Bolivia enfrenta una situación alarmante: crisis cíclicas de agua, pérdida de biodiversidad y una creciente contaminación ambiental. En ese contexto, la producción de soya en Bolivia genera miles de millones de dólares a costa del medioambiente.
Las consecuencias de la deforestación en el oriente del país, que se incrementó en un 32% entre 2021 y 2022, se manifiestan en sequías, suelos degradados, comunidades desplazadas y fuegos forestales más frecuentes e intensos.
Así lo apunta una reciente publicación del diario británico The Guardian, firmada por el periodista Tomas Graham.
Estas son las secuelas de un modelo productivo que afectan especialmente en el departamento de Santa Cruz.
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Santa cruz: un desarrollo a costo ambiental
El departamento de Santa Cruz, reivindicado como económicamente próspero y productivamente rica, adolece una deforestación arrasadora.
Principalmente, en la zona de la Chiquitania, un ecosistema vital que perdió casi un cuarto de su extensión desde 1985.
Alcides Vadillo, director de Fundación Tierra, en una entrevista con Graham, enfatiza que “Santa Cruz tiene una visión de desarrollo que es muy marcada por la agricultura intensiva”, lo que implica una transformación agresiva de los bosques en tierras productivas.
La agricultura intensiva es la causante de esta transformación. Las consecuencias ambientales y sociales están comenzando a pesar en la balanza del desarrollo.
La soya en Bolivia: un negocio lucrativo y devastador
El negocio de la soya en Bolivia generó más de dos mil millones de dólares en 2022, pero es uno de los principales agentes de destrucción ambiental en el país.
A pesar del negacionismo de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), un estudio de la organización internacional Trase vincula directamente la producción de soya en Bolivia con niveles de deforestación excepcionalmente altos.
Los indicadores bolivianos superan los de países productores vecinos (Brasil, Argentina, Paraguay).
Por ejemplo, haciendo una comparativa que considere el tamaño de las poblaciones, “la deforestación de Bolivia es cuatro veces mayor que la de Brasil”, escribe Graham.
Stasiek Czaplicki, economista ambiental que contribuyó al informe de Trase, indica que “el negocio de la soya no es realmente un negocio de soya. Es el negocio de la tierra”.
Este apunte sugiere que la práctica de deforestar nuevas tierras para el cultivo de soya es un mecanismo para aumentar el valor de la tierra.
Así se revela una realidad cruda sobre las prácticas insostenibles y perjudiciales del sector soyero.
Política y economía: un pacto contra el medioambiente
La expansión de la frontera agrícola tiene un terreno común entre el gobierno central y la élite económica de Santa Cruz.
Esta alianza es un factor clave en prácticas que favorecen los intereses de los terratenientes. Además, promueve políticas que permiten y, en algunos casos, incentivan la deforestación.
Enrique Ormachea, investigador en CEDLA, le comentó a Graham que “esa alianza ha sido explícita”.
“El MAS nunca hizo una reforma agraria seria que afectara la propiedad de los grandes terratenientes de Santa Cruz. En cambio, acordaron ampliar la frontera agrícola para las exportaciones”
Enrique Ormachea, CEDLA
Un pacto que, más allá de las diferencias políticas, impulsa una agenda que prioriza el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
