Cementerios, morgues y hornos crematorios están cada día más desbordados. Se nos mueren en las casas y en las calles, sin atención médica. Quienes más sufren el colapso son lxs dolientes, como Milenka, que perdió a tres familiares en tres días, sin saber luego qué hacer con los cuerpos.
«¿Cómo les íbamos a a tener a mi papá y mi hermano en el patio?», pregunta con pesar Milenka Apaza. Tiene seis meses de embarazo y en los últimos días vio de frente el peor rostro de la COVID-19 en Bolivia. El 12 de julio murió su hermano, en la madrugada del 13, su padre, un día después, también falleció su tía.
El hogar de la familia Apaza tiene 15 integrantes, todos bajo el mismo techo. Viven el abandono de las autoridades en plena pandemia: pese a que vieron cómo se apagaba la vida de tres de ellos, nadie se acercó para tomarles muestras o evaluar su estado de salud. Por suerte, de momento y a primera vista, ninguno de ellos presenta signos o síntomas de alerta. No quieren ni pensar en otro entierro.
Milenka y los suyos viven en El Alto, en la salida hacia Viacha. Luego de sus pérdidas, no pudieron acceder a los servicios de cremación, como dicta el protocolo en casos COVID-19, en su municipio. Por eso se dieron modos para dar una despedida digna a sus seres queridos.
“Nos hemos prestado como 10 mil bolivianos, la funeraria tampoco nos iba a rebajar, pese a que eran tres cuerpos”, cuenta Milenka.
“Era mucho trámite y espera”, continúa. Sin embargo, esa no era la única dificultad. Para acceder a un cupo en el cementerio de La Paz recibieron la colaboración de un primo que vive en la sede de Gobierno, quien les «prestó» su dirección.
Como la familia Apaza, otras miles en el país deben conseguir bastante dinero e ingeniarse formas para despedir a quienes no soportaron los embates del nuevo coronavirus. Y la pandemia no parece dar tregua: solo el reciente jueves se recogieron 25 cuerpos, 17 de ellos con sospechas de haberse contagiado con el Sars-CoV-2.
Sin plata, sin opciones
Miguel Elías lleva 30 años en el rubro fúnebre. Creía que sabía todo del negocio, pero la pandemia lo puso de cabeza. Elías es el presidente de la Asociación de Funerarias del departamento de La Paz. En toda la región hay más de cien servicios de este tipo, pero solo 67 están afiliados y al menos 40 son clandestinos.
Entre las oficiales, solo tres tienen hornos crematorios: Santa María, Inmaculada Concepción y Valdivia . Sin embargo, esta última no ofrece los servicios de cremación en casos COVID-19, debido a la edad avanzada de los dueños. Una de sus trabajadoras explica que no quieren exponerse a la enfermedad.
Las otras dos funerarias privadas, antes de la pandemia, cobraban entre 10 y 12 mil bolivianos, ahora sus aranceles se reservan al conocimiento de los familiares de las victimas del virus pandémico, es decir, a quienes pueden pagar sus costos.
Este panorama complica aún más el problema de los decesos durante la pandemia: casi la mitad de los servicios se ofrecían a familias alteñas. Elías dice estar preocupado porque “El Alto no tiene morgue, horno crematorio, cementerio general. Hay funerarias clandestinas que guardan los cuerpos en sus autos”.
Los alteños cuentan con dos camposantos municipales: uno en la zona Mercedario, que cerró antes de la pandemia, y otro en Villa Ingenio, donde los vecinos se oponen al entierro de fallecidos por el nuevo coronavirus por temor a contagios. Pero, más que los reparos de los lugareños, la verdadera limitante con las precarias condiciones del cementerio, donde ni siquiera hay una oficina de administración.
La familia Apaza había pensado en Villa Ingenio como primera opción, pero la funeraria contratada les advirtió que no tenían acceso a esa necrópolis.
El protocolo para enterrar los cuerpos de personas fallecidas por complicaciones de la COVID-19, según información difundida por el ministerio de Salud, indica que el hospital tiene la responsabilidad de hacer el embolsado, la funeraria (contratada por la familia) se ocupa de volver a embolsar el cuerpo.
“La ley dice que del hospital directo al crematorio, pero está rebasado. Hay fila y esperamos hasta cuatro días en la lista. El problema es que no podemos cremar porque el hospital lo bota al fallecido y el familiar no sabe qué hacer. Las funerarias no tienen morgue. Ese cuerpo debería quedarse, pero el hospital se apoya en la norma que indica un lapso de tiempo de 12 horas”, explica con detalle Elías.
