Durante los primeros meses de la cuarentena algunos municipios, arrastrados por una retórica belicista, decidieron gastar siete veces más en la alimentación de un policía o militar que en una persona de los sectores más empobrecidos. ¡No estamos en guerra, vivimos una emergencia sanitaria!
No tiene más de 13 años y vive en el otro extremo de la ciudad. En medio de la pandemia y sorteando cuarentenas de todo tipo, atraviesa Cochabamba en bicicleta de extremo a extremo. En su familia son cinco, es el menor de los varones y junto a otro de sus hermanos recorren la ciudad todos los días vendiendo helados en pleno invierno. Viven en inmediaciones del popular mercado de la Cancha. Su familia, como otras miles en el país, vive al día y con mucho esfuerzo. Como muchos otros hogares, el suyo tampoco recibió las canastas familiares promocionadas por la Alcaldía para paliar los efectos del confinamiento, pese a sus necesidades.
Para llegar hasta la zona noroeste atraviesan a diario al menos uno de los puentes que desde hace meses están vigilados por policías y militares. Ellos también trabajan en primera línea, pero, a diferencia del joven heladero, sí reciben un sueldo mensual del Estado, los municipios cubren los costos de su alimentación diaria y, en algunos casos, también debieron ocuparse de los gastos de su movilización y despliegue.
En ese contexto, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, protagonizó en abril un nuevo escándalo en el que se acusó a su gestión por irregularidades en el proceso de contratación de 34,890 raciones de comida para los efectivos de las fuerzas del orden movilizados para “luchar” contra el coronavirus durante 15 días. El costo total, según consta en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), fue de 488,000 bolivianos. Se trataba de 2326 platos, divididas en dos entregas. Dos comidas diarias.
Dos comidas diarias que el joven que ofrece helados con precios que van de los dos a los cinco bolivianos no puede garantizar de ninguna manera.
Dos comidas al día que tampoco podrían prepararse por más de una semana con los artículos que formaron parte de las canastas entregadas, según información oficial, a más de 49 mil familias cochabambinas, desde la primera semana de mayo.
El costo total total de las canastas fue de 9,761,400 bolivianos, 20 veces más la cantidad que se destinó para alimentar durante 15 días a más de 2 mil policías y militares. Sin embargo, en el caso de las canastas familiares, la inversión por día y persona, en una familia de cinco integrantes y en el mismo lapso de tiempo, es de tan solo dos bolivianos con sesenta centavos. En cambio, cada oficial de la Policía o el Ejército recibió un ración de 14 bolivianos.
Si extendemos el cálculo a los más de 90 días que pasaron desde la entrega de estos paquetes, la inversión en la alimentación de la población civil más vulnerable se reduce a poco menos de cincuenta centavos.
Medio boliviano frente a los 28 pesos diarios que se gastaron en la doble ración que sirvió para la alimentación del personal de las fuerzas del orden movilizado masivamente durante los primeros meses de la emergencia sanitaria en el país bajo el pretexto de «aplanar la curva».
Según las estimaciones de la Alcaldía de Cochabamba, el 25% de las familias cochabambinas recibió la canasta familiar, cada uno de estos paquetes cuenta con solo seis productos. A criterio de José María Leyes, son los “alimentos básicos de la dieta cochabambina”: 4 litros y medio de aceite, cinco kilos de arroz, cinco kilos de azúcar, cuatro kilos de fideo, un kilo de lenteja, un kilo de quinua y cinco kilos de harina.
En promedio, una persona necesita 100 gramos de arroz como guarnición, considerando solo una comida por día. En una familia de cinco integrantes, esto representa 500 gramos por día. Los cinco kilos entregados por Leyes solo alcanzarían para cubrir una semana y media. En el caso de la quinua, o la lenteja, el suministro de las canastas no abastecería para más de dos jornadas. Han pasado tres meses desde el lanzamiento de esta medida «solidaria».
En cambio, el menú «policíaco militar», en el que sí se incluyó algo más que fideo o arroz, garantizaba una alimentación por 15 días, con platos como majadito, pollo dorado con arroz, arroz chaufa, pollo a la mostaza, tallarín con carne y revuelto de carne.
El lanzamiento de esta distribución de alimentos se realizó el 8 de mayo, cuando todo el departamento de Cochabamba tenía 90 casos confirmados de COVID-19. Al 2 de agosto, solo el municipio de Cercado se anota 5593 positivos. La crisis sanitaria y social se agrava, pero las respuestas de todos los niveles del Estado siguen siendo demasiado limitadas.
¿Y el desayuno escolar?
Tiene helados en cono, vasitos y “sándwich”. Hay días en los que las ventas no alcanzan para mucho, pero aun así repite las rutas a diario: no tiene alternativa. Su subsistencia y la de su familia dependen de este esfuerzo. Últimamente la escuela es la última de sus preocupaciones, aunque en algunos momentos, dice, le gustaría poder contar con el desayuno escolar que recibía habitualmente en los recreos.
La distribución de la alimentación complementaria escolar está normada desde 2014 por la ley 622, que tiene por objetivo garantizar su implementación “con alimentos provenientes de la producción local en el marco del desarrollo integral para el Vivir Bien”. En ese marco, los gobiernos municipales tienen el deber, entre otras obligaciones, de “proveer y distribuir de forma permanente y adecuada los alimentos a (…) las unidades educativas de su jurisdicción, durante la gestión educativa”.
