Bolivia aún está muy lejos de alcanzar la meta global 90-90-90 para la erradicación de la epidemia del VIH/SIDA. Este objetivo está referido a concretar el 90% de diagnóstico, tratamiento y supresión viral en esta población.
En nuestro país casi la mitad de las personas que viven con VIH no recibe tratamiento y menos del 40% alcanzó la supresión viral.
En Bolivia hay 18,408 personas que viven con VIH. Casi la mitad de esta población no recibe tratamiento antirretroviral.
Esta información corresponde a datos de 2020, difundidos en el más reciente informe defensorial sobre la calidad de los servicios de tratamiento de las personas que viven con VIH en Bolivia.
Que el 46% de la población con VIH en Bolivia no reciba antirretrovirales prolonga la transmisión del virus y acorta su esperanza de vida. Además, demuestra un rezago en los objetivos globales contra esta epidemia.
En ciudades como Santa Cruz o Potosí, poco más de la mitad de la población con VIH no recibe tratamiento.
La meta planteada a nivel global para 2020, propuesta desde ONUSIDA, es la que se conoce como 90-90-90.
Es decir, que el 90% de la población con VIH conozca su diagnóstico, el 90% reciba terapia antirretroviral y el 90% alcance la supresión viral.
Esta es una manera eficaz de cortar la cadena de contagio. Algunos países ya alcanzaron este reto epidemiológico.
Según la OMS y ONUSIDA, en América Latina y el Caribe solo el 81% de las personas que viven con VIH han sido diagnosticadas, el 65% recibe tratamiento y el 60% alcanzó a suprimir la carga viral.
En Bolivia, este último indicador es aún más desalentador: menos del 40% de esta población alcanzó la supresión viral.
Pérdida del programa VIH/SIDA en Bolivia
En Bolivia, el tratamiento antirretroviral es gratuito desde el 2007 y está garantizado por la Ley 3729, un logro de lxs activistas y personas con VIH.
Sin embargo, el pasado 1 de diciembre la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH-Sida (RedBol) denunció la fusión de su programa específico de salud con el de enfermedades infectocontagiosas.
“Nosotros planteamos el amparo constitucional contra el Ministerio de Salud porque no nos ha facilitado la información correspondiente de manera oportuna”, comentó Virginia Hilaquita, presidenta nacional de RedBol.
Actualmente, el componente VIH del programa de enfermedades infectocontagiosas solo cuenta con dos personas trabajando. O lo que es igual, un funcionario por cada nueve mil personas con VIH.
“Va a funcionar (la fusión) por un año. Nos han dicho ‘dennos el beneficio de la duda’, los estamos dejando. Pero sabemos qué no está funcionando bien”, afirma Virginia.
Como antecedente, el 2020 el Estado boliviano transfirió 300 mil dólares de los fondos de subvención del programa nacional para personas seropositivas a la atención del COVID-19.
En esa ocasión, la transferencia de recursos también se realizó sin socializar sus alcances a la población afectada.
Diagnóstico tardío del VIH en Bolivia
El diagnóstico tardío influye, principalmente, en que el contagio con el VIH alcance el SIDA, la etapa final de la infección con este virus.
En 2016 un estudio publicado en la Gaceta Médica Boliviana analizó 121 historias clínicas en Cochabamba y descubrió que el 65% de los diagnósticos eran tardíos.
Las personas llegaban a los hospitales en la etapa del SIDA y con el sistema inmunológico tan dañado que ya presentaban otras enfermedades oportunistas como la tuberculosis.
Según este estudio local, las personas —e incluso el personal médico de los centros analizados— tenían información insuficiente del virus y sus formas de transmisión.
Otro estudio, realizado en La Paz entre 2016 y 2019, corroboró que la mayoría de los infectados eran varones con una edad promedio de 35 años. Al igual que en Cochabamba, recibían su diagnóstico en una fase tardía de la infección.
“Ya no depende de los insumos para realizar diagnósticos, sino de la información que tengan las personas”, dice Jhomel Garay, responsable del servicio de salud del Instituto para el Desarrollo Humano (IDH) Bolivia.
“Al no tener una adecuada información muchas personas tienen comportamientos de riesgo”.
