Las jóvenes lideresas sindicales soportan una gran presión sobre sus liderazgos. Un acoso político operado por sus propias familias, comunidades y organizaciones. Pese a la violencia y el machismo tan encarnados en las estructuras culturales, sociales y políticas, allí permanecen. Son mujeres dispuestas a desafiar los límites que les intentan imponer.
“Ajjjj, ¿para qué vienen, pues, con wawitas? Con wawitas no deben de mandar al Congreso”, dice uno de los compañeros de NAG (las entrevistadas en esta nota decidieron mantener sus nombres en reserva para resguardar su seguridad).
Ella reacciona. “Compañero, este Congreso es de mujeres y las mujeres andamos con nuestras wawitas, porque los hombres no son capaces de hacerse cargo”.
“¿Cuándo hemos visto que un hombre lleve a su wawita al Congreso? No hay”, reclama NAG.
NAG es una joven y combativa lideresa del Valle Alto de Cochabamba.
En esta región, las centrales y subcentrales de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia reúnen a más de dos mil mujeres. Ellas son conocidas como las Bartolinas.
La escena relatada por NAG —en la que varones toman el mando y la autoridad en congresos de organizaciones como las Bartolinas— es cada vez más común. Según comentan ella y otra de sus compañeras.
Pero esa es apenas una muestra de las múltiples violencias a las que se enfrentan. El acoso político en contra de lideresas sindicales es una práctica generalizada y, de cierta forma, naturalizada.
Una violencia sistémica
Por supuesto, no se trata de un problema reciente ni exclusivo de las organizaciones sociales. Los casos de acoso y violencia política en contra de mujeres bolivianas en puestos de liderazgo son permanentes.
En 10 años de vigencia de la ley 243 (“Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”) se registraron 677 denuncias. La norma fue promovida luego del feminicidio político de Juana Quispe. Un crimen aún impune.
Sin embargo, a diferencia de alcaldesas, concejalas o parlamentarias, las mujeres en organizaciones de base no cuentan ni siquiera con las instancias para denunciar a sus agresores.
Por otra parte, deben soportar una gran presión social dentro de su propio entorno, así como de organizaciones sociales y políticas.
Pese a ese machismo tan encarnado en las estructuras culturales, sociales y sindicales, todavía existen mujeres dispuestas a desafiar los límites que les intentan imponer.
Autonomía personal y presión social
“Hay mujeres que pueden dar mucho en el tema sindical. Hay estrategas mujeres”, dice NAG. Pero antes de que consoliden sus liderazgos, complementa, hace falta “sanar” algo básico.
“Ahorita mismo, a mis dirigentas, a las que están más arriba, más abajo, a todas, viene su marido y dice ‘no, no puedes estar ahí’”, denuncia NAG.
Para ella, existe una presión social en contra de las mujeres que asumen liderazgos dentro de sus comunidades y organizaciones. Este orillamiento en contra de las lideresas sindicales suele tener componentes morales, difamatorios y estereotipos de género.
Claudia Cecilia Arce Cuadros en La militancia de ‘las Bartolinas’ 1990-2018. Igualaciones y desigualdades en las trayectorias políticas de mujeres campesinas señala este comportamiento como un “acoso moral”.
“(Las dirigentas) están bajo sospecha y enjuiciamiento permanentemente con base en criterios morales ambiguos. La ‘rectitud’ demandada a las mujeres en política responde a un doble estándar de juicio moral desigual”, apunta Arce Cuadros.
“El hombre puede separase, no dicen nada, puede estar con otras cinco, seis mujeres, no dicen nada porque es hombre, pero a la mujer si nos juzgan, entonces creo que es un poco difícil, ¿no?”
—Luisa, en entrevista con Arce Cuadros, 2017
A propósito, NAG comenta que este tipo de presiones no solo provienen de las parejas o familias, sino de toda la comunidad.
Por otra parte, denuncia que, en el medio sindical, estas mismas mujeres también experimentan otros tipos de acoso por parte de sus compañeros.
Según su experiencia, muchas lideresas sindicales deben soportar comentarios como “deberías cambiarle a tu marido”, “quédate aquí con nosotros”, o “(los varones) se ponen a tomar”.
El sexto boletín DeBajada del Centro de Estudios Populares (CEESP) también se refiere a esta “violencia y amenazas con tinte machista y/o sexual, descalificación y estigmatización que recibimos las mujeres cuando estamos en un cargo de liderazgo”.
“Es muy, muy, muy agresivo”, lamenta NAG
“La presión social siempre termina ahogando a estas mujeres luchadoras, pero yo tengo la esperanza de que esto cambie”
—NAG
Esperanzas y retos
“Me pregunté por qué solo los hombres tienen que ser dirigentes. Por qué no las mujeres también. Ahí fue que me involucré. Y ahí es donde viene el acoso político y ahí están las barreras que se tienen que romper”, comenta sobre su propia experiencia NAL (otra lideresa del Valle Alto que eligió mantener su nombre en reserva).
Ella comenzó a involucrarse en temas dirigenciales poco después de que se desatara la pandemia. Un contexto crítico que la motivó a tomar un rol más activo en su comunidad.
Pero no se trata solo de una decisión personal o un ánimo de superación.
Las luchas de varias dirigentas, indígenas y campesinas, apuntan a un recambio en las agendas sindicales hacia problemáticas que comprometen la vida misma de sus comunidades.
Pese a que, en la actualidad —debido a pugnas políticas al interior de algunas organizaciones (derivadas del quiebre dentro del MAS-IPSP)—, se intenta llevar los debates solo hacia la disputa de poder, existen temas que se hacen cada vez más urgentes.
