Una demanda histórica del feminismo argentino podría conseguir hoy su aprobación en el Senado. Pero la lucha por un acceso legal, seguro y gratuito al aborto, después de 35 años, no se agota con una sanción legislativa. ¿Qué viene después? Garantizar el cumplimiento de la ley para todas, sin distinciones.
Este 29 de diciembre en el Senado de la nación Argentina será el epicentro de la jornada feminista más esperada de esta década y por la cual se lucha desde hace 35 años. Los últimos 15 impulsados sobre todo, aunque no exclusivamente, por la Campaña Nacional por el Aborto, Seguro y Gratuito.
En 2018 se llegó a esta misma instancia. Ahora la disputa por la ampliación de los derechos de las personas gestantes vuelve al Congreso, para poner a prueba a los políticos argentinos y sus promesas. En las calles porteñas se siente como si el aborto ya estuviese despenalizado.
Pero Argentina no es solo Buenos Aires. Al ser un país federal los presupuestos para la salud dependen en gran medida de las provincias. Si bien la marea verde está presente en todo el territorio nacional, hay lugares donde el personal médico objetor de conciencia es una regla con muy pocas excepciones.
Entonces, si se aprueba la ley no significa que, al día siguiente, el derecho estará plenamente garantizado. El siguiente paso, luego de la aprobación, es la reglamentación en el poder Ejecutivo y es ahí donde se tienen que ver los pormenores de la implementación en los centros médicos de todos el territorio argentino.
¿Cómo funciona entonces la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) una vez aprobada?
En esta entrevista con la economista y docente Candelaria Botto, coordinadora de la asociación civil Economía Feminista en Argentina, te contamos la otra arista que hay que tener en cuenta cuando hablamos de IVE: el dinero.
“No creo que sea lo más adecuado hablar de dinero cuando hablamos de derechos humanos básicos, pero es importante tener en cuenta que los abortos ya suceden, siempre sucedían y seguirán sucediendo. Cuando se hacen de manera insegura el Estado tiene un gasto público que, si fuese hecho de manera segura, podría incluso ahorrar”, aclara Candelaria, quien también es comunicadora.
Argentina tiene un sistema de salud público, en el que cualquiera puede acceder a atención sanitaria de manera gratuita.
De la misma manera en la que un hombre se lastima un tendón al jugar fútbol y termina en el hospital, llegan mujeres que, al complicarse su salud por un aborto inseguro, pueden llegar hasta a internarse, con el riesgo, claro, de perder su libertad.
“Si el estado garantiza el uso del misoprostol, que es una droga de una producción más barata, solo se necesita a una doctora que tenga en observación a la paciente”, explica Candelaria y señala que así habría abortado, de manera segura, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
¿Por qué en el hospital?
Y puede ser también en cualquier lugar, porque no solo se está hablando de la despenalización, sino de la legalización de las decisiones sobre el cuerpo. Pero es importante hablar del hospital, pues si bien existen grupos de acompañamiento para realizar abortos, encontrar un hospital público no solo es más fácil, sino que los insumos son provistos por el Estado.
En Argentina un aborto clandestino puede llegar a costar mil dólares, esto lo convierte en un negocio para quienes aprovechan la vulnerabilidad de muchas mujeres. Pero no cualquiera puede conseguir ese monto de dinero, por eso se dice que mientras “las ricas abortan, las pobres mueren”: la cuestión de clase pesa al momento, incluso, de tener el contacto con algún médico.
¿Qué se hace con la plata?
“La ley tiene la media sanción de diputados, ahora tiene que triunfar en el Senado y luego lo tiene que reglamentar el poder Ejecutivo. Allí se regulan los detalles más concretos de cómo se va a efectivizar esa ley y luego tiene que llevarse a cabo en el sistema de salud”, detalla Candelaria.
La docente hace hincapié en que no es que haya que aumentar un presupuesto al sector Salud, porque en la actualidad ya se gasta dinero en curar los abortos mal realizados, solo se debe garantizar el acceso adecuado y la formación de los médicos para que puedan dar respuestas a estas prestaciones.
“Para pensar de una manera más eficiente, en el reglamento hay que pensar en la incorporación del acceso al misoprostol al plan médico gratuito, que es un plan médico obligatorio en el que todas las obras sociales y prepagas (seguros de salud), en Argentina, por ley, tienen que proveer”, explica Candelaria.
Es que el «lado b» de las políticas públicas es que, si bien tienen más peso y son más relevantes sus aspectos sociales, sin un presupuesto adecuado no se puede garantizar el funcionamiento de las leyes y la legislación de papel, pues, no sirve para nada. Para que se convierta en una realidad palpable se necesitan recursos para garantizar su implementación.
“Con todo el crecimiento de la marea verde también hubo, como con cualquier otro movimiento emancipatorio, una reacción en la sociedad, del status quo, para mantener las cosas como están; aunque esas cosas como están involucren injusticias para grupos determinados”, detalla Candelaria y asegura que, desde 2018, el sector antiderechos tiene mayor financiamiento, tanto de agrupaciones internacionales como «Con mis hijos no te metas», que viene tanto de sectores católicos como evangelistas.
El Estado también los financia, de alguna forma, a través de extensiones, presupuestos a subsidios de la educación privada confesional: toda una estructura ultracatólica que, luego, se evidencia en la presión que hacen para que salga o no salga determinada ley.
Es el mismo sector que está en contra de la Educación Sexual Integral (ESI), motivo suficiente para una próxima disputa en esta misma línea: la separación de Iglesia y Estado, para la conformación de un Estado Laico.
“Nosotras esperábamos que esto fuese antes y que no lleguemos al 29 diciembre, porque también hay un reclamo que incluso con la cuarentena y la pandemia las mujeres seguimos abortando”, concluye la economista y apunta a que esto era no solo un compromiso del presidente Alberto Fernández cuando asumió el poder, sino el compromiso de muchas feministas que asumieron cargos dentro del Gobierno.
Y si no es ley hoy, pronto lo será.
