alcohol en gel). Sin embargo, la diferencia en el gasto en ítems como «lavandina» o «amonio cuaternario», respecto a periodos previos, es significativa.
22 municipios gastaron millones de bolivianos en cámaras de desinfección
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A la larga lista de objeciones contra el uso de las cámaras de desinfección también se sumó la del vocero de la Sociedad Boliviana de Infectología, Víctor Hugo Velasco. El profesional apuntó a la falta de evidencias sobre la efectividad de estos dispositivos.
Además, Velasco comentó que estas estructuras podrían provocar la aerolización del virus (que el virus se quede en el aire), contribuyendo a la propagación de la COVID-19.
Sin embargo, al menos 22 municipios de diferentes departamentos del país, Cajas Nacionales de Salud y otras instituciones públicas gastaron 1.8 millones de bolivianos (269 mil dólares) en cámaras y mochilas de desinfección.
Gracias a estas “inversiones”, autoridades de diferentes municipios y departamentos del país movilizaban a funcionarios y equipos para “la desinfección de mercados y barrios”. Luego presumían su despliegue en unidades móviles y reportes «en vivo» a través de medios tradicionales.
Por otra parte, universidades y empresas privadas fabricaban sus propios túneles de desinfección para ponerlos en el mercado, al mejor postor.
Las cámaras de desinfección y el teatro de la higiene
“Las cámaras de desinfección pueden crear una falsa sensación de protección en las personas, (…) lo que podría desviar la atención de las medidas con eficacia y seguridad comprobadas”, asegura un artículo de El País.
Este fenómeno es conocido como “el teatro de la higiene”.
Es así que los gobiernos y autoridades decidieron gastar millones en métodos ineficientes, sin priorizar necesidades esenciales de prevención. Una combinación de desinformación, suposiciones erróneas sobre la transmisión de COVID-19 y muchas historias de miedo.
“Demasiadas personas imaginaron la lucha contra el COVID-19 como una guerra terrestre que se libraría con un combate cuerpo a cuerpo jabonoso contra superficies sucias”, ironiza un artículo en The Atlantic.
En su momento, un vocero de la Sociedad Boliviana de Infectología, observó que las medidas implementadas estuvieron alejadas de aquellas que siguen siendo importantes.
Es el caso del distanciamiento social, la ventilación de espacios cerrados o el uso de barbijos dentro de ellos.
Las cabinas, túneles y cámaras de desinfección no fueron eficaces ni saludables.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (por siglas en inglés) advirtió que la pulverización y fumigación al aire libre o en superficies interiores no es recomendable.
“Debido a la falta de efectividad, posibles daños al medio ambiente y la posible exposición de los seres humanos a productos químicos irritantes”.
La Organización Mundial de la Salud desaconsejó rociar a las personas con desinfectante y la fumigación de espacios interiores o superficies ambientales.
“Rociar superficies ambientales tanto en entornos de atención médica como no relacionados con la atención médica con desinfectantes no será efectivo y puede causar daño a las personas”. Se lee en un reporte de mayo del 2020.
“Rociar e introducir lejía u otro desinfectante en su cuerpo NO lo protegerá contra el COVID-19″. Además, la OMS agrega que esta práctica puede ser «peligrosa”. Esta información se encuentra disponible en su página para desmentir mitos y bulos sobre la pandemia.
Estas recomendaciones siguen vigentes.
