La ivermectina es un antiparasitario usado principalmente en veterinaria. Desde 2020 organismos internacionales y nacionales desaconsejan su uso contra la COVID-19. A no ser que sea dentro de ensayos clínicos aleatorizados.
Ni siquiera el Ministerio de Salud respalda la utilización de un medicamento del que se compraron más de 13 millones de comprimidos. Desde 2020, nunca fue incluido en las guías oficiales de atención de la enfermedad pandémica.
¿Por qué distintas entidades gubernamentales gastaron 35.8 millones de bolivianos en un fármaco desaconsejado y sin beneficios comprobados? Sin estudios que respalden su eficacia frente al nuevo coronavirus, la ivermectina en Bolivia se reparte por toneladas.
Para conocer cómo realizamos este reportaje y cómo calculamos sus cifras puedes revisar nuestra metodología.
La ivermectina se repartía casa por casa. Se entregó dentro de kits “anticovid” que luego se consumían sin supervisión ni seguimiento profesional. Este antiparasitario, de uso principalmente veterinario, se vende sin receta médica en farmacias.
Durante los periodos más críticos de la pandemia, se instaló un activo mercado negro de ivermectina en redes sociales.
La ivermectina fue otra de las “soluciones milagrosas” que apareció en medio de la desesperación, el desconocimiento y el oportunismo frente a la pandemia.
Han pasado más de dos años desde los primeros meses de la llegada de la COVID-19 a Bolivia. En todo este tiempo no surgió ningún estudio que respalde el uso de la ivermectina en la prevención o el tratamiento contra la COVID-19.
Sin embargo, desde junio de 2020 hasta diciembre de 2021, distintas entidades del Estado boliviano adquirieron 13.2 millones de dosis de ivermectina. Entre comprimidos, cápsulas e inyectables.
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El Ministerio de Salud tampoco incluye a la ivermectina en sus guías de tratamiento contra la COVID-19. Es más, en su última actualización advierte que “no se recomienda el uso de ivermectina fuera del contexto de un ensayo clínico”, ya sea en pacientes ambulatorios u hospitalizados.
El gasto en este tratamiento sin respaldo científico, y desaconsejado por los principales organismos internacionales en salud, asciende hasta los 35.8 millones de bolivianos (5.1 millones de dólares).
En Bolivia se gastaron más de cinco millones de dólares en un “milagro” nunca comprobado y no recomendado por el mismo Gobierno desde 2021.
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El principio de la fábula milagrosa
Todo comenzó en abril de 2020. Allí aparecieron los primeros estudios que presentaban a la ivermectina como una alternativa casi mágica para tratar y prevenir la COVID-19.
Según informa el portal especializado Salud con Lupa, uno de los estudios más representativos fue el del egipcio Ahmed Elgazzar. Sin embargo, luego de su prepublicación, se le detectaron graves indicios de fraude. Entre ellas, “evidencias de plagio” y que sus “datos contenían nombres de pacientes que habían muerto antes de que comenzara el ensayo”.
Salud con Lupa, en noviembre de 2021 y con base en datos de Retraction Watch, reportó sobre cinco estudios (con aparentes buenos resultados de la ivermectina contra el COVID-19) que fueron retractados por presentar faltas éticas y metodológicas.
En junio de 2020 apareció otro estudio donde la ivermectina se usó con éxito en “el tratamiento del SARS-CoV-2 en células infectadas experimentalmente”.
No obstante, estos ensayos fueron realizados in vitro, no en casos clínicos reales. Además, entre sus conclusiones, los investigadores no alentaban el uso terapéutico, sino aconsejaban “una mayor investigación de los posibles beneficios en humanos”.
El milagro de la ivermectina se desbarata
Esa “mayor investigación” sobre posibles “beneficios en humanos” llegó con el tiempo, en diferentes contextos, y los resultados fueron concluyentes:
“Las pruebas de que la ivermectina reduce la mortalidad, la necesidad de respiración mecánica, la necesidad de hospitalización y el periodo que se tarda en lograr una mejoría clínica en los enfermos de COVID-19” son muy poco fiables.
Esta fue la conclusión, difundida en marzo de 2021, de un grupo de expertos internacionales independientes convocados por la Organización Mundial de la Salud.
Para llegar a ella revisaron los datos de “16 ensayos controlados con asignación aleatoria que habían incluido a un total de 2,407 pacientes ambulatorios y hospitalizados con COVID-19”.
En mayo del mismo año, un informe de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas de Argentina concluía que “las guías de práctica clínica basadas en evidencia recomiendan NO utilizar ivermectina” en la prevención o tratamiento de pacientes (leves o graves) con COVID-19.
Ivermectina por toneladas
Pese a la gran cantidad de evidencia científica y médica contra el uso de la ivermectina en la prevención o tratamiento de la COVID-19, en Bolivia este fármaco fue comprado por toneladas.
Según nuestra revisión a dos bases de datos con información del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), entre junio de 2020 y diciembre de 2021 se adquirieron casi 8 toneladas de ivermectina (considerando que los blísteres con 10 pastillas pesan entre seis y ocho gramos).
