Bolivia es el segundo país de América Latina con menos población joven propietaria de vivienda, solo detrás de Colombia.
Según el Instituto Nacional de Estadística, tres de cada diez personas no cuentan con una vivienda propia, por lo que se ven obligadas a buscar otras formas de acceder a un hogar. Usualmente, a través del alquiler.
Las personas que sí tienen una, en muchos casos, enfrentan condiciones de hacinamiento, falta de acceso a recursos como agua potable y alcantarillado, o viven en zonas vulnerables.
Uno de los grupos más golpeados por esta realidad es el de los jóvenes.
Jóvenes en Bolivia y la imposibilidad de una vivienda propia
Por eso en 2019 el Estado creó el Plan de Viviendas para Jóvenes. Este proyecto es liderado por la Agencia Estatal de Vivienda de Bolivia (AEvivienda), que desde 2011 diseña y ejecuta programas habitacionales para poblaciones vulnerables como personas con bajos ingresos o discapacidad, adultos mayores y madres solteras.
La intención del Plan de Viviendas para Jóvenes es facilitar créditos hipotecarios a personas entre 18 y 29 años que quieran comprar una casa, incluso aunque ganen salarios mínimos de 2.300 bolivianos (aproximadamente 330 dólares). Para ello, el programa subvenciona hasta el 30% del costo de la vivienda a quienes accedan a su crédito. También permite que las familias de los beneficiarios asuman parte de las cuotas.
En principio, este parece un buen proyecto. En 2022, a tres años de iniciado, el Plan de Viviendas reportó haber beneficiado a 1.746 jóvenes y sus acompañantes.
Sin embargo, como sucede con otros proyectos de AEvivienda, estos resultados podrían haber sido mejores, con un impacto más notable entre jóvenes en condiciones vulnerables. Pero surgen obstáculos financieros, contradictorios con la misión de la estatal: aunque el Plan asegura ofrecer créditos para personas con salarios mínimos, en la práctica no parece que estos sean su prioridad.
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Bancos, requisitos y «la capacidad de pagar la deuda»
Por ejemplo, en 2017 el Gobierno boliviano construyó los condominios Bartolina Sisa en la ciudad de Cochabamba. Estas construcciones estaban orientadas a jóvenes no propietarios. Sin embargo, para acceder a los créditos, las personas aplicantes debían ganar entre 4,500 y 7,000 bolivianos mensuales. Es decir, entre el doble y el triple de un salario mínimo.
Según datos de 2021, seis de cada 10 jóvenes en Bolivia recibe una remuneración menor al salario mínimo. Además, la mayoría de estos empleos se desarrollan en la informalidad y por temporadas.
Para Marcelo Delgado, director de Aevivienda entre 2013 y 2016, una debilidad en el diseño de estos programas es que son entidades bancarias privadas quienes «identifican» a las personas beneficiarias.
«En su momento contrataron al Banco Unión. Por tanto, no va a privilegiar condiciones sociales para destinar o identificar potenciales beneficiarios, sino que va a cuidar que las personas que se seleccionan tengan capacidad de pagar la deuda», explica.
Así, la mayoría de los jóvenes sin vivienda propia, aquellos para quienes están pensados estos proyectos, no pueden acceder a los créditos para comprarlas. Como resultado, muchas de las casas construidas por estos programas gubernamentales terminan abandonadas.
Pero el Estado no detuvo la construcción de este tipo de complejos habitacionales.
Denuncias de «irregularidades»
En 2022, una comisión de diputados del Congreso boliviano denunció irregularidades en los proyectos —iniciados en 2016— que resultaron en miles de casas vacías.
«Las viviendas que se suponía debían estar en condiciones óptimas presentaban un evidente deterioro», dice a Distintas Latitudes la senadora Senaida Rojas.
Estos diputados descubrieron que existían proyectos financiados que ni siquiera habían sido construidos o terminados. Esto planteó sospechas sobre posibles malversaciones de fondos públicos y falta de transparencia.
También apuntaron que el Estado adjudicó la construcción de seis proyectos de viviendas urbanas a diferentes constructoras por más de 83 millones de dólares: el 91% de las casas de esos proyectos están deshabitadas.
Aun así, Aevivienda anunció la construcción de 100 mil casas más en toda Bolivia para el periodo 2020-2025.
«La investigación reveló un importante desequilibrio entre la inversión realizada y el uso efectivo de las viviendas construidas», dice Rojas.
Esto, según la legisladora, deja dudas sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Además de demandar mayor transparencia en la planificación y ejecución de este tipo de proyectos en el futuro.
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