La presidenta de la Subcentral de Mujeres del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Marquesa Teco. | Vía Colectivo Ch'ixi
¡Comparte ahora!

Beni es el segundo departamento de Bolivia con mayor número de casos confirmados  de COVID-19 y también una de las regiones con mayor presencia indígena del país. Alberga 18 de los 34 pueblos originarios de las tierras bajas y su situación actual debería ponernos en alerta roja.

Jhoselin Granados

El «silencio epidemiológico» en Beni se rompió el 20 de abril con el reporte de dos casos positivos. Desde entonces, los casos son cifras en ascenso acelerado. Hasta el 14 de mayo, acumulaban 509 casos confirmados de COVID-19, 35 decesos y la recuperación de solo una persona. Es lo que sabemos de los centros urbanos, lo que se televisa, la información oficial. Pero, ¿qué sucede con las comunidades indígenas, en las ciudades y en sus propios poblados?

La realidad no la conocemos. No tenemos nada de información solo sabemos que han fallecido”, declara Ruben Yuco, Tata Corregidor del Cabildo Indigenal de Trinidad .

Una combinación que se hace norma: falta de información e inexistente presencia del Estado. En medio de una crisis sanitaria, esta combinación desata caos, incertidumbre y preocupación, en el lugar que sea. Y es, precisamente, lo que está sucediendo en las poblaciones indígenas de esta región. La ayuda para las familias no llega a la gran mayoría, la discriminación ejercida por autoridades departamentales por supuestas filiaciones políticas y otros prejuicios es latente y el contacto con el Estado es prácticamente nulo.

Ante este escenario, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB),  dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), presentó un informe detallando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas que viven en el departamento de Beni.

Imagen sacada de la página boliviasegura.gob.bo

Pueblos indígenas en Trinidad

En los barrios trinitarios donde se concentra la mayor población indígena, además de los casos de COVID-19, existen reportes constantes de brotes de dengue. En la mayoría de estos casos, la enfermedad es tratada en casa con los conocimientos ancestrales y medicina tradicional de la gente debido a la desconfianza y temor hacia los sistemas de salud tradicionales.

El Cabildo Indigenal de Trinidad, integrado aproximadamente por 320 personas, congregadas en 105 familias que habitan poco más de 50 viviendas, a través de su Corregidor, Ruben Yuco, contaron la realidad en la que viven y denuncian la falta de ayuda e información respecto al COVID-19 en las comunidades.

El Gobierno no se acuerda de nosotros porque no hay este tema de la canasta familiar que nos tenían que enviar. Solo apareció en las familias de algunas personas” señala el corregidor, llamado también Tata.

La mayoría de los habitantes del Cabildo pertenecen al pueblo indígena Mojeño Trinitario y, en menor número, Mojeño Ignaciano.

El panorama se llenó de zozobra a partir de dos fallecimientos que parecían ser a causa del COVID-19, pero que hasta el 14 de mayo no eran confirmados como positivos. La causa de esos decesos aún es desconocida.

Ante la falta de explicaciones y declaraciones oficiales se suman los casos de Lidia, esposa del cuidante del Cabildo, y el de Inés: ambas fueron internadas recientemente y nadie conoce las razones.

La presidenta de la Subcentral de Mujeres del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Marquesa Teco, declaró que los indígenas no son atendidos adecuadamente pese a que las actividades productivas fueron detenidas por la cuarentena y muchos, por la premura con la que se dictó la medida, no pudieron suministrase con lo necesario ni retornar a su territorio de origen.

Espero que nos colaboren en buscar cómo regresar a nuestras comunidades, a nuestra casa grande que es el TIPNIS. Por eso pido que las autoridades nos colaboren con alimentos, combustible o con nuestro traslado; igual necesitamos equipamiento, como medicina. Hasta ahora no tenemos nada para estar preparados, no hay ayuda ni apoyo”.

Otro caso que llama la atención es la internación de Marcial Fabricano, líder que encabezó la primera marcha indígena de tierras bajas, quien, junto a su hijo, ingresó a un hospital militar el 2 de mayo por complicaciones respiratorias.  El diagnóstico del exdirigente indígena estuvo en reserva durante cinco días, hasta que los resultados del análisis llegaron desde Santa Cruz.  Es positivo al COVID-19.

A casi 2 semanas del ingreso del legendario líder al recinto hospitalario, su hija, Maday Fabricano, comunicó que el estado de salud  de su padre parece estar  mejorando.  Sin embargo, pese a los constantes pedidos de la familia, no se han realizado los análisis al resto de los familiares, quienes también podrían estar infectados con el nuevo coronavirus.

Otros territorios indígenas

Ante la crisis en Trinidad, otros municipios con población indígena predominante se mantienen en alerta. El Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Mojos, localidad ubicada a 90 kilómetros de la capital beniana, determinó mantener la cuarentena desde el 11 al 31 de mayo debido a estar clasificado como un municipio con alto riesgo de contagio al COVID-19 por el Ministerio de Salud.

El Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) asumieron iniciativas de control territorial en el marco y ejercicio de su autonomía: instauraron puntos de control para evitar el tránsito de terceros, la caza y pesca indiscriminada, el robo de la producción agrícola y, en especial, para salvaguardar la salud de sus habitantes.

Los dirigentes de ambas subcentrales se encuentras realizando gestiones para llevar la ayuda necesaria (ingreso de brigadas móviles para el pago de bonos, entrega de víveres e insumos médicos y de limpieza) hasta las comunidades. A día de hoy, la comunicación con los distintos niveles estatales es lenta y burocrática.

El olvido del Estado

Después de la crisis política y social de octubre de 2019, la palabra “plurinacional” ha sido estigmatizada y borrada de algunos espacios, su uso es omitido en el discurso oficial. No obstante, la existencia, diversidad y resistencia de las naciones y pueblos indígena originarios del país no deben ser nuevamente olvidadas ni ignoradas. La protección de cada una de ellas está garantizada por la Constitución Política del Estado y su cumplimiento debe ser estricto por cualquier Gobierno.

La Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad establece el principio de favorabilidad por el cual el Estado debe condicionar y dirigir medidas necesarias para garantizar la sobrevivencia física y cultural de dichos pueblos.

Las diferentes autoridades indígenas concuerdan en que una de las principales amenazas a la crisis sanitaria que afronta la región es la falta de información clara y oportuna, lo que dificulta la toma de decisiones, además de crear confusión y ansiedad en los barrios indígenas que no cuentan con asistencia gubernamental adecuada.

Los habitantes de Trinidad denuncian que el Gobierno actual está asumiendo las demandas del movimiento indígena como argumentos provenientes de un partido político opositor, por lo que están siendo estigmatizados y abandonados a su suerte.

En el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 19 de abril de 2020, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas recomendó a los Estados asegurar la disponibilidad de datos desglosados sobre los pueblos indígenas, en particular sobre las tasas de infección, mortalidad, repercusiones económicas, carga de la atención e incidencia de la violencia, incluida la violencia basada en el género.

Hasta el momento, Bolivia no cuenta con información disgregada sobre la pertenencia étnica de las personas autoidentificadas como indígenas y que se encuentran contagiadas por el COVID–19 en las zonas del oriente, Chaco, Amazonía y Pantanal.

El 6 de mayo, el Ministerio de Salud anunció la elaboración de un protocolo de atención a pueblos indígenas en la lucha contra el COVID–19 para su evaluación y posterior aprobación. A la fecha, se desconocen los contenidos de este documento y si fue consultado y consensuado con autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios del país.

Ante la situación, el presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Movima (SPIM), Javier Zelada, propuso un trabajo en  conjunto con los médicos tradicionales que se encuentran en los territorios indígenas; además de constituir fiscalizadores de las acciones del SEDES y el Ministerio de Salud.

Yo percibo que hay bastantes hermanos indígenas en la ciudad de Trinidad que son discriminados por nuestros propios dirigentes departamentales y nacionales, que solo velan por sus intereses familiares y personales. Hasta ahora no están atendiendo nuestras necesidades. Desde nuestro territorio igual se percibe esa discriminación. En Santa Ana de Yacuma me informan que hay muchos comunarios que quieren comprar combustible para regresar a sus comunidades, pero se les niega. En cambio, cuando se trata  de un ganadero o un hacendado la venta es normal. No llega ningún  tipo de beneficio a mis hermanos movimas. Solicitamos una reunión con todos los niveles del Estado, para explicarles la realidad que estamos viviendo; es bastante crítica y triste”, declaró Zelada.

Desde el mes de marzo, 20 organizaciones indígenas de tierras bajas, entre ellas el Gran Consejo Chimán y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), solicitaron garantizar el derecho a la salud, el abastecimiento de productos alimenticios y la realización de campañas de sensibilización en idiomas originarios. Hasta la fecha ninguna de las demandas recibió respuesta desde instancias gubernamentales.

Es evidente que lo indígena se encuentra entre las últimas prioridades del actual gobierno, lo cual se evidencia en la elaboración y ejecución de cada una de las políticas estatales ante la actual crisis, las que, en su mayoría, son aplicables solo en las áreas urbanas y hay un total desconocimiento de la Bolivia rural, campesina e indígena. Es preocupante lo que ocurre en Trinidad, donde existe un gran número de población indígena que está tratando de sobrevivir como puede, alejada de sus territorios y sin el más mínimo apoyo del Estado”, señala Manuel Menacho , abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) de la oficina regional Beni con sede en San Ignacio de Mojos.

A más de 50 días de cuarentena, el informe presentado denuncia que el Estado boliviano no ha tomado una sola medida para salvaguardar los sectores en vulnerabilidad, significando una clara violación a la Constitución Política de Estado.

Con información de CEJIS

¡Comparte ahora!