Los cuerpos de las trabajadoras sexuales son explotados, controlados, mirados y cuestionados, pero nunca protegidos. Médicos, policías y hasta funcionarios municipales las miran, examinan, extorsionan y expiden «carnets sanitarios» para que trabajen, sin ningún tipo de seguro que cubra su salud de forma integral.
Las trabajadoras sexuales en Bolivia trabajan bajo condiciones de informalidad, violencia, desprotección y exclusión.
Hace tres semanas, en Sucre, un grupo de trabajadoras sexuales acusó a funcionarios de la Alcaldía por extorsión. Estas denuncias por maltrato, robo de pertenencias y chantajes exigiendo servicios sexuales no parece que vayan a prosperar.
Un indicio más de que Bolivia aún está en deuda con los derechos humanos de quienes ejercen el trabajo sexual.
En Bolivia, entre 2018 y el primer trimestre de 2021, hay casi 24 mil personas registradas como trabajadoras sexuales, según datos de un reciente informe de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, una investigación del 2020 en Cochabamba precisa que las trabajadoras sexuales representan una población migrante. Por lo tanto, es difícil delimitarla y saber cuántas personas, realmente, se dedican a esta actividad.
El mismo estudio precisa que el centro de salud de referencia, encargado de emitir el carnet de sanidad y realizar controles regulares a trabajadoras sexuales, cuenta con el catastro de 12,620 mujeres.
Este registro en Cochabamba comenzó en 1985 y no cuenta con un respaldo informático.
Extorsión, criminalización, vulnerabilidad
Del mismo modo, el informe Criminalización del trabajo sexual… asegura que la extorsión a las trabajadoras sexuales en todo el país “es recurrente”.
«Lamentablemente, los policías aprovechan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y en el momento del operativo les piden como gratificación y forma de pago que se les dé pieza (…) para no clausurar el lugar o no arrestarlas»
“Este accionar identificado en seis de los nueve departamentos, se constituye en una total vulneración a los derechos sexuales de las personas trabajadoras sexuales, quienes se verían obligadas a sostener relaciones sexuales con el personal policial o municipal, en días posteriores al operativo y en lugares ajenos al ambiente de trabajo”, concluye el reporte.
Damas de compañía y trabajadoras sexuales no cuentan con medidas de seguridad para trabajar y se ven constantemente criminalizadas, marginalizadas y violentadas.
«Hay arrestos por ocho horas, extorsiones y pagos ‘para no volver a cobrarnos’ o para dejarnos trabajar»
Este contexto deja a las trabajadoras sexuales en una situación de alta vulnerabilidad. El 18 de agosto, en Santa Cruz, una de ellas fue víctima de feminicidio en un local de la capital cruceña.
Violencia institucional
En el informe de la Defensoría del Pueblo se leen decenas de testimonios sobre violencia institucional sistemática. Los testimonios señalan a policías, funcionarios públicos y hasta dirigentes vecinales.
«Las mujeres policías entran a los cuartos, no respetan su privacidad de las personas trabajadoras (…). Además ingresan en los operativos civiles sin autorización, como los presidentes de barrio, los cuales no deberían entrar, llevan a la prensa y les filman…»
Hace un mes, la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex) denunció al intendente municipal, funcionarios públicos y del Hospital de Ivirgarzama por vulneraciones a los derechos humanos de sus compañeras.
Los señalan por el estigma y discriminación que sufren las trabajadoras sexuales del municipio de Puerto Villaroel en Cochabamba.
La denuncia escrita expone soborno y abuso de autoridad cometidos por el intendente municipal, quien exigió un pago de aproximadamente tres dólares mensuales a cada una de las trabajadoras sexuales.
También, el Hospital de Ivirgarzama “impide el acceso a los controles de salud” con un sistema de registro deficiente. Los médicos ofrecen sellar el cartón de sanidad habilitante sin llevar a cabo la revisión médica.
Derecho a la salud
El informe defensorial evidenció que en Bolivia el trabajo sexual se encuentra «directa y erróneamente relacionado con la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual y del VIH».
Las normas vigentes “adoptaron un enfoque higienista o de control sanitario”. De modo que las personas trabajadoras sexuales se ven obligadas a realizarse exámenes periódicamente. Pero se tratan de controles rutinarios, violentos y estigmatizantes.
