El ministro de Educación del Gobierno de transición. | Foto: ABI
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¿Cuántas normas vulnera la fórmula que salió de la oficina de Víctor Hugo Cárdenas después de tres largos meses de silencio? ¿Qué desventajas trae para el país su alianza con grandes corporaciones tecnológicas y cuánto afecta a las conquistas por la ansiada soberanía tecnologíca?

Noemi Nahomy/Hardy Beltrán

A pesar de que en la normativa sobre tecnologías de información y comunicación en Bolivia señala que se debe usar software libre en las instituciones públicas, el Ministerio de Educación, en abril de este año, firmó convenios con las empresas transnacionales «Google Educator, Microsoft y Cisco», para capacitar a más de 150 mil profesores en herramientas para la educación virtual. Además, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) también informó que selló otro convenio con Coursera, para clases en línea.

Las plataformas ofrecidas por estas transnacionales están desarrolladas sobre software privativo, los datos que vayan a recolectar no se encontrarán en servidores y equipos pertenecientes al Estado ni dentro de territorio boliviano y el software de las plataformas no será transferido a ninguna institución pública. Tres elementos que contravienen la legislación actual en la materia.

El artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones señala que “los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional”. Asimismo, el Plan de Migración de Software Libre y Estándares Abiertos, aprobado mediante el decreto supremo 3251 de 2017, especifica que “el software desarrollado o adquirido por y/o para las entidades públicas bajo contratos de consultoría, donaciones, convenios de cooperación, créditos de todo tipo y/o de cualquier otra índole (…) deberán ser entregados a la entidad bajo una licencia de software libre disponible en el Repositorio Estatal de Software Libre (…)”.

Por otro lado, el acápite de Seguridad en Infraestructura de Estándares Técnicos para la Publicación de Servicios Digitales de las Entidades Públicas, dice “todo sitio web deberá ser alojado de manera obligatoria en infraestructura que se encuentre en territorio Boliviano. No se deberá utilizar recursos que estén alojados en servidores fuera del territorio boliviano. Los recursos utilizados para el funcionamiento de un sitio web deberán estar alojados en servidores dentro de infraestructura tecnológica que se encuentre en territorio nacional».

La firma de estos convenios y la adopción de soluciones tecnológicas privativas no solo es ilegal, sino que genera un lazo de dependencia tecnológica con empresas extranjeras. Cabe señalar que, en Bolivia, existen varias empresas locales y comunidades de profesionales independientes que pueden ofrecer servicios y soluciones tecnológicas, desarrolladas en software libre, especialmente en materia de educación virtual.

El gobierno actual esta trabajando en tres «soluciones» para la educación virtual:

– 10000 Becas Coursera, plataforma de educación virtual nacida en octubre de 2011 y desarrollada por académicos de la Universidad de Stanford con el fin de brindar oferta de educación masiva a la población, con cursos en inglés, español, francés, italiano y chino.
– Capacitación a maestros en herramientas de Google Classroom y Microsoft Meetings
– Compra de licencias de sistema operativo Windows para las computadoras Quipus, a pesar de que las mismas ya tienen un sistema operativo linux.

Estas soluciones incluyen a empresas extranjeras y dejan de lado las soluciones locales, a pesar de tener experiencias probadas en aulas bolivianas, como ser el proyecto de Inclusión Digital. Durante dos años a través de este programase realizaron capacitaciones en más de 5 departamentos de país, con 700 jóvenes voluntarios, en el uso de tecnologías de software libre, para el proceso enseñanza aprendizaje.

Dependencia tecnológica

La cuarentena y la emergencia sanitaria van a pasar, pero la dependencia tecnológica que dejará el uso de tecnologías privativas en la educación, será nefasta.

Los programas que se utilizarán para la educación virtual no permiten la modificación y exploración de su código, recolectan los datos de las y los usuarios y las computadoras corren el riesgo de una obsolescencia programada , debido a que mas adelante necesitarán actualizaciones que, por su puesto, tienen un costo.

Por otro lado las medidas adoptadas no corresponden a la realidad boliviana y tampoco han sido consensuadas con los sectores involucrados.

Soberanía tecnológica y software libre

La soberanía tecnológica, en palabras sencillas, es que un país, una sociedad, un pueblo, tenga el control efectivo de la tecnología que utiliza, con la finalidad de no depender de nadie más. Un ejemplo sobre la importancia de ser soberanos tecnológicamente son los respiradores artificiales tan necesarios en esta crisis sanitaria.

Son máquinas tan especializadas, que hay pocos fabricantes a nivel mundial y funcionan con un software específico (en la mayoría de los casos, software privativo). Eso nos muestra que al no tener esa tecnología, estamos en una situación de dependencia completa.

Asimismo, en el ámbito de sistemas informáticos y software, desde hace 37 años que existe el movimiento de Software Libre, que plantea una forma diferente de construir software. Esto abre una ventana hacia la soberanía tecnológica, porque postula que cualquier persona es libre de usar, estudiar, copiar y modificar el software.

Por el contrario, el software privativo como Windows, Cisco y Google, no se puede usar libremente y se requiere de una licencia de uso. Además no se puede estudiar, copiar y/o modificar. Con software privativo la única opción que tenemos como usuarios es ser meros consumidores e importadores de software.

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