En estos tiempos de campaƱas polĆticas permanentes, es muy fĆ”cil perder de vista cuĆ”les son las prioridades ambientales y ecolĆ³gicas. ĀæCĆ³mo se genera la agenda pĆŗblica ambiental 2021, cĆ³mo se proyecta en escenarios post COVID-19?
Las propuestas polĆticas y el debate actual en la agenda pĆŗblica ambiental giran en torno a una problematizaciĆ³n simplificada que opaca dimensiones socioeconĆ³micas complejas. Esas son, precisamente, aquellas que deben ser abordadas con urgencia este 2021.
Durante las elecciones subnacionales, hubo propuestas para todos los gustos. Algunas, incluso, muy atractivas para lxs votantes. Tuvimos la promesa liberal/emprendedora de āātransformar la basura en dineroāā, unas mĆ”s retĆ³ricas (del tipo āāadiĆ³s al extractivismoāā) y otras que apelaron a una nociĆ³n de mano dura: āāimponer autoridadāā en las Ć”reas protegidas.
Desde luego, ninguna de ellas contaba con un plan concreto, presupuesto ni metas.
Por un lado, dada la variedad de problemĆ”ticas que existen bajo la agenda ambiental y la complejidad de cada una de ellas, es difĆcil resolver los dilemas sobre quĆ© tema es mĆ”s importante y, sobre todo, cĆ³mo resolverlo mĆ”s allĆ” de la retĆ³rica.
La superposiciĆ³n de problemĆ”ticas ambientales no resueltas āa diferentes escalas y a veces en el contexto de crisis socio-ambientales severasā hace que la agenda ambiental se centre en la oferta de polĆticas pĆŗblicas reaccionarias a las crisis. Estos contextos crĆticos, a su vez, crecen en magnitud y frecuencia, creando una especie de cĆrculo vicioso.
La Ćŗltima dĆ©cada
Desgraciadamente, pese a que esta dinĆ”mica no dio resultados positivos en la ultima dĆ©cada, la agenda ambiental pĆŗblica sigue manejĆ”ndose en los mismo tĆ©rminos.
Estos Ćŗltimos diez aƱos han estado marcados por sucesivas crisis de abastecimiento de agua en las mayores urbes del paĆs y la escalada de megaincendios. Entre 2019 y 2020, ambos tĆ³picos tuvieron amplia cobertura mediĆ”tica.
Por otro lado, la agenda pĆŗblica se genera en un contexto de falta de informaciĆ³n clave para el entendimiento de los aspectos controversiales de la gestiĆ³n ambiental y de las problemĆ”ticas ambientales en sĆ.
Se trata de una agenda pĆŗblica que se estructura con base en una narrativa tergiversadora de los actores pĆŗblicos, mucho mĆ”s propensos a ocultar informaciĆ³n y decir medias verdades.
Evidentemente, no se trata de caer en la nociĆ³n simplista de que mĆ”s informaciĆ³n y transparencia resuelven, per se, los problemas estructurales del modelo econĆ³mico extractivista y degradador del medioambiente en Bolivia.
Se trata de entender como la falta de informaciĆ³n, o la informaciĆ³n parcial, contribuyen a las narrativas socioambientales ādel sector pĆŗblico, privado y de la sociedad civilā y la agenda que promueven.
Entonces, ĀæquĆ© esta fallando en la problematizaciĆ³n social de la agenda pĆŗblica del bosque y la deforestaciĆ³n en Bolivia? ĀæQuĆ© elementos son clave a la hora de discernir sobre quĆ© tipo de propuesta de polĆtica pĆŗblica tiene un potencial real de transformaciĆ³n?
ĀæCĆ³mo evitamos seguir enfrascados en una polĆtica pĆŗblica socioambiental poco efectiva, retĆ³rica y contraproducente?
āāEl que poco divulga, poco o nada informaāā
Para los actores que siguen este tema de cerca, desde hace aƱos es bastante evidente que el acceso a la informaciĆ³n sobre la situaciĆ³n y la gestiĆ³n pĆŗblica de los bosques se fue deteriorando.
A partir del conflicto por el TIPNIS, el Gobierno dejĆ³ de divulgar informaciĆ³n actualizada y de calidad sobre la deforestaciĆ³n en el paĆs. AdemĆ”s, presionĆ³ a las ONG ambientales, que generaban ese tipo de informaciĆ³n, para que cesen sus labores.
Es posible encontrar estudios nacionales sĆ³lidos sobre la deforestaciĆ³n en Bolivia previos al 2012. Luego, no hay mĆ”s que menciones en prensa sobre resultados que no son accesibles al pĆŗblico y que, habitualmente, llegan a destiempo. Incluso aƱos despuĆ©s de los hechos que reportan.
