Los prejuicios y violencias del sistema sexo-género dominante oprimen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+.
Activistas y colectivos LGBTIQ+ luchan articulándose para garantizar la justicia reproductiva, sus derechos sexuales y resistir a la cis heteronorma.
Los servicios concernientes a la salud sexual y reproductiva en instituciones públicas reproducen prácticas homo/lesbo/bi/transodiantes que impiden el acceso a la justicia reproductiva de las personas LGBTIQ+. A esto se suma las violaciones correctivas, violencia ginecológica, obstaculización del acceso a la interrupción legal del embarazo, la salud sexual y los seguros de maternidad.
“En Bolivia, nosotrxs somos clandestinxs. No existimos, vivimos en la sombra. Nuestros cuerpos no nos pertenecen porque no podemos decidir sobre ellos”, lamenta Alex, una activista boliviana por los derechos LGTBQI+ y mujer lesbiana.
Por ejemplo, el colectivo Hombres Trans Diversos Cochabamba reportó algunos casos de chicos trans que enfrentaron violaciones correctivas y se vieron obligadxs a gestar.
Las violaciones correctivas son agresiones en contra de las personas que no son heterosexuales, bajo el justificativo violento de imponer un cambio en su orientación sexual o su identidad de género.
“Sí, conozco y sé que hay muchos casos (de violaciones correctivas). Se esconden y callan”, se lee en un fragmento de la investigación Acceso al Aborto en Mujeres Bisexuales, Mujeres Lesbianas, y Hombres Trans de la organización Mano Diversa.
Múltiples violencias atraviesan, a menudo, la vida de las personas de las diversidades sexogenéricas. Durante 2022, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS registró 17 denuncias sobre la vulneración de los derechos de la población LGBTIQ+ en Bolivia.
Y como datos de la extrema violencia: 1,292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020, según el informe El prejuicio no conoce fronteras.
Los chicos trans también se embarazan
“Los chicos trans pueden gestar”, dice Daniel.
Una afirmación que invita a pensar el embarazo desde los cuerpos gestantes y no únicamente desde las mujeres.
Bajo el sistema cis heteronormativo no se espera que una persona trans pueda maternar o paternar. Alrededor de sus vidas sigue implantado un estigma, discriminación y violencias.
Sin embargo, las madres y padres trans existen.
“Los médicos que incurren en el error de decir ‘¿acaso los hombres trans se embarazan?’. Hay desconocimiento sobre los cuerpos gestantes. Existe un estigma y una visión machista sobre la gestación. Luego, piensan que gestar anula la identidad de género”, lamenta Max, otro activista trans en Bolivia.
Asimismo, el sexo es una etiqueta asignada al nacer, de acuerdo a factores biológicos y fisiológicos. En cambio, la identidad de género se refiere a cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo, así lo explica esta publicación de la BBC.
Es así que la identidad de género y la orientación sexual son asuntos completamente independientes, no se definen entre sí.
La salud sexual y reproductiva bajo la cis heternorma
En Bolivia, las personas trans que hacen su cambio de nombre no logran acceder a la interrupción legal del embarazo ni pueden ampararse en ella. Lxs activistas aseguran, además, que los protocolos de violencia sexual olvidan a los hombres trans que actualizaron sus documentos de identidad gracias a la ley 807 de Identidad de Género.
Daniel, activista trans, lamenta que los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) no tengan protocolos para atender casos de violencia sexual en contra de personas LGTBQI+.
“Como si los hombres trans no fueran vulnerables a las mismas violencias”, dice.
Desafortunadamente, la salud sexual y reproductiva en las instituciones públicas, en Bolivia, está pensada únicamente bajo la cis heteronorma.
El Estado asume a todxs como heterosexuales (heteronormatividad) y cisgéneros (no ser trans).
La invisibilidad LGBTIQ+ en la consulta ginecológica
Leo es un chico trans. Se dirigió a un hospital para solicitar una consulta ginecológica. Grande fue su sorpresa cuando le negaron la atención médica porque era “hombre”.
“El sistema de salud es transfóbico, homofóbico y lesbofóbico. No hay una atención diferenciada para las diversidades.”, reclama Alex, una activista lesbiana.
