Conversamos con unx de lxs jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza que acusó a los gobiernos de Jeanine Áñez, Evo Morales y al agronegocio por el delito de ecocidio. Bolivia, su naturaleza, sigue en llamas.
“Siguen quemando porque aún no alcanzan su objetivo”, nos comenta Felicio Pontes, unx de lxs cuatro jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) que sentenció a los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez como culpables por el delito de ecocidio “contra la ecorregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia”provocado por la política de Estado y el agronegocio.
El fallo también apunta a las gobernaciones “de Santa Cruz y Beni; Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Asamblea Legislativa, (bancadas del oficialismo y oposición); Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental”. Además de extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”.
Pontes trabaja desde hace 22 años en la unidad de delitos contra la Amazonía y en defensa de los pueblos indígenas en su país. Aunque califica el fallo como histórico, ratifica que es solo un primer paso, el más importante para que se trace un nuevo camino.
“Bolivia tiene un paquete de leyes incendiarias. Los gobiernos locales están infestados de burocracia, porque cuando se dieron las alertas de los incendios esperaron a que las llaman avancen, mientras seguían sus procesos «normales», frente a una situación extraordinaria”.
Si alguien te dice que los incendios de 2019 en la Chiquitanía fueron accidentales, no le creas. Intereses económicos y políticos tienen mucho que ver. ¿Quieres saber más? Te presentamos algunas de las temibles "leyes del fuego". pic.twitter.com/aGgjKiLht1
— Cedib (@cedib_com) February 13, 2020
En 2019, Bolivia perdió 5.3 millones de hectáreas. La ruta hacia una recuperación de esos territorios es muy larga.
“Los beneficios (para los) privados no están logrados, por eso siguen quemando. El objetivo es transformar la Amazonía, Chiquitanía y Chaco en áreas de producción de ganado para exportar carne a China”, detalla el juez.
Esas actividades parecen insólitas. Cambiar un área tan diversa por áreas de ganadería ¿Cuán mezquinos pueden llegar a ser los “grandes señores” del agronegocio?
Como bien insiste Pontes, el fuego no se ha detenido, el país aún está en llamas.
La Fundación Solón realiza un monitoreo de los focos de calor en el país y desde inicios de este 2020 hasta el 31 de Julio se han registrado 60.490 incendios.
El 2019, en ese mismo periodo de tiempo, se registraron 51,394 focos de calor. Hay un incremento del 17%.
El fallo del Tribunal no detiene las llamas de fuego, es cierto, pero señala a los responsables. La siguiente tarea es apuntarlos a todos, con nombres y apellidos, para seguirles los procesos que corresponden por los atentados en contra de la naturaleza.
El TIDN también solicitó que el decreto supremo 3973 sea abrogado.
Pontes resalta que el veredicto también apunta como responsables a las instituciones empresariales de la ganadería y agroindustria.
“Lo que pasó el año pasado no fue un accidente causado por la crisis climática, fue una acción humana desde el Gobierno central, locales y las empresas del agronegocio”, dice Pontes.
En la reciente sentencia no se incluyen los nombres de esas empresas. Sin embargo, es bien sabido quiénes son los dueños de los monopolios en nuestro país.
En tres días de audiencia, los demandantes del caso presentaron diferentes pruebas. La primera en ser expuesta fue la del daño provocado al área protegida de Tucabaca. Muchas de las especies eran endémicas y los daños ocasionados por las llamas se catalogaron como irreparables. Todavía preparan un documento final para indicar, con respaldo científico, cómo fueron afectadas la fauna y flora en esa región.
La segunda exposición estuvo a cargo del Gobierno Autónomo Indígena de Ñembi Guasu. La tercera a cargo de la Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas y la última por la Organización Indígena Chiquitana.
En el segundo día de audiencia se presentaron otras cinco pruebas: daño en los municipios de la Chiquitanía, diagnóstico de la Central Indígena de Comunidades Indígenas de Lomerío, afectación a los ecositemas y áreas protegidas y, por último, testimonios de voluntarios Bomberos, como unidad independiente, que pudo constatar la burocracia que impidió atender con prontitud la emergencia.