Profilaxis de pre y posexposición
La profilaxis de pre y posexposición son medicamentos que se ingieren antes o después de la exposición al VIH. Su objetivo es evitar la transmisión del virus.
La profilaxis de prexposición (PrEP) se consume en dosis diarias en personas que pertenecen a grupos epidemiológicos de riesgo (hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas trans, parejas serodiscordantes) y previene la transmisión del VIH hasta en un 99%.
La profilaxis de posexposición o PEP se inicia dentro de las primeras 72 horas de una posible exposición al VIH. Consiste en la ingesta de medicamentos por 28 días y su uso es de emergencia.
Ambas formas de profilaxis son parte de la prevención combinada del VIH. Es decir, el uso en conjunto de preservativos, profilaxis, adherencia a la terapia antirretroviral y la circuncisión médica masculina voluntaria.
La prevención combinada ha demostrado su eficacia en Burkina Faso, Suazilandia, Nepal, Países Bajos, Tailandia, Vietnam y Zimbabue.
“En Bolivia la profilaxis prexposición no está dentro de la normativa todavía. Mientras que la profilaxis postexposición está dentro de la normativa nacional y cubre al personal de salud cuando ocurre un accidente y personas que viven violencia sexual”, detalla Jhomel Garay.
En casos de accidente sexual de particulares (ruptura del preservativo), el IDH también proporciona la PEP, pero tiene un costo para la persona afectada. De momento la institución solo ofrece este servicio en Cochabamba.
La descentralización pendiente
Según la evaluación de los servicios de tratamiento a las personas que viven con VIH-SIDA de la Defensoría del Pueblo, en Bolivia hay 111 establecimientos que dispensan terapia antirretroviral.
Santa Cruz concentra la mayoría de los casos de VIH en el país y cuenta con 86 de los 111 establecimientos.
Los 25 restantes están distribuidos mayoritariamente en los centros urbanos de los otros departamentos.
La Paz, que cuenta con la segunda mayor cantidad de casos positivos, tiene tres establecimientos repartidos entre las ciudades de La Paz y El Alto. Cochabamba, que ocupa el tercer lugar, tiene cuatro. Tres de ellos están en el área metropolitana.
“No existe la cantidad necesaria de centros desconcentrados (en zonas periféricas o rurales), por lo tanto la gente no tiene acceso fácil a un servicio de salud cercano», acota Jhomel Garay
En contraste, el representante del SEDES en Cochabamba, Freddy Zambrana, informó a medios locales que el 30% de los nuevos casos de 2021 fueron diagnosticados en el área rural.
La centralización dificulta la adherencia al tratamiento de las personas que viven fuera de la ciudad y que deben viajar mensualmente para recibir sus antirretrovirales.
La pandemia y el retroceso
El Ministerio de Salud y Deportes identificó que en 2020 hubo una baja significativa en el registro de nuevos casos de VIH. Esta caída coincidió con el inicio de la cuarentena y la falta de vigilancia epidemiológica.
Lo que también incidió en el desabastecimiento de antirretrovirales, poniendo en riesgo a las personas que viven con VIH.
“Sabemos que cuando dejamos de tomar el tratamiento antirretroviral podemos hacer resistencia. Cuando en Bolivia no tenemos muchos medicamentos, es (preocupante) el tema de ‘quemar’ los esquemas (al interrumpir los tratamientos de primera y segunda línea)”, acota Virginia Hilaquita.
Los tratamientos de primera línea son los medicamentos utilizados preferentemente ante un nuevo diagnóstico de VIH. Cuando no hay adherencia o el tratamiento no está funcionando se pasa a un esquema de segunda línea con otros fármacos.
Bolivia es de los países de la región que más nuevos casos de VIH registra anualmente.
La educación sexual conservadora, la falta de normativa para implementar profilaxis de pre exposición y la centralización de los centros VIH, son algunos de los factores que explican este dato.
El VIH es prevenible, pero aún así se transmite. Podría no ocasionar más muertes pero todavía hay decesos cada año. Hace falta la voluntad política para informar y normar.
Se debe facilitar el tratamiento de miles de bolivianos que necesitan de medidas combinadas de prevención e infraestructura accesible en todo el país.