Si bien ahora existen iniciativas globales, como el Global Forest Watch o MAAP Ā āque realizan ese tipo de ejercicios y contrarrestan la presiĆ³n a nivel nacional y la ausencia de divulgaciĆ³nā, sus datos no son ampliamente difundidos en el paĆs.
AdemĆ”s, carecen de algunos matices clave que solo la institucionalidad pĆŗblica podrĆa proveer.
En suma, en el caso de la deforestaciĆ³n, no existe ninguna serie de datos oficiales a los que la poblaciĆ³n pueda acudir para entender la tendencia y los resultados de las polĆticas pĆŗblicas. Ni siquiera cuando, al dĆa de hoy, existen datos actualizados hasta finales de 2020 (gracias a las iniciativas globales mencionadas antes).
ĀæQuiĆ©nes ocupan y deforestan las Ć”reas forestales?
MĆ”s grave aĆŗn es que los datos sobre la distribuciĆ³n y la tenencia de la tierra de las Ć”reas forestales incendiadas y deforestadas āo la informaciĆ³n sobre la proporciĆ³n y localizaciĆ³n de las ocupaciones ilegalesā no son de acceso pĆŗblico.
Asimismo, se evita un debate real, basado en datos, sobre quiĆ©nes son los actores que generan esta deforestaciĆ³n, a quiĆ©n pertenece la tierra y cuĆ”les son sus objetivos. Estos dos vacĆos de informaciĆ³n generan concepciones errĆ³neas en la opiniĆ³n pĆŗblica, que son aprovechadas por las autoridades.
Como lo indica un estudio reciente, la deforestaciĆ³n en Bolivia generĆ³ en cinco aƱos (2013 a 2018) un cambio de uso de suelo de Ć”reas forestales de mĆ”s de 750,000 hectĆ”reas (el equivalente a mĆ”s de dos veces la superficie de Santa Cruz de la Sierra). El 77% de estos terrenos fueron destinadas al uso agropecuario.
Esta expansiĆ³n de tierras agrĆcolas se realizĆ³ a favor del sector soyero y ganadero.
Grandes empresas y empresarios son quienes tienen el control de las mayores extensiones de tierra. No pasa lo mismo con pequeƱos productores o colonos, como dio a entender la narrativa promovida por el sector del agronegocio en 2019, a travƩs de Luis Fernando Camacho, uno de sus portavoces.
De hecho, datos de la Autoridad de FiscalizaciĆ³n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) indican que para el 2019 el 63% de las autorizaciones para deforestaciĆ³n fueron otorgadas a favor de operarios privados y solo el 30% a favor de campesinos.
En otras palabras, la falta de informaciĆ³n le permitiĆ³ al agronegocio hacer de los colonos y pequeƱos productores de soya el chivo expiatorio de los incendios y la deforestaciĆ³n, cuando en realidad ellos fueron los mayores beneficiarios de la expansiĆ³n de la frontera agrĆcola.
De igual forma, considerando que mĆ”s del 50% de los desmontes se realizaron de forma ilegal y que la deforestaciĆ³n se incrementĆ³, queda claro que la ABT no cuenta con la voluntad polĆtica, los instrumentos, ni los recursos para asumir una tarea de esa magnitud.
Las Ā«sancionesĀ»
El monto de las sanciones econĆ³micas por quema ilegal emitidas por la ABT es extremadamente bajo. Su tope es de aproximadamente 230 bolivianos (100 UFV) por hectĆ”rea para empresarios y 46 bolivianos (20 UFV) por hectĆ”rea para los pequeƱos productores agrĆcolas o pecuarios.
AdemĆ”s, en agosto 2019, en medio de los megaincendios en la ChiquitanĆa, la ABT llevĆ³ adelante un descuento en las sanciones monetarias. Esta ārebajaā oscilĆ³ entre el 20% y 60% del total.
Ese aƱo, la ABT realizĆ³ solo 459 inspecciones por quema ilegal o desmonte. Una cifra irrisoria frente los 6.4 millones de hectĆ”reas (el equivalente a la superficie de todo Pando) arrasados por los incendios forestales y la pĆ©rdida de unas 850,000 hectĆ”reas de cobertura boscosa, como indica la misma instituciĆ³n.
A raĆz de esas inspecciones, la ABT inicio 39 procesos por quema ilegal y 317 por desmonte ilegal. En el mediano plazo, entre 2013 y 2018, la ABT regularizĆ³ un total de 1.62 millones de hectĆ”reas que fueron desmontadas ilegalmente.
Los intereses del sector privado y del Estado parecen estar alineados a favor de la deforestaciĆ³n. Incluso puede percibirse un āesmeroā por ayudar a los privados a evadir sanciones. Esta actitud deja dudas razonables sobre la prevalencia de la corrupciĆ³n en dicha reparticiĆ³n pĆŗblica.
Del dicho al hecho
Queda claro que mĆ”s normas no enmarcadas en una polĆtica pĆŗblica sostenida y voluntariosa, sin los recursos necesarios para su implementaciĆ³n, no son una soluciĆ³n.
