En Tariquía, el 52% de la Reserva se encuentra comprometida para proyectos petroleros, pero una garrafa de gas cuesta el doble del precio oficial. Esta paradoja define la vida de quienes ahora son criminalizados por defender el lugar donde nacieron, trabajan y resisten.
Para los comunarios, Tariquía es su hogar: un territorio donde la vida corre al tiempo de las cosechas. Para las petroleras es un bloque potencial de explotación hidrocarburífero.
Entre los caminos de la reserva, las casas aparecen a intervalos amplios, rodeadas de sembradíos, árboles y animales que acompañan el día a día: caballos, gallinas, vacas, cerdos, abejas y aún más. Se siembra papa, se cosecha maní, se guarda maíz y se comparten mandarinas.
Temprano, Doña Nelly Coca sale a caballo por Chiquiaca, comunidad donde nació y que es parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Va a la casa de uno de sus tíos por manteca de cerdo. Al regresar, prepara el horno y la leña para hacer el pan. Mientras se cocina o se charla, siempre hay quien prepara un matecito: va de mano en mano, así lo hace rotar Don Andrés Miranda, mientras Doña Nelly amasa con fuerza.
Tariquía es biodiversidad, historia y conflicto latente. Se encuentra aproximadamente a 3 o 4 horas de distancia, en carro, desde el departamento de Tarija.
El tiempo avanza al ritmo de la lluvia y el “progreso” llega con maquinaria, proyectos de exploración y explotación y persecución judicial hacia quienes defienden la vida.
Criminalización de la defensa de Tariquía
Poco más de la mitad del territorio de Tariquía, 128,083 hectáreas (un tamaño similar al municipio de Cochabamba), están comprometidas con bloques petroleros, según estimaciones del CEDIB. Los bloques petroleros son áreas delimitadas y concedidas a empresas para su exploración y explotación.
En los últimos años hubo exploraciones, pruebas sísmicas y perforaciones. El rechazo comunitario a estas acciones se manifestó a través de votos resolutivos, marchas y cierre de carreteras para frenar el avance de YPFB y Petrobras.
Esta reacción comunitaria desató procesos de criminalización: quienes defienden a Tariquía, su hogar, son “procesados e imputados”.
El abogado de estos y estas defensoras, Roger Ibarra, señaló que YPFB y Petrobras presentaron una demanda en octubre de 2024. Entre los supuestos “delitos” que denuncian están impedir o estorbar la función pública y la libertad de trabajo, mediante vigilias y cortes de vías. Protestas que realizaron los comunarios en rechazo a las actividades de estas empresas.
En un país continuamente asediado por bloqueos de carreteras, estas acusaciones resultan, cuando menos, peculiares.
Previamente, las comunidades expresaron la negativa hacia los trabajos y estudios en el pozo exploratorio Domo Oso X3, y lo reiteraron en el pronunciamiento de la subcentral de Tariquía y otras 24 organizaciones.
De acuerdo con los primeros informes, un total de 29 personas fueron señaladas en la denuncia de YPFB y Petrobras. Este caso se expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de marzo de 2025, relatando el proceso de criminalización sistemática hacia estas 29 defensoras y defensores.
Pese a las medidas presentadas ante la CIDH, el pasado 29 de abril se emitió la imputación formal contra 12 de los procesados, quienes ahora enfrentan audiencias y posibles medidas cautelares. Entre ellos, Nelly Coca, Andrés Miranda y Eliceo Mendoza.
Sostener la vida en medio de un proceso judicial
Para Doña Nelly Coca, Chiquiaca es un lugar que representa su hogar y no solo una reserva de gas.
-¿Por qué procesados? – Se pregunta.
“Para nosotros es algo insólito, no te cabe en la cabeza, que nos tengan que procesar por defender algo. Por defender nuestro territorio, nuestra casa común.”
La convicción de doña Nelly se refleja en la fuerza con la que amasa o corta la leña mientras habla.
“Defender nuestra casa, nuestras tierras, porque estas tierras nos dan de comer a nosotros, no nos da el Gobierno. Y si nosotros no trabajamos, no comemos.”
Tariquia es un territorio de comunidades campesinas con sus vidas conectadas al monte.
Se trata de una zona de transición entre el Chaco Seco y los Andes húmedos y subandinos, con selvas tucumano-bolivianas, yungas y bosques montañosos húmedos. Un entorno clave por sus funciones ecológicas como la producción y purificación de agua de los ríos Bermejo y Tarija.
Don Andrés Miranda dice “siempre hay trabajo” y se va al potrero para terminar de sembrar sus papas.
A estas actividades del campo se suman los viajes para dar declaraciones o pasar por la cámara Gesell, como si hubiese cometido un grave delito.
Para ir a Tarija o a Entre Ríos, desde Tariquía solo hay transporte en tres horarios por día. Los asientos deben reservarse con anticipación.
“Tener que salir a la provincia, ante el fiscal, a dar testimonio o lo que quieran hacer con uno. Eso me quita tiempo, me perjudica”, cuenta Don Andrés, sin dejar de hacer sus labores del campo.
