Desde hace 10 años un feminicidio político sigue sin esclarecerse y con los autores impunes. Entretanto, los casos de acoso y violencia política no parecen tener freno. Reflejos de un sistema político y una Justicia patriarcales.
La participación de las mujeres en la política boliviana oficial se incrementó en las últimas cuatro décadas. Principalmente por el impulso de normativas orientadas a la participación paritaria en terrenos como el Legislativo.
Sin embargo, el acoso y violencia contra las mujeres que decidieron dedicarse a la política también se vio recrudecida.
En 38 años, la participación de mujeres en la Asamblea Legislativa (antes Congreso Nacional) pasó del 0,8% al 46% en la Cámara de Diputadxs. En Senadorxs, el crecimiento fue del 7% al 55%.
Pero ser mujer política en Bolivia es vivir esquivando agresiones y acoso. Entre 2017 y 2020, se registraron 478 denuncias de acoso y violencia política según la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) .
De acuerdo a los datos del Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política de Acobol, en 2017 se reportaron 64 denuncias de acoso y violencia política en contra de mujeres. Tres años después, en 2020, el reporte alcanzó los 170 casos.
Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó en la Cumbre Departamental de Prevención de Acoso y Violencia Política contra Mujeres que en 2021 su institución recibió 185 renuncias voluntarias.
De ese total, solo 30 derivaron en denuncias de acoso y violencia política hechas por mujeres autoridades de los diferentes Concejos Municipales y Asambleas Departamentales del país.
Ocho de cada 10 mujeres en la función pública sufrieron acoso y violencia política, según revela la investigación La Paridad más allá de la paridad de OXFAM Bolivia.
La impunidad, el acoso y violencia política son sombras en el accionar de las mujeres que ejercen la función pública dentro un sistema político patriarcal.
Muestras de la violencia política más reciente
Los principales actos de acoso o violencia política están relacionados con la presión, persecución, hostigamiento, amenazas y agresiones. Son acciones destinadas a restringir el cumplimiento efectivo de las funciones y actos de discriminación en contra las mujeres políticas.
Recientemente, la Presidenta del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara (La Paz) denunció públicamente acoso político por parte del alcalde de su municipio.
Recibió presión psicológica para firmar su renuncia como concejala y presidenta por cumplir con sus labores de fiscalización.
En Beni, la actual presidenta de la Asamblea Legislativa recibió presiones de un asambleísta de su propio partido político para renunciar al cargo.
Asimismo, una concejala de Riberalta denunció acoso y violencia psicológica por hacer denuncias de corrupción contra otros funcionarios públicos de su municipio. Unos días después, un desconocido en motocicleta le fracturó la mano de un golpe.
Este último hecho demuestra que las mujeres políticas son acosadas por fiscalizar y ejercer sus funciones.
El feminicidio político que impulsó la Ley 243
Juana Quispe fue víctima de feminicidio político en marzo 2012. Este año se cumplieron 10 años de impunidad en un caso que sigue sin ser esclarecido.
Juana Quispe fue la primera concejala del municipio de Ancoraimes, en el departamento de La Paz.
Durante el ejercicio de sus funciones, Juana Quispe recibió amenazas y una persecución constante en contra de su liderazgo político y trabajo de fiscalización.
“No me he rendido, tomé fuerzas. Dije: no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme. Estoy dispuesta para morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir”
Juana Quispe, seis meses antes de su asesinato.
Hace diez años Bolivia se convirtió en el primer país de la región en formular una norma específica, pero poco eficiente en la práctica, para sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres.
La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres fue decretada dos meses después de que Juana Quispe fue asesinada.
