El 17 de mayo se conmemora el día en el que la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Una derrota para el odio, la discriminación y la violencia.
Los colectivos, organizaciones y movimientos de la diversidad sexual nacionales toman esta jornada para manifestarse y denunciar la violencia vivida, que se ensaña particularmente contra las personas trans en Bolivia.
En Bolivia se han registrado aproximadamente 80 crímenes de odio en contra de la población LGBTIQ+ en los últimos diez años. Las principales víctimas son mujeres trans. Esta es una población vulnerable por la falta de acceso a educación, salud y trabajo a la que están sometidas de manera sistemática.
El registro de casos es una estimación de los últimos años. Distintas organizaciones realizan un seguimiento de las denuncias que se reportan de manera pública y privada.
La impunidad y la retardación de justicia son las características comunes a la hora de luchar contra estos delitos. Muchos ni siquiera llegan a denunciarse o se abandonan, debido a la falta de apoyo de las familias y al desgaste emocional y económico que generan.
Odio e impunidad contra las personas trans en Bolivia
Solo dos casos de asesinato a mujeres trans en Bolivia han llegado a sentencia en instancias judiciales. Uno de ellos es el caso de Dayana Kenia.
A Dayana Kenia le quitaron la vida el 1 de abril de 2016, en Santa Cruz de la Sierra. Cuando encontraron su cuerpo estaba completamente ensangrentado.
Según los reportes en medios de comunicación y la Policía, tenía múltiples cortaduras, quemaduras de cigarrillo en el rostro y había sido atada de pies y manos. El transfeminicidio se había cometido con brutalidad y saña.
Luego de conocerse el caso vino un extenuante proceso marcado por audiencias suspendidas. Un año y medio después, en noviembre de 2017, se informó que el asesino fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
La defensa legal de Dayana Kenia estuvo conformada por el colectivo Mujeres Creando Santa Cruz y el activista Victor Hugo Vidangos (Ninón).
Alex Villca Baldivieso, pareja de la víctima, fue encontrado culpable y recibió la primera sentenciada por un crimen de odio en Bolivia.
Algo similar ocurrió en el caso de Litzy Hurtado, asesinada en diciembre de 2018 en una discoteca de la ciudad de El Alto.
Litzy fue apuñalada con un destornillador. Fue atacada por un menor de 16 años y otros dos varones adultos que la golpearon y hostigaron a causa de su identidad.
Sus agresores fueron sentenciados el viernes 3 de septiembre de este 2021, casi tres años después del crimen. El menor fue procesado bajo un régimen especial, debido a su edad. Mientras, los cómplices recibieron nueve años de privación de libertad en el penal de San Pedro de La Paz.
De los 80 crímenes de odio registrados por activistas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos, la mayoría corresponde a asesinatos impunes.
Una población en desprotección
Los asesinatos por odio contra la población LGBTIQ+ no están tipificados de forma específica en la normativa penal boliviana.
Esta situación deja a la población trans y diversa en indefensión frente a los delitos que no reciben un tratamiento adecuado ni respetuoso con las identidades de género y sexuales.
Las organizaciones LGBTIQ+ son las únicas que dan soporte y acompañamiento a los casos de agresión por homofobia, lesbofobia y transfobia. La mayoría de estas denuncias queda en la impunidad.
Nuestro país cuenta con la ley 807 de Identidad de Género, promulgada en mayo de 2016. Según esta norma, la población trans en Bolivia puede cambiar sus datos de nombre, sexo e imagen en sus documentos de identidad.
Sin embargo, el parágrafo II de su artículo 11, el más importante de la Ley, fue declarado inconstitucional por la acción de grupos religiosos, machistas y antiderechos.
Esta acción eliminó la posibilidad de las personas trans en Bolivia de ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, como el de la paridad política, la confidencialidad y el matrimonio igualitario.
La no vigencia de sus derechos acorraló a las mujeres trans a un destino de maltrato y peligro, sometidas en la precariedad del trabajo sexual y la invisibilización continua.
Actualmente se lleva adelante la modificación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Las mujeres trans y sus organizaciones trabajan para que los crímenes contra esta población sean tipificados en la norma penal.
El Estado boliviano se ha suscrito a distintos acuerdos internacionales para respetar los derechos de la población LGBTIQ+.
Sin embargo, hace falta un arduo trabajo legislativo y de sensibilización para desarrollar la normativa interna adecuada que garantice la vigencia de los derechos de la población trans.
