Los embarazos infantiles forzados son una forma de tortura. Negar el acceso a la interrupción legal de un embarazo provocado por una violación tiene graves consecuencias en la vida de las afectadas.
La Iglesia Católica boliviana, junto a otras instituciones e incluso funcionarios públicos, vulneran los derechos fundamentales de una víctima de violación de 11 años.
La niña de 11 años violada y embarazada en Yapacaní es una de las 2,618 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual de las que la Fiscalía tiene registro durante este 2021. Ella es una de las 10 niñas que son abusadas sexualmente, cada día, en Bolivia.
Según se desprende de las «estadísticas» del Ministerio Público, hasta el 26 de septiembre de este año, cuatro de cada 10 delitos sexuales cometidos en Bolivia tienen como víctimas a menores de edad.
La niña de Yapacaní también es una de las 1,636 menores de 15 años embarazadas de las que se informa, hasta el mes de agosto, en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). Esto equivale a que, durante este año en Bolivia, se registró a una niña embarazada cada tres horas y media.
En casi todos los casos, estos embarazos fueron provocados por agresiones sexuales. También en la mayoría de ellos, los perpetradores tenían algún grado de parentesco y vivían en el mismo hogar.
En 2020, una representante de la UNFPA Bolivia explicó a El Deber que nuestro país no cuenta con registros oficiales sobre estas violaciones.
«La violencia sexual hacia niñas no siempre se denuncia. Cuando están embarazadas y van a sus controles prenatales a los centros de salud, no siempre se indaga sobre las características de ese embarazo”
Celia Taborga
El embarazo en niñas «debe considerarse violencia sexual»
Para el comité de expertas del «Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados parte de la Convención de Belém do Pará«, todo embarazo en menores de 14 años «debe considerarse como no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual» (excepto en los casos de relaciones entre pares).
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), citado por EFE, agrega que estos embarazos también pueden ser «resultado de una relación sexual consensuada en la que la niña carece de educación sexual o acceso a métodos anticonceptivos».
Pero estas niñas no solo son víctimas de violencia sexual. También deben enfrentar «un laberinto de trabas administrativas y a la negligencia y la obstrucción oficiales» para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Los embarazos forzados son una forma de tortura
El Relator Especial sobre la Tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su informe de 2013, subrayó que «el acceso a un procedimiento de aborto para víctimas de violación es prácticamente imposible».
Esto conlleva, para las víctimas, el sometimiento a malos tratos, angustia y sufrimiento físico y mental. Es decir, la violación a derechos humanos fundamentales.
En el caso de nuestro país, esta situación se hizo patente en estos días, pese a la vigencia de la Sentencia Constitucional 0206/2014. Esta normativa autoriza la Interrupción Legal del Embarazo en cuatro circunstancias: violación, estupro, incesto o cuando la vida o la salud de la madre corren riesgo.
En el caso de la niña de Yapacaní se cumplen tres de estas causales.
«El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el
hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con
respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos»Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia también manifestó su preocupación por este caso y «los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años».
ONU Bolivia también coincidió con que la prohibición a las interrupciones del embarazo «puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable».
#NacionesUnidas exhorta a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados.
🔗Lee el comunicado https://t.co/KHkU1rwPuX pic.twitter.com/txH4C6sjCo
— ONU Bolivia (@ONUBolivia) October 27, 2021
El comunicado de ONU Bolivia, además resalta la vulneración a otro tipo de derechos como el de la educación y la autonomía corporal.
El embarazo de la niña en Yapacaní «atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación», se lee en la exhortación pública.
Violencia estructural
Otros antecedentes en la región dejan entrever que esta violencia es ejercida de manera sistemática y estructural.
Las niñas embarazadas sufren las agresiones de los violadores, el sistema de justicia, los servicios de salud, medios de comunicación y los fundamentalismos religiosos. En el más reciente caso conocido en Bolivia la violaciones fueron perpetradas por diversas instituciones y sus representantes, públicas y privadas.
Entre ellas, la Iglesia Católica, personal de salud de un hospital público, la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, entre otras. Además de otras organizaciones civiles antiderechos y sectas ultraconservadoras, que también funcionan como tentáculos eclesiásticos.
A la lista se suma la negligencia, silencio y complicidad de las autoridades gubernamentales, en todos sus niveles. Los gobernantes no salvaguardaron los derechos ni la privacidad de una niña embarazada víctima de violación.
