Si el Gobierno de transición está realmente interesado en ahorrar e invertir en salud, ¿por qué el ministerio de Arturo Murillo, en los últimos meses, recibió 370 millones de bolivianos «extras», equivalentes a más de cinco veces el presupuesto anual de Culturas?
Muy Waso
Jeanine Áñez, con la afectación impostada que caracteriza sus mensajes presidenciales, anunció la noche del jueves cuatro de junio la reducción de tres ministerios: Culturas y Turismo, Deportes y Comunicación. El objetivo del Gobierno de transición sería ahorrar recursos para cuidar la economía de los bolivianos. Pero, ¿cuán significativo es este recorte? ¿Se trata solo de un anuncio demagógico y electoralista Ciñéndonos simplemente a la primera cartera, el «beneficio» es mínimo: 0,06% del Presupuesto General del Estado. Si hablamos de Deportes el resultado es aún más ínfimo.
«Un punto importante para la Economía es que el Gobierno sepa ahorrar», dijo Áñez, segundos antes de anunciar que Culturas y Deportes pasarían a depender del ministerio de Educación. «Todo el dinero que se ahorre con esta reducción irá para salud». Sin contar el caso de Comunicación, este ahorro presumido con el énfasis maternal de la Presidenta representa solo el 0,09% del presupuesto agregado en gastos sin proyectos.
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Un ahorro realmente útil, quizás, podría haber surgido de la reestructuración de los gastos en Gobierno y Defensa, que se cuentan en miles de millones y cuyos recursos se vienen inflando desde la anterior gestión gubernamental. En conjunto, ambos ministerios tienen asignados más de 7 mil millones de bolivianos en gastos sin proyectos. Adicionalmente, Defensa tiene otros 130 millones de bolivianos para proyectos de inversión.
Si ponemos todas estas cifras en perspectiva, el presupuesto que Áñez presume estar ahorrando para «cuidar la economía de los bolivianos», en Culturas y Deportes, es menos del 1% del que se despilfarra en los brazos represivos y oscuros de Gobierno y Defensa.
De los tres ministerios eliminados, el de Comunicación es el que mayor presupuesto tiene. Sin embargo, este gasto no representa ni el 2% de, nuevamente, Gobierno y Defensa. Entonces, ¿hablamos realmente de un ahorro o simplemente fue un anuncio con el ánimo de ganar aplausos? ¿Por qué no recortar gastos en la compra de armas e instrumentos represivos, por ejemplo?
Cultura no, violencia estatal sí
La mañana del mismo jueves, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo, con el autoritarismo militar que lo caracteriza, que firmaría «una y mil veces» contratos para equipar a las Fuerzas Armadas y la Policía con el paradójico fin de «pacificar» al país. La prepotencia de López tuvo lugar en una conferencia de prensa en la que se vio obligado a rendir cuentas sobre una posible compra irregular de 225 mil granadas de gas lacrimógeno, en la que se gastaron aproximadamente unos 56 millones de bolivianos, es decir el 86% del presupuesto anual del ministerio de Culturas.
No obstante, esa compra corresponde a un contexto anterior al de la crisis sanitaria. ¿Qué hay de nuevo en las prioridades presupuestarias del Gobierno de Áñez y compañía?
El 27 de febrero, ya con la pandemia encima y con pleno conocimiento de lo que venía, el Gabinete aprobó el decreto 4168, que viabilizó la asignación de 40 millones de bolivianos (cuatro millones más de lo asignado a Deportes para el 2020) para la compra de equipos antimotines. ¿El agravante? Estas compras se realizan bajo el manto forzado de una resolución del ministerio de Economía de «confidencialidad y reserva» en compras para los aparatos represivos del estado.
Según informó El Deber, la compra de estos equipos no fue registrada por el Ministerio de Gobierno en el SICOES.
Algo similar sucede con los 330 millones de bolivianos «extra» que se asignaron a la cartera de Arturo Murillo en plena pandemia y con los indicadores epidemiológicos en subida, con el supuesto fin de combatir el narcotráfico. Esta exorbitante cifra, que equivale a prácticamente cinco veces el presupuesto del ministerio de Culturas o diez veces el de Deportes, será administrada a discreción gracias a la misma resolución firmada por el ministro José Luis Parada.
El mensaje queda claro. La prioridad es construir un Estado militarizado y policial, donde la cultura y las expresiones de diversidad y disidencia no tengan lugar.