Con las escuelas cerradas como medida de prevención, ahora con el año escolar clausurado luego de una polémica y criticada decisión del Ministerio de Educación, muchos municipios decidieron o se vieron en la necesidad de reasignar los presupuestos del desayuno escolar a la compra de insumos básicos de la canasta familiar para los hogares más necesitados.
Es el caso de Oruro, donde decidieron instalar lo que su alcalde decidió llamar como “pulperías escolares”, para la distribución de las canastas de emergencia. Una figura similar se promovió en Sucre, donde a mediados de julio se anunció la entrega de 79 mil «canastas estudiantiles». En abril, en La Paz se tenía prevista la entrega de ocho mil paquetes con al menos nueve variedades de productos, siempre gracias a la reasignación de recursos del desayuno escolar. Municipios más pequeños como Monteagudo, en Chuquisaca, también optaron por la misma dinámica.
Sin embargo, en algunos casos, muchos de estos recursos aún no fueron ejecutados o no están siendo destinados a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar.
Miles de niños, niñas y jóvenes de inicial, primaria y secundaria reciben hoy su desayuno escolar, que comprende alimentos nutritivos y saludables en raciones sólidas y líquidas. Autoridades municipales garantizaron más de 170.000 raciones diarias en 360 unidades educativas. pic.twitter.com/Wk5XSMtCqT
— Alcaldía Cochabamba (@gam_cochabamba) February 3, 2020
En Cochabamba, antes del impacto de la emergencia sanitaria, unos 60 millones de bolivianos estaban destinados a garantizar la provisión diaria de desayuno escolar: la ración líquida por un costo de 38 millones, la sólida por 18 millones y las frutas por 5 millones.
No obstante, el dinero invertido para la distribución de alimentos a las familias más necesitadas solo representó un gasto de casi 10 millones de bolivianos, un 16% del dinero previsto para la alimentación escolar complementaria, poco menos del doble de lo que se pensaba pagar por la fruta diaria para 172 mil estudiantes durante la gestión 2020.
¿Qué sucedió en los principales municipios del eje?
En La Paz, su Alcaldía dispuso, entre finales de abril y mediadios de mayo, de 2,100,828 bolivianos para la alimentación de más cuatro mil policías y militares movilizados diariamente, con dos raciones por jornada en las que se incluyó dos bolsas de leche de 140 mililitros, dos paquetes de galletas de 30 gramos y miel en bolsas de 10 gramos para la mañana, además de dos yogures (de 120 mililitros), dos barras energéticas de 20 gramos y miel en la misma cantidad para la tarde.
Según las autoridades ediles, esta alimentación garantizaría el fortalecimiento «inmunológico» del personal desplegado para «combatir» al nuevo coronavirus. El 23 de abril, cuando se realizó la entrega pública de esta dotación, se aseguró que el gasto se prolongaría por el tiempo que llegue a durar la cuarentena. La sede de Gobierno es el municipio que más dinero le destinó a este fin.
En cuanto a las canastas familiares para «la atención a la necesidad social de la población con escasos recursos», se invirtió casi tres veces más (6,380,000 bolivianos), pero para un aproximado de 20 mil familias. Considerando que ambos presupuestos estén calculados para un mes, por cada 17 bolivianos gastados en un solo miembro de las fuerzas del orden, la Alcaldía paceña invirtió solo dos bolivianos en cada uno de los integrantes de una familia promedio de cinco personas. Ni siquiera entre todas alcanzaron a recibir lo que costó la alimentación de un uniformado.
La Alcaldía de El Alto invirtió casi 20 millones de bolivianos en el armado de más de 90 mil canastas familiares que fueron entregadas en sus 14 distritos. El gasto en la dotación de alimentos para policías y militares, desplegados para «supervisar» la cuarentena fue de 262,881 bolivianos, según afirmó Soledad Chapetón en reportes de prensa. Entre algunos de los artículos entregados al Comando Policial y las Fuerzas Armadas, se registran en el Sicoes 1400 unidades de pollo (con un costo unitario de 35 bolivianos) y 8,550 bolsas de leche fresca. Además, la lista se completa con lenteja, quinua y manteca. Para la ciudadanía en general la canasta se llenó con arroz, azúcar, fideo, harina y aceite.
En el caso de Santa Cruz de la Sierra, entre abril y mayo se contrataron 32,192 raciones alimenticias para «miembros de la Octava División» del Ejército que, según puede leerse en el Sicoes, realizaron «acciones de prevención y control emergente en la segunda ampliación dela cuarentena». El costo de esta comida superó los 480 mil bolivianos, 15 bolivianos por cada ración entregada.
En el caso de las canastas solidarias, en algunos casos fueron gestionadas por la Fundación Percy Fernández y, según informaron funcionarios ediles, se distribuyeron en los distritos «más pobres» de la capital cruceña. Aunque hubo el compromiso de una entrega semanal, al día de hoy no se tiene información oficial de si tuvieron continuidad ni se tiene información registrada en el Sicoes respecto a otras compras para este beneficio.