La escasez de agua y su contaminación, la subida de precios para la alimentación o la falta de acceso a educación o salud, son temáticas que vuelven a resonar y son las mujeres quienes las amplifican. Les devuelven el valor que tienen para las comunidades.
“Ahora ser cabeza de una organización es tener poder. Ese poder ha hecho que las organizaciones se desvíen de las causas legítimas que teníamos. La toma de poder también (era una causa), pero no era solo eso. Se está descuidando mucho otros temas. Temas de la vida, del agua, de salud, de educación o de violencia”.
—NAG
Recambio generacional
A este posible giro en las narrativas locales, se suma un recambio generacional que también es intuido por NAG.
“Hay gente joven que está luchando y yo veo una esperanza allí”, comenta.
Sin embargo, aclara que estas juventudes también atraviesan muchas dificultades, especialmente al ser “congelados” por dirigentes mayores y “encajonados”.
“Te ponen un alto. ¿Por qué? Porque te tienen miedo. Tú eres más emprendedor, tienes ideas nuevas, no estás tan encajonado. Entonces reaccionan de muy mala manera”, explica NAG.
Además, subraya que sí para los varones jóvenes es difícil, para las mujeres lo es aún más.
“Son cosas que dañan a las jovencitas”, dice.
En ese punto, retorna a uno los principales retos que identifica: establecer un mayor escrutinio sobre los dirigentes varones y sus actitudes machistas. Que sean obligados a comprometerse con un cambio dentro de las organizaciones.
“Estamos hablando a solas”, protesta NAG. refiriéndose a los talleres sobre liderazgo o de violencia contra la mujer a los que asisten solo ellas.
“Yo nunca he visto que los hombres, que los que nos violentan vengan a los talleres”, añade.
Machismo y “los temas que importan”
“No sé por qué nosotras sí podemos escuchar su ‘política’, sus chupas, todo (lo que quieran hablar los varones)”, se cuestiona NAL.
Su reclamo apunta a que los Congresos y otras instancias de deliberación están monopolizadas por los varones. Así, dice, se dejan de lado “temas que realmente ayudan a las comunidades”.
A su criterio, no hay espacio para discutir temas de salud o educación.
“Hay propuestas. Porque ya nosotras hemos implementado, por ejemplo, que para algunas secretarias sí o sí debe entrar una mujer”. Pero estos esfuerzos tienen menos cabida en espacios cada vez más dominados por hombres.
“Si la mayoría son hombres en nuestras reuniones (de las Bartolinas), ‘no, no y no, para otro día suspenderemos’, nos dicen”, protesta NAL.
Las mismas historias desde hace décadas
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia se fundó a principios de los años 80.
Entonces, su impronta fue poner “sobre la mesa de discusión la importancia de contar con un espacio específico de mujeres”.
Plantearse esta necesidad, como apuntan en esta nota investigadorxs del CEESP, sirvió para “contrarrestar las prácticas patriarcales de las organizaciones mixtas”.
Con los años, este sentido político se fue diluyendo.
“Hoy en día los hombres (nos) discriminan, y también vemos mucha discriminación de los que creen saber más que nosotras”, se lee en un testimonio recogido por Unitas, en 2011, para una publicación sobre los liderazgos de mujeres en organizaciones indígenas, originario, campesinas.
“Ella es mujer, no va a poder asumir el cargo, y por eso no podemos darle el cargo”, solían ser los argumentos más comunes, según apunta el mismo testimonio.
Por aquellos años, como se explica en La militancia de ‘las Bartolinas’ 1990-2018…, tanto los dirigentes como las dirigentas tenían poca experiencia en la gestión pública o legislativa.
Sin embargo, solo ellas eran desplazadas “alegando su inaptitud o incapacidad”.
En 2018, un estudio evidenció que “tan solo el 14% de las organizaciones sociales encuestadas” contaba, hasta ese momento, con un mecanismo interno (reglamentos, estatutos u otros) de prevención y atención en casos de acoso y violencia política.
Este escenario de agresiones y desprotección sigue siendo similar al que experimentan NAG y NAL, en el Valle Alto de Cochabamba, en pleno 2023.
Bajo esa misma perspectiva, también es importante considerar, como reflexiona Arce Cuadros, que “las mujeres con menos recursos políticos, sociales, culturales, económicos fueron sin duda las que enfrentaron peores situaciones”.
Vacíos y limitaciones en la ley
En el Valle Alto, según una publicación del CEESP, la violencia política en contra de las lideresas sindicales “viene tanto de compañeros y organizaciones cercanas”, como de “sus antagonistas en el ámbito político”.
“Esta situación ha empeorado a partir de la crisis política de 2019 y las implicaciones de la pandemia”, subraya el texto.
Más recientemente, estas agresiones recrudecieron debido a las disputas dentro de varias organizaciones sociales vinculadas al MAS-IPSP.
Una escalada de acoso y violencia política que no encuentra respuestas en la ley 243.
Al respecto, una publicación de 2018 cuestionaba que esta norma tiene “limitaciones en su implementación en los procesos de construcción de mecanismos de prevención, atención y sanción en otras plataformas” por fuera de los espacios tradicionales de participación política (Asambleas, Alcaldías, Gobernaciones, etc.).
Un estudio de aquel año, citado en la misma nota, menciona que “un 82% de mujeres de organizaciones sociales (encuestadas) considera que las instituciones estatales no cumplen con la garantía de protección” en casos de violencia política en contra de mujeres.
“Es así como el acceso a la justicia sigue siendo la principal problemática que viven las mujeres lideresas”