El principal representante de los funebreros en La Paz, con su oficio trastocado por la emergencia, cierra su análisis con un pedido:
“Por lo menos que la cúpula mayor se reúna y ubiquen un espacio para poder enterrar. Como no van a tener un terreno para la gente que no tiene plata. Tres metros bajo tierra dice la norma y eso podemos cumplir si (es que) no hay hornos crematorios”.
El Cuartel 201
El Cementerio General de La Paz aparece entonces como la alternativa.
Dependiente de la Alcaldía paceña, es la única necrópolis que tiene hornos crematorios públicos a un costo de 2,224 bolivianos. Sin embargo, su capacidad fue rebasada. Aunque el término no sea del agrado de las autoridades ediles, lo cierto es que hay “filas” para acceder a un nicho.
Ariel Conitzer, su administrador, nos cuenta que la capacidad de sus hornos es de ocho cuerpos por día, pudiendo llegar a un máximo de diez.
“La parte técnica tiene que ver con el peso, la constitución normal está entre 65 y 85 kilogramos que toma cuatro horas de cremación”.
Por seguridad, la forma de despedirse definitivamente de amigos y familiares ha cambiado radicalmente. Solo los diez familiares más allegados tienen permiso para entrar al entierro, si es que no accedieron a la cremación o si no contaban con el dinero para hacerlo. Cuando la persona fallecida fue víctima de la COVID-19, no hay opción.
En el cementerio habilitaron el Cuartel 201: un pabellón habilitado por la pandemia, que cuenta con 200 nichos. Pasados los primeros cuatro meses de la llegada de la COVID-19 al país, más de la mitad ya están ocupados.
“Ya no hacemos cremaciones de restos. El horno de 10 años fue refaccionado para poder atender los casos que llegan y el nuevo lo compramos el año pasado sin imaginar lo que venía”, explica Conitzer, quien además resalta que ninguno de los trabajadores del cementerio fue atacado por el virus.
Eso sí, cuando se hace una cremación no ingresa ningún familiar. Las cenizas se entregan por la misma puerta del área administrativa a los familiares o los responsables de las funerarias.
“Lo lógico es que si una persona falleció por COVID-19, sus familiares también tienen la enfermedad y queremos garantizar la atención durante toda la pandemia, por eso las restricciones”, termina explicando Conitzer.
Pero la prohibición más compleja llegó mucho antes, el 10 de julio, cuando el alcalde Luis Revilla dispuso restringir el uso del cementerio a familias de otros municipios, incluyendo la ciudad de El Alto. Pidió a los otros alcaldes y alcaldesas hacerse cargo de sus fallecidos.
Muertes más allá de la pandemia
Aunque hay funerarias en muchos barrios de la sede de Gobierno, en la zona Miraflores se concentran más de 30 en solo algunas calles. En uno de esos locales funciona la funeraria Arcangel, que no atiende casos COVID-19 y creen que eso también es importante.
“Otras enfermedades también matan y eso quién va a atender” dice uno de los trabajadores.
Estas funerarias, en vez de subir sus precios, los han bajado. Si antes el servicio completo era de 4,500 bolivianos hoy cobran 3,000.
“En la misa del cuerpo presente solo pueden estar en el salón 10 allegados. Otros se conectan por Zoom, pero eso ya depende de la familia. Lo grave es el recojo. Sea o no sea COVID tenemos que ir equipados. Algunos familiares nos mienten y por eso pedimos el certificado médico de defunción”, nos cuentan.
Eso mismo ocurre en el hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, donde tienen una morgue pequeña con capacidad para tres cuerpos. Producto de la crisis sanitaria, se han visto seis cadáveres en el patio del hospital. Las trabajadoras de Recursos Humanos de este centro médico denuncian la situación, porque sus oficinas están a dos pisos del patio y con las ventanas en esa dirección.
El caso de La Paz es una ilustración más de lo que ocurrió y aún sucede en Santa Cruz y Cochabamba donde las autoridades, incluidas las nacionales, tampoco han dado soluciones para prevenir las muertes. Según el IDIF, solo en estos tres departamentos, entre abril y julio, se recogieron los cuerpos de más de 2400 personas que murieron en sus casas o en las calles.
Tampoco parece haber interés en aliviar las preocupaciones de los dolientes. ¿Cómo y dónde dar descanso eterno a las víctimas de la improvisación y politización de la pandemia? Una más de tantas preguntas que deja la atropellada gestión de la pandemia en Bolivia.