Tensiones respecto al «desarrollo»
Don Eliceo Mendoza atraviesa la misma situación. Destaca aquello que sostiene su lucha: “el apoyo de los compañeros, de la familia, que dicen: ‘no pasa nada’. Esa red de apoyo nos mantiene firmes, aunque no todos lo digan en público”.
En la cotidianidad de los defensores territoriales no siempre hay paz, pero la noche en que don Eliceo habla sobre su red de apoyo, los perros ladran, los grillos cantan y la familia se acompaña tomando té con pan y queso fresco.
Las tensiones, fracturas sociales y disputas internas ante estos proyectos ahora son parte de Chiquiaca.
– Nunca tuvimos problemas del tipo: ‘¿por qué vos apoyás a la petrolera?’ o ‘¿por qué yo estoy en contra?’ El ‘progreso’ hace que ahora seamos más individualistas (…) más egoístas. Cada uno vela por su bolsillo, por su interés personal, por la idea de que la petrolera va a traer ‘progreso’. No digo que sea malo, pero eso ha ocasionado división en las familias, en la sociedad”, dice don Andrés .
Según YPFB, la inversión en exploración hidrocarburífera promueve el desarrollo energético del país y genera beneficios económicos y sociales. Para el Estado, el progreso se mide en pozos e hidrocarburos.
Pero, ¿cómo se mide el daño a una comunidad que se desestructura, a las aguas que desaparecen, a terrenos sin sembradíos? Si hablamos de “desarrollo” desde las voces del territorio, Don Eliceo dice:
“Para mí, el desarrollo es vivir bien, en familia. Tener condiciones de vida dignas. Si vamos a esperar el desarrollo pensando que habrá mejores caminos, pero nuestra producción se va a perder por contaminación, entonces no sirve de nada”.
“¿Para qué un camino asfaltado si mi tierra ya no produce?”
Los comunarios de Chiquiaca viven una realidad paradójica. En este codiciado enclave petrolero, una garrafa de gas cuesta hasta 40 bolivianos. Un precio que duplica el oficial (22.50 bolivianos) por los costos del traslado: largas distancias y limitaciones de transporte.
Otros servicios básicos tampoco llegan hasta estos rincones. Al menos no de la mano del Estado, sino desde el esfuerzo e ingenio de su misma gente.
¿Por qué la explotación de recursos debe anteceder las promesas de mejoras a la calidad de vida de estos territorios amenazados por el extractivismo? ¿Por qué la fórmula no se invierte? Tariquía es un símbolo del límite del modelo extractivo boliviano.
Las mismas estrategias y sin alternativas
Mientras el gobierno sostiene que la exploración petrolera genera mayores ingresos para el país, datos históricos revelan otra cara de este modelo de “desarrollo”.
Ya hace más de una década, Marco Gandarillas, entonces director del CEDIB, advertía:
“El 75% de lo que recibimos del IDH lo gastamos en la importación de combustibles y lubricantes. (…) En 2012 recibimos 1.652 millones de dólares por IDH y gastamos 1.233 millones en importaciones”.
Una cifra que refleja otra paradoja difícil de justificar: Bolivia exporta gas, pero no logra autoabastecer su demanda interna. Además, parte importante de su renta petrolera se va a pagar por combustibles, que ahora llegan desde Paraguay, Argentina y Chile.
Más de diez años después, esta contradicción persiste y se agrava día a día. El país sigue importando diésel y gasolina en grandes volúmenes.
Mientras, se impulsa el ingreso de petroleras a reservas como Tariquía.
La presión para atraer inversión extranjera se refleja en el caso de la ley 767, específicamente en el proyecto para su modificación que presentó el gobierno en noviembre de 2024.
Según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, el objetivo es “crear un marco normativo que permita a las operadoras, tanto nacionales como extranjeras, aumentar su participación en la exploración y explotación de hidrocarburos”
Gandarillas, en 2013, advertía que esta lógica neoliberal mostró sus límites en los años 90, pero las autoridades gubernamentales y otros liderazgos aún “venden” la idea de que la inversión extranjera “es como una varita mágica”.
En cambio, la realidad evidencia que se reproduce una dependencia de los hidrocarburos, vulnerando derechos en territorios social y ecológicamente sensibles.
Redes de cuidado
Según el informe de 2024 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, en Bolivia «la situación de desprotección que enfrentan las personas defensoras de derechos medioambientales, y la de los guardaparques en específico, se debe en muchos casos a la priorización de actividades económicas que motivan las vulneraciones».
Esto no es exclusivo de Tariquía ni de Bolivia.
Desde Colombia, Magaly Pino —defensora de derechos humanos e integrante del Congreso de los Pueblos— observa cómo, en distintos países de América Latina, el discurso del “desarrollo” justifica políticas extractivistas que privilegian el capital por encima de la vida. “El bienestar de unos no puede ir en detrimento de la vida de otros”, comenta.
Ante este escenario, para ella, construir redes de afecto y apoyo es una forma de resistencia.
Mientras se mide el progreso en barriles de petróleo, las comunidades de Chiquiaca valoran sus cosechas, sus afectos y su dignidad.
Frente a la promesa de una economía fósil, Tariquía recuerda la urgencia de imaginar futuros donde la vida esté al centro.