La cantidad de dosis de ivermectina en comprimidos, disponible a través de estas compras, alcanzaría para unos cuatro o seis millones de “tratamientos” (dependiendo del “protocolo”).
Hasta la cuarta semana de agosto de 2022, Bolivia registró 1.1 millones de casos de COVID-19, desde la llegada de la pandemia al país.
Asimismo, estos cálculos solo consideran las compras de ivermectina hechas desde el Estado, no las de los mercados formal e informal.
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La pastilla de los cinco millones de dólares
En total, el gasto en ivermectina detallado en el SICOES, en 19 meses, es de 35.8 millones de bolivianos (5.1 millones de dólares).
Esta cifra es similar a la inversión realizada en el equipamiento del nuevo Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Santa Cruz de la Sierra. Desde el Gobierno proyectan que este centro tendrá la capacidad de atender los tratamientos de 120 pacientes con cáncer cada día.
Con el presupuesto destinado a la ivermectina podrían comprarse aceleradores lineales, equipos de braquiterapia y sistemas de radioterapia, entre otros.
72 municipios de todas las regiones del país compraron 1.4 millones de dosis de ivermectina por un valor de 10.5 millones de bolivianos, poco menos de un tercio del gasto total nacional.
En el otro extremo, la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS), tuvo un gasto de casi el doble de bolivianos (19 millones), para la adquisición de 10.7 millones de comprimidos de ivermectina.
La CEASS concentró el 81% de las dosis de ivermectina contratadas a través del SICOES, entre junio de 2020 y diciembre de 2021.
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Distribución “casa por casa”
Durante la crisis sanitaria, gobiernos municipales, regionales y departamentales distribuyeron dosis hospitalarias y domiciliarias de ivermectina. En todos los casos indicaron “protocolos” de medicación con este medicamento empíricos y no corroborados.
También en la mayoría de los casos, el afán de las autoridades en la distribución de kits “anticovid” tenía un carácter proselitista.
La exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, por ejemplo, autorizó la compra de casi medio millón de dosis de ivermectina para “medicar preventiva y masivamente” a la población cruceña.
Semanas antes, Sosa había enviado una solicitud formal para la producción masiva de este antiparasitario a una empresa farmacéutica local. Sin embargo, en la misiva se hacía referencia al “tratamiento de prevención de parásitos” y no al uso en casos de COVID-19.
En enero de 2021, la Alcaldía de La Paz distribuyó 8,860 kits de medicamentos para la atención de pacientes leves en hospitales de primer y segundo nivel. En el paquete se incluían tres comprimidos de ivermectina de seis miligramos.
Meses antes, el municipio paceño había preparado 100 mil kits domiciliarios en una campaña de rastrillaje. El pack también incluía ivermectina.
En mayo del 2020, el entonces subgobernador de Cercado, Tarija, entregó 7,500 dosis de ivermectina a la Asociación de Municipios de ese departamento.
En Beni crearon una campaña llamada “Ivermectina gratis para la gente”. Alcaldía, Gobernación, ganaderos y juntas vecinales participaron de la iniciativa.
Incluso la Cruz Roja participó en la dotación de ivermectina “preventiva” en Trinidad. Esta institución distribuyó más de 500 dosis del antiparasitario en la capital beniana. Mario Múñoz, su presidente, dijo que “el ciudadano que ingiere este fármaco se está protegiendo de alguna manera para evitar la carga viral del COVID-19”.
La central
La CEASS es una institución pública descentralizada que existe desde 2002 y “asume funciones operativas especializadas delegadas por el Ministro de Salud”.
Antes de la llegada de la pandemia, entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2020, el costo de sus contrataciones en el SICOES alcanzaba, apenas, los 81.8 millones de bolivianos.
Con la llegada del COVID-19 al país su capacidad operativa y de inversión se incrementó abruptamente. Entre abril de 2020 y diciembre de 2021, la CEASS registró la contratación de bienes y servicios por más de 705 millones de bolivianos.
Puedes descargar la base de datos con esta información aquí.
Pese a depender del Ministerio de Salud, la CEASS compró cinco millones de comprimidos, cuatro meses después de la actualización de la Guía de Manejo de la COVID-19.
En julio de 2021, el Ministerio de Salud desaconsejó explícitamente el uso de la ivermectina en el tratamiento de la COVID-19 (excepto en el contexto de un ensayo clínico).
No obstante, el 20 de mayo de 2021, la CEASS le entregó al mismo Ministerio de Salud 62,181 comprimidos de ivermectina por 559,629 bolivianos. La compra ministerial, por unidad, resultó tres veces más cara de lo que pagó el CEASS, en promedio, en tres contrataciones previas.
Desde octubre de 2020 la CEASS destinó unos 2.7 millones de dólares a la compra de ivermectina. Todas las adjudicaciones se realizaron pese a la evidencia médica y científica en contra del uso del antiparasitario como tratamiento para la COVID-19.
Los milagreros de la ivermectina y otras pociones en Bolivia
“Donde el milagro habla, la ciencia calla”, así defendía Alejandro Unzueta un menjunje de antiinflamatorios y antibióticos que repartió en Trinidad, Beni, en mayo de 2020.
