El cierre del ministerio de Culturas tiene serias repercusiones en nuestro país. ¿Por qué debería preocuparnos la desaparición del depósito legal y sus consecuencias para la producción intelectual nacional? Aquí tratamos de explicarlo.
El lunes 8 de junio, mientras el sol de invierno brillaba, las oficinas del depósito legal en la plaza Murillo abrían sus puertas por última vez. Desde ese día, hasta hoy, no se han tenido más noticias al respecto.
El depósito legal es, tal vez, uno de los grandes olvidados de la crisis institucional que atraviesa Bolivia y, aunque pueda parecer un detalle más en el oscuro ambiente en el que nos encontramos, su cierre representa una amenaza para muchos y, en particular, para el sector editorial y de producción intelectual.
Pero, antes de comenzar, ¿qué es y para qué sirve este depósito?
Se trata de un mecanismo estatal de almacenamiento de publicaciones impresas. En Bolivia, el decreto supremo 16762, refrendado por la junta militar que tomó el poder el año 1978, es bastante claro al respecto: el depósito asegura la “conservación de la producción intelectual del país”, es de carácter obligatorio y debe “merecer la atención preferente del Estado”, porque el patrimonio cultural nacional “es una inapreciable fuente de consultas para los propósitos de información e investigación”.
Es decir, el depósito legal permite que se registren, conserven y sistematicen los libros, folletos y catálogos que el país produce y también contempla productos como CD y DVD o periódicos.
Su almacenamiento implica que este material se encuentre disponible para todos los que lo necesiten y que se preserve para la historia. Al respecto, la Biblioteca Nacional de España afirma, de forma enfática, que el depósito legal es “un bien democrático que asegura a los ciudadanos de hoy, y a las generaciones futuras, el acceso al legado intelectual con fines de información e investigación”.
Sin un servicio depósito legal, el Estado boliviano no cumple su misión de conservar aquello que se publica dentro de nuestras fronteras.
De esta manera, desde el 8 de junio, el último día en el que las oficinas del depósito legal abrieron sus puertas, se ha producido un vacío de registros que, tal vez, sea imposible reconstruir.
Esta pérdida es un resultado directo de la desarticulación del ministerio de Culturas y, aunque se sabe a qué dependencias irán a parar algunas de sus oficinas –Interculturalidad a Educación y Turismo a Desarrollo productivo, por ejemplo–, el depósito legal ha quedado en un absoluto limbo.
Los trabajadores no han recibido ninguna orden oficial y desconocen su futuro inmediato.
A eso se suma el hecho de que, dadas las circunstancias, todavía no logramos dimensionar el impacto que tendrá en la difusión y conservación de la producción intelectual de estos meses, si no de este memorable 2020.
Los trabajadores enviaron varias cartas a las autoridades del ministerio de Educación. Sin embargo, no recibieron respuesta.
Más que un daño directo, esta también es una afrenta al patrimonio documental boliviano, ya que esto no solo amenaza nuestro presente, sino también nuestro futuro.
