La crisis municipal potosina ha alcanzado niveles altos de intolerancia. Funcionarixs de la alcaldía han participado de verdaderos episodios de “lucha libre”. Son comunes los golpes, insultos y mensajes indirectos sobre un escenario de abierta confrontación.
El Cerro Rico se está cayendo a pedazos, es imposible no advertirlo. Basta verlo desde la Plaza 10 de Noviembre o desde cualquier punto de la ciudad: le falta la punta que corona la cima, sus grietas son cada vez más visibles. Como una metáfora de lo que ocurre, también la crisis en Bolivia muestra las grietas de nuestra sociedad. Parece que el Cerro nos habla como una waka y nos muestra, con sus heridas, la grave crisis municipal, social e institucional que experimentamos a nivel local y nacional.
La crisis municipal potosina ha alcanzado niveles altos de intolerancia. Funcionarixs de la alcaldía han participado de verdaderos episodios de “lucha libre”. Son comunes los golpes, insultos y mensajes indirectos sobre un escenario de abierta confrontación.
Los episodios que evidencian la crisis municipal
En enero de este año, al salir de su puesto como alcaldesa interina, Leslie Flores sopapeó a su colega Waldo Porcel. En abril, el periodista de Radio Fides Juan Orellana denunció por agresión a la concejala Josefina Cruz. El periodista le estaba haciendo preguntas sobre el sistema de “cuotas políticas”.
También en abril, Henry López y Vidal Quispe, este último presidente del Concejo, se liaron a golpes en la misma alcaldía. El episodio se produjo por el deseo de siete concejales de querer elegir (otra vez) a Leslie Flores y destituir a la entonces alcaldesa Mayra Churata (elegida por el Concejo Municipal).
A día de hoy, Jhonny Llally es nuevamente alcalde, después de siete meses de detención preventiva por las denuncias de violencia sexual. Todo esto es una representación de la agonía institucional de la alcaldía.
Esta especie de telenovela política potosina refleja una crisis municipal y política que, sin embargo, no es nueva. En el 2019, durante la crisis nacional, William Cervantes (MAS) renunció a su puesto como alcalde. En junio del 2020, en plena pandemia, la ciudad tenía dos alcaldes: Luis Alberto López y Carlos Carmona. Además, el Concejo era un campo de batalla en el que concejales no podían sesionar por falta de quórum.
Todas las gestiones municipales repiten al unísono: “Trabajaremos por Potosí”, una expresión vacía, cansina, carente de significado. La actual gestión de Johnny Llaly, iniciada en el 2021, ha estado salpicada de escándalos, denuncias y enfrentamientos. Solamente en tres años, la ciudad ha tenido a tres alcaldesas/alcaldes (Llally, Flores y Churata).
¿Por qué se enfrentan tan ferozmente los partidos e inclusive los miembros de una misma facción?
Es un secreto a voces que el verdadero enfrentamiento es debido al sistema de cuotas políticas que conocemos como el cuoteo de los partidos. Este fenómeno es una práctica muy arraigada en nuestra vida pública local y nacional. Para alcanzar consensos, los partidos realizan “amarres”; es decir, se distribuyen entre ellos los cargos públicos para que los ocupen sus partidarios (o sus llunkus, en el lenguaje coloquial).
Precisamente, este fue el tema sobre el cual preguntó el periodista Juan Orellana a Josefina Cruz, en particular por su injerencia en el área de Desarrollo Humano. Según varios exfuncionarios, hay todo un sistema de cuotas políticas en el municipio de Potosí. También se rumorea lo mismo sobre contratos de publicidad y adjudicaciones realizadas por el municipio.
Todo este malestar está estallando poco a poco, acrecentado la indignación de la ciudadanía. La gestión actual de los funcionarios pareciera resumirse en actos protocolares de condecoración. Ya en una columna anterior abordé este asunto y subrayé que el Municipio destina sus energías y presupuesto a condecorar, sin atender las necesidades de la población.
Las remuneraciones y dietas de funcionarixs y autoridades también generan indignación pública. Los ingresos de un alcalde son casi ocho veces que el de un/a trabajador/a promedio que percibe un salario mínimo nacional (2,500 Bs.). Los de un concejal equivalen a casi 6.5 veces. El Concejo Municipal cuenta con asesores, comunicadores y otros trabajadores que suponen también un presupuesto municipal. Las y los asesores son quienes, muchas veces, hacen el trabajo de los concejales.
¿Qué debemos hacer ante esta crisis municipal?
Urge una reestructuración interna en la que las instituciones públicas no sean un botín de los partidos políticos. Es poco esperanzador pensar que los cambios pudieran venir de los propios partidos, ya que ellos usufructúan de esta situación.
Una alternativa es la fiscalización externa hecha por la propia sociedad civil. Es importante que la sociedad civil se organice, que reclame sus derechos y que denuncie las diversas formas de malgastar y dilapidar nuestros recursos. Tal vez el Cerro Rico en sus grietas expresa la indignación de la sociedad potosina ante la gestión frívola y egoísta del gobierno municipal.
