El último acto de persecución y hostigamiento hacia activistas feministas en Bolivia ocurrió en Sucre. Después de las movilizaciones feministas del 28 de septiembre, convocadas bajo la consigna “Aborto libre, seguro y gratuito”, dos integrantes de la colectiva Yuyay Ninamanta fueron denunciadas penalmente por las autoridades municipales y de la Iglesia Católica.
Se les imputa la comisión de daños a la Catedral de la ciudad por la escritura de grafitis feministas.
El uso de la denuncia penal y la persecución judicial contra activistas feministas está calando rápidamente en Bolivia. Por ello, creo que es importante analizar las causas de las acciones del Gobierno Municipal, la Iglesia Católica y los sectores ultraconservadores sucrenses.
La denuncia penal contra las activistas feministas no está inspirada en la defensa del patrimonio cultural como lo afirman los denunciantes. En realidad, es una reacción contra las demandas de las colectivas feministas a favor del aborto, la justicia y de la equidad de género.
La ciudad blanca
En la sociedad sucrense se construye un imaginario (y una memoria) sobre su carácter señorial y aristocrático. Este aristocratismo supone la defensa de valores tradicionales que incluyen, por ejemplo, la idea de la domesticidad de las mujeres. Así, el uso de la denuncia penal procura acallar las voces de protesta y servir de ejemplo para inhibir las movilizaciones feministas.
El mensaje oculto de esta persecución contra las dos activistas es el “disciplinamiento” de las mujeres.
Sucre, la antigua La Plata, es conocida como la “ciudad blanca” de Bolivia. El centro histórico conserva varias casonas coloniales cuyas paredes suelen ser blancas. Estas paredes cubren la realidad violenta y desigual que sufren las mujeres.
Las portadas de piedra, restauradas con mucho esmero, hacen lo propio con los abortos que se practican clandestinamente, los casos de violaciones a niñas y mujeres y los feminicidios.
El Alcalde municipal, Enrique Leaño, expresó su indignación por los lemas feministas. Así, busca acallar a las activistas que denuncian la falta de gestión municipal.
Bernardo Gantier, cura de la Iglesia Católica, también expresó su malestar por las demandas de “aborto legal” de las feministas. Cuando Gantier dice “me duele mucho”, en realidad trasunta su oposición a la agenda feminista.
Los sectores ultraconservadores
También sectores ultraconservadores de la sociedad civil sucrense se sumaron a la denuncia penal. Este apoyo demuestra la presencia de un ultraconservadurismo misógino y antiderechos en la antigua sede de la Audiencia de La Plata.
La colectiva Yuyay Ninamanta es una organización feminista articulada en el activismo. Repudia la violencia machista y con su equipo jurídico brindan asesoría legal.
Ángela Borja, junto a otras abogadas, acompaña a mujeres y familias que sufrieron violencia machista y patriarcal. También, a través de su área comunicacional, denunciaron desde hace años la falta de voluntad política del Gobierno Municipal por una gestión que atienda a las necesidades de las mujeres.
Alicia Arancibia subraya que, a partir de esta realidad violenta, las mujeres de Yuyay Ninamanta luchan incansablemente por una sociedad mejor. Gabriela observa que “una mujer se hace feminista con su propia historia”. El feminismo para ellas, como para muchas activistas, es parte de nuestras vidas.
Gabriela y Ángela Borja son acusadas injustamente por fuerzas regresivas que tienen mucha presencia pública gracias a los medios de comunicación. En estos años, ellas a través de Yuyay Ninamanta, hacen un notable trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y en la búsqueda de la justicia. A pesar de esta hostilidad, cada vez más creciente en Bolivia, esta colectiva enfrenta esta realidad apostando por la transformación social y la diseminación de los ideales feministas de justicia y equidad.