Unzueta es odontólogo y un año después de atribuirse la “iluminación de Dios” y la invención de un tratamiento para la COVID-19 se postuló como candidato a la Gobernación beniana. Luego de tanta “fe” y “bendiciones”, se hizo con el cargo.
Aunque Unzueta no promocionó el uso de ivermectina, él es uno de los muchos profesionales en salud que aparecieron en medios de comunicación promocionando curas engañosas contra la COVID-19.
Por ejemplo, en agosto de 2020, el médico nefrólogo Herland Vaca Diez, a través del programa No mentirás 4.0, hablaba de que la ivermectina se absorbía mejor con cerveza.
Meses antes, Rafael Quinteros, Gerente General de la Clínica San Rafaela en Santa Cruz de la Sierra, presumía la supuesta curación de ocho pacientes tratados con ivermectina.
“Estamos frente a una probable cura para este coronavirus”, decía en una entrevista con el presentador Gary Áñez.
Pero para comprobar si un fármaco es eficaz para tratar una enfermedad se necesita un ensayo clínico de fase dos. Esto implica la participación de entre 100 y 300 personas en las pruebas.
Para verificar la seguridad y la posible eficacia de un nuevo tratamiento se requieren hasta tres mil voluntarixs, en un ensayo de fase tres.
Ifamina
Diciembre de 2020 fue un mes activo para las comunicaciones de la farmacéutica boliviana IFA. Durante este mes, entregó en donación 200 mil comprimidos de ifamina (nombre comercial de la ivermectina) a la Policía Boliviana.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, agradeció la entrega que, a su criterio, ayudaría a “prevenir un posible rebrote dentro de nuestra institución policial”.
IFA también recibió un reconocimiento por su donación de medicamentos, “principalmente ivermectina”, a comunidades indígenas de distintas regiones del país. Además de otras labores de “responsabilidad social empresarial”.
Finalmente, el laboratorio entregó otros mil comprimidos de ivermectina a la Asociación de Prensa Independiente de Santa Cruz.
Laboratorios IFA S.A. fue la empresa que mayor cantidad de adjudicaciones por ivermectina recibió entre junio de 2020 y diciembre de 2021.
Ocho de cada 10 comprimidos de ivermectina comprados por entidades estatales durante ese periodo fueron provistos por IFA. La farmacéutica recibió unos 27.8 millones de bolivianos por estos contratos.
El 64% de esos ingresos provienen de la CEASS.
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El país de los milagros fallidos
“El Comité Científico de la universidad está trabajando en un protocolo para el uso del dióxido (de cloro) y varios médicos de la UTO están asesorando esta labor”, comentó David Ismael Rojas en una entrevista difundida en julio de 2020.
Ismael Rojas es el rector de la Universidad Técnica de Oruro, donde se comenzó a producir y distribuir dióxido de cloro ese mismo mes. Y lo continuó haciendo. Pese a no contar con ningún aval científico, pero sí un importante respaldo político.
En febrero de 2021, el presidente boliviano Luis Arce felicitó al rector de la UTO por la producción del químico. Arce, en un discurso público, aseguró que “especialmente en los centros mineros (…) se han curado con dióxido de cloro”.
El presidente boliviano no mencionó ningún ensayo médico o científico para respaldar su afirmación.
En cambio, decenas de estudios, especialistas y organismos internacionales advierten sobre la inutilidad y el peligro que representa el dióxido de cloro como supuesto tratamiento a la COVID-19 (y otras afecciones).
En octubre de 2020, el Senado boliviano promulgó una ley para el uso de dióxido de cloro en el contexto de la pandemia. La norma entró en vigencia en los primeros meses del Gobierno de Arce.
De la misma manera, la ivermectina continúa figurando dentro la lista de disponibilidad de medicamentos para la COVID-19 y la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed).
Metodología
Para acercarnos a las cifras sobre ivermectina expuestas en este reportaje revisamos dos bases de datos. En primera instancia, identificamos 51 contrataciones por ivermectina, gracias al portal Contratos Abiertos, una iniciativa del Lab Tecno Social.
Ampliamos esta recopilación inicial con los datos disponibles en Compras del Gobierno Boliviano, un esfuerzo de Mauricio Foronda y Gabriel Weise.
Ambas bases de datos usan información pública disponible en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).
Luego unimos los datos recolectados en ambas bases de datos, encontrando un total de 211 adjudicaciones por ivermectina.
Para el proceso de limpieza de la base de datos utilizamos Power Query. Allí detallamos variables como la presentación y concentración del fármaco. También eliminamos duplicados e información no relevante para esta investigación.
Finalmente, para reducir el margen de error, revisamos 94 fichas y documentos de recepción de las adjudicaciones, para verificar cantidades y montos que no estaban dentro las tendencias generales.
Aquí puedes descargar nuestra base de datos sobre compras estatales de ivermectina.
Además, para complementar la información, consultamos más de 50 fuentes documentales, periodísticas, académicas y audiovisuales.