Por otra parte, incluso si la ABT contara con la capacidad de implementaciĆ³n de las normas que impiden la deforestaciĆ³n, existen varias evasivas legales para los que infringen dichas normas. En el peor de los casos, las sanciones son tan bajas que no logran disuadir a los mayores responsables de la deforestaciĆ³n.
No se trata, entonces, de un problema normativo, sino mĆ”s bien de una carencia de polĆticas pĆŗblicas.
Una polĆtica publica, en este caso, se constituirĆa entre otros por un trabajo efectivo, escalable y coordinado de la ABT, a travĆ©s de subsidios y lĆneas de crĆ©ditos que incentiven la no deforestaciĆ³n. Actualmente, se aplica la lĆ³gica contraria. AdemĆ”s, es necesaria una divulgaciĆ³n transparente, que permita el control social.
Desde luego, tambiĆ©n existen normas que favorecen la deforestaciĆ³n. Un ejemplo es el paquete de normas que fueron bautizadas como āāincendiariasāā y cuya abrogaciĆ³n debe ser urgente.
A pesar de que en la Ćŗltima dĆ©cada el Gobierno optĆ³ por el desarrollo de normas ambientales, con retĆ³ricas ecologistas de apariencia radical, su implementaciĆ³n ha sido prĆ”cticamente inexistente.
Son, sobre todo, normas simbĆ³licas. Como la Ley Marco de la Madre Tierra Y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, aprobada en el 2012. Casi diez aƱos despuĆ©s, esta ley carece de una reglamentaciĆ³n para su implementaciĆ³n. Sin embargo, fue presentada ante las Naciones Unidas como un avance histĆ³rico mundial.
Se trata de una polĆtica pĆŗblica de āāgreenwashingāā. En otras palabras, promueven una imagen ambiental abusiva: una ley sin partes operativas es una ley que promueve el status quo. En este caso, como ejemplo, esto significa no hacer nada nuevo en contra de la deforestaciĆ³n.
Este 2021, no necesitamos mĆ”s leyes simbĆ³licas, que carecen de instrumentos operativos. Si hay algo que se puede mejorar es el presupuesto para las instituciones existentes y reglamentos para las leyes vigentes, para acelerar su implementaciĆ³n.
Sin caer en trampas retĆ³ricas, cabe apuntar que la problemĆ”tica de la deforestaciĆ³n se resuelve solo con un cambio del modelo de desarrollo agropecuario del paĆs, que goza de un Estado y de acceso a mercados internacionales complacientes y cĆ³mplices.
EstĆ” claro: si los actores que generan deforestaciĆ³n no sufren un ādesincentivoā econĆ³mico real, nunca van a dejar de recurrir a la deforestaciĆ³n (ya sea ilegal o legal).
ĀæHay alternativas?
En ese sentido, hay innovaciones menores en la gestiĆ³n pĆŗblica que se pueden llevar adelante.
Una de ellas es la implementaciĆ³n de leyes de ādebida diligenciaā. Estas normas pasan a las empresas exportadoras la responsabilidad de demostrar y verificar que los productos agropecuarios que pretenden enviar al mercado internacional son producidos en zonas no asociadas a deforestaciĆ³n.
La regiĆ³n brasileƱa de la AmazonĆa, desde 2006, aplicĆ³ una iniciativa similar en la que, mediante una moratoria para la soya asociada a deforestaciĆ³n y polĆticas pĆŗblicas complementarias. Con estas medidas se logrĆ³ evitar, en la primera dĆ©cada, entre 9,000 y 27,000 kilĆ³metros cuadrados de deforestaciĆ³n.
Sin embargo, estas normas no fueron suficientes frente al cambio en la polĆtica publica forestal y agropecuaria operado por Bolsonaro aƱos despuĆ©s.
La tergiversaciĆ³n de la realidad en torno a la problemĆ”tica de los bosques bolivianos es posible debido a la falta de divulgaciĆ³n de informaciĆ³n pĆŗblica. Esta falta de transparencia promueve una gestiĆ³n pĆŗblica deficiente y negligente.
No se trata de un problema exclusivo de la deforestaciĆ³n, el mismo ejercicio puede realizarse para la gestiĆ³n del agua y/o del cambio climĆ”tico en el paĆs.
Es necesario construir, desde la ciudadanĆa, una mirada critica a la agenda ambiental de los actores pĆŗblicos y, sobre todo, exigir una mayor transparencia en el acceso a informaciĆ³n pĆŗblica.
En el Ć”mbito ambiental, no todos los esfuerzos suman. Muchas veces, una propuesta de agenda pĆŗblica deficiente o de āāgreenwashingāā no ayuda y empeora la situaciĆ³n, dejando la sensaciĆ³n de que todo lo posible ya estĆ” hecho.