Ser reconocidas como mujeres más allá de su trabajo es uno de los principales reclamos de este sector. Exigen que sus cuerpos sean vistos en su integridad y no como objetos. Por eso piden un seguro de salud.
“Cuando nos revisan cada 15 días (antes), hoy por hoy es una vez al mes, nos ven solamente ‘esa parte’ de nuestro cuerpo», denuncia Liz.
Ella es trabajadora sexual y exige un enfoque integral respecto a su derecho a la salud.
En Bolivia, las trabajadoras sexuales que se dediquen a esta actividad deben portar un carnet sanitario. También deben estar inscritas en los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de cada departamento. Pero este registro tiene serias deficiencias.
Explotación sexual
El informe defensorial advierte que los registros de trabajadoras sexuales realizados por los gobiernos departamentales son deficientes. La falta de recopilación de información clave, como el género o la edad, «dificulta la elaboración de políticas públicas que beneficien al ejercicio de derechos de esta población».
Asimismo, apunta el documento, esta carencia de estándares en el registro y la mala calidad de la información podría fomentar o tolerar delitos en contra de niñas y adolescentes.
Como ejemplo, en los departamentos de Potosí y Beni las autoridades otorgaron una libreta de salud para trabajadoras sexuales a mujeres entre los 15 y 18 años. Pese a los datos, el reporte de la Defensoría del Pueblo no detalla investigaciones o acciones sobre estos hechos de explotación sexual de adolescentes.
Según la Declaración de Estocolmo de 1996, la explotación sexual comercial infantil es “una forma de coerción y violencia contra los niños (que) equivale al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de esclavitud”.
Una guía de orientación para la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación y el abuso sexuales resalta que «ninguna niña, niño o adolescente debe ser considerada/o, bajo ninguna circunstancia, con capacidad para consentir legalmente su propia explotación o abuso».
El mismo documento recomienda a los Estados que «tipifiquen todas las formas de explotación y abuso sexuales de niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años». Además, agregan que «consideren cualquier presunto ‘consentimiento’ a su explotación o abuso como nulo y carente de validez».
Una alianza nacional contra los abusos
“No tenemos un seguro médico y es lo primero que queremos lograr a nivel nacional”, comenta Liz quien también es una de las representantes de las trabajadoras sexuales en Bolivia.
Recientemente, las trabajadoras sexuales conformaron una alianza nacional llamada Por la Unificación de las Trabajadoras Sexuales Alevosas (PUTAS) junto al colectivo feminista Mujeres Creando.
Esa organización reúne a trabajadoras sexuales de cinco departamentos del país: Sucre, Oruro, Santa Cruz y La Paz. Pronto esperan llegar a más regiones.
Su principal meta es lograr que el Estado cree un seguro médico para el sector. “No tenemos el dinero suficiente para poder gastar en un médico, no tenemos un seguro que nos pueda ayudar”, explica Liz.
Si bien se someten a controles médicos estigmatizantes, obligatorios para ejercer su trabajo, el Estado no brinda ni una atención integral ni medicamentos en caso de que se necesite alguno.
En los últimos años, asegura Liz, incluso disminuyó la dotación de condones.
La pandemia
La pandemia afectó la situación económica de las trabajadoras sexuales en América Latina. Según ONUSIDA, la llegada de la COVID-19 ocasionó una “pérdida total de ingresos y una mayor discriminación y acoso».
Lo que no solo las afecta a ellas, sino a una gran cantidad de familias. Más del 90% de las trabajadoras sexuales de la región son jefas del hogar.
En Bolivia, según un informe defensorial de 2017 sobre la situación del trabajo sexual en Bolivia, quienes se dedican a este rubro “no son reconocidas dentro de una protección integral en materia de salud y laboral”.
Además, las trabajadoras sexuales están expuestas a situaciones de abuso por parte de los propietarios de los locales de prostitución, proxenetas y redes de trata.
Ante esta situación, para las trabajadoras sexuales, es imprescindible reivindicar sus derechos, especialmente en el acceso a salud, empleo, seguridad y una vida digna.