Esta es una de las múltiples discriminaciones y vulneraciones de derechos que se convierten en barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de personas LGBTIQ+. A esto se suman tratamientos incompletos o inadecuados, o atenciones caracterizadas por el maltrato y la incomodidad.
“Los chicos trans no van a los ginecólogos porque no existen centros de salud amigables y que respeten su identidad de género o sus pronombres”, denuncia, por su parte, Daniel.
El mayor obstáculo para el acceso a los servicios de salud sexual es la cis heteronormatividad del sistema de salud. Para Max y Daniel los servicios de salud son quienes más vulneran los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas de diversa identidad y orientación sexual.
En tanto, el 25% de los hechos de violencia contra los derechos de las personas trans se dan en locaciones públicas y el 17% en los servicios de salud, según un informe reciente del Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC).
El mismo documento resalta que el 42% de las violaciones y vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans son perpetrados por «efectores o agentes estatales». Este término se refiere a policías, militares, funcionarios públicos y personal de salud o educación.
Los vacíos en las leyes cis heteronormativas
Juan es un padre transgestante. Él no pudo inscribir a su hija al colegio porque no fue identificado como el padre luego de su cambio de identidad.
“Tenemos seis casos de padres transgestantes que están luchando por sus derechos y el de sus hijes”, recuerda Max.
El Estado boliviano no reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+. Las diversidades sexuales y de género no son tomadas en cuenta en los programas de salud sexual y reproductiva, protocolos de atención y normativas del Sistema Único de Salud (SUS), la interrupción legal del embarazo (ILE) o protocolos de atención a víctimas de abuso sexual.
“Lxs niñxs de los padres trans no existen para el estado boliviano”, reclaman lxs activistas.
La identidad masculina ante la ley impide a los hombres trans acceder a servicios ginecológicos del SUS y seguros de maternidad. También, se les impide asegurar a sus hijxs a los bonos estatales y registrar su paternidad.
La ola LGBTQI+ que impulsa la marea verde
Daniel cuenta que la mayor parte de hombres trans que accedieron a abortos clandestinos lo hicieron en pésimas condiciones de salud y en solitario.
El 61% de un total de 150 personas LGBTIQ+ encuestadas pasaron por un aborto voluntario. Así lo demuestra la investigación Acceso al Aborto en Mujeres Bisexuales, Mujeres Lesbianas, y Hombres Trans.
“Los chicos trans viven el aborto clandestino solos porque temen que se les cuestione su identidad de género”, explica Daniel.
El estudio de Mano Diversa registra que el 32% de los abortos se dieron porque un embarazo no estaba dentro su proyecto de vida o era una limitante a su desarrollo personal. El 25% explica que fue una decisión económica. El 15% dice que en su decisión influyeron factores externos y presiones familiares.
Si a las mujeres heterosexuales se les cuestiona porque recurren a un aborto clandestino, las personas LGBTIQ+ cargan con una doble discriminación y juzgamiento.
Alex cree que la lucha por el derecho a decidir debe ser interseccional y transversal. Cuenta que muchas mujeres lesbianas son increpadas por elegir la interrupción voluntaria de su embarazo. “Porque creen que las lesbianas no se embarazan”, lamenta.
La Interrupción Legal del Embarazo
La Interrupción Legal del Embarazo en Bolivia no contempla a las mujeres lesbianas, chicos trans, las personas bisexuales y no binarias.
Asimismo, solo el 8% de 277 prestadores en salud en 44 centros de salud a nivel nacional que fueron consultados en qué casos procede la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) conoce la normativa vigente, según el Informe de la Defensoría del Pueblo (2022).
Max está convencido de que la ILE debería garantizarse a todos los cuerpos gestantes y las diversidades sexogenéricas.
“Existimos. También somos víctimas de violencia sexual. Nuestras vidas también pueden correr riesgo por un aborto clandestino”, insiste.
El derecho a decidir con una mirada interseccional es una lucha colectiva, articulada e impulsada desde las diversidades sexogenéricas. Las personas trans, lesbianas y las personas no binarias en Bolivia siguen movilizadas por sus derechos sexuales y justicia reproductiva para todxs.
* Los nombres de las fuentes citadas en esta nota fueron cambiados para cuidar su privacidad e integridad.
