Durante hora y media, en la tarde del lunes 4 de mayo, ocho cineastas pensaron en voz alta sobre lo que pasará con una industria cinematográfica que, incluso desde antes de la cuarentena, trabaja con dificultades y limitaciones.
El encuentro organizado por la carrera de Comunicación de la UPB de Cochabamba fue pensado para hablar sobre el streaming de cine que se incrementó significativamente a causa del encierro en nuestras casas y cómo esto repercute en el consumo y la producción de películas bolivianas. Este tema dio pie a una reflexión política sobre la (falta de) atención del Estado a la industria cinematográfica y cómo eso resulta en la dificultad de crecimiento y evolución de la misma.
El evento fue realizado remotamente con ocho reconocidos cineastas bolivianos: Juan Pablo Richter, Martín Boulocq, Denisse Arancibia, Gory Patiño, Paola Gonsalvez, Andrea Camponovo, Victoria Guerrero y Álvaro Olmos, quien además es creador de Bolivia Cine, la plataforma de streaming lanzada este año en la que se pueden encontrar decenas de producciones bolivianas. El panel fue moderado por Andrés Laguna, docente e investigador de la universidad organizadora.
El tema de arranque fue el nuevo escenario de la industria de cine en el país a raíz de la situación extraordinaria del coronavirus; los cineastas coincidieron en que las salas de cine tienen que ver más con una experiencia completa de cine o un ritual social y piensan que la crisis de las salas por la situación de la pandemia es temporal y no será reemplazada por las alternativas de consumo (servicios de streaming).
Sin embargo, las formas de producción pueden verse afectadas; tendrán que invertirse recursos para cumplir con nuevos estándares de producción. La directora Denisse Arancibia (Las Malcogidas, 2017; Casting, 2010)) ejemplificó esto contando sobre una nueva normativa en España que conoció a través de una amiga: lineamientos respecto al número de personas en el set, cantidad de mudadas de ropa, higienización del espacio. Estos cambios encarecerán los costos de producción, lo cual representa un problema en el escenario boliviano en el que, desde antes de la pandemia, ya había dificultades en cuestiones de disponibilidad de recursos.
Los y las cineastas hablaron sobre el rol del Estado en la industria cinematográfica refiriéndose no solo en forma de apoyos e incentivos de financiamiento, sino en el interés que pone (o, como sucede actualmente y como ha sucedido en distintas gestiones, no pone) el gobierno en la difusión y distribución de la industria a nivel nacional e internacional, lo cual haría un gran favor para su posicionamiento como país en el mercado cultural global.
Martín Boulocq, (Eugenia, 2017), Los Viejos (2011), Lo más bonito y mis mejores años, 2005), comentó que hay diferentes posturas respecto a la financiación de proyectos de cine de parte del Estado. «Si bien tiene que partir de una iniciativa privada -realizadores, productores-, y sí tiene que haber cierto riesgo, cierta participación de riesgo de estos emprendedores, para pensar en una industria nacional -esto es históricamente así- la participación del Estado es fundamental. Esto quiere decir: (el Estado) tiene que financiar en gran medida las películas”.
En los últimos años, el gremio se ha movido para conseguir y actualizar una Ley de Cine que garantice muchas de las condiciones mencionadas por los panelistas respecto a apoyo y participación del Estado en el crecimiento del rubro: “la única forma de garantizar que esos fondos se mantengan es un activismo permanente en pos de la existencia de (esos fondos)”, explicó Juan Pablo Richter (El río, 2019), refiriéndose a que la pasividad política -que no significa partidaria, como él mismo aclaró- ya no es una opción para los cineastas.
Paola Gonsalvez (El Rey Negro, 2010) indica que “No es solo darnos dinero para la producción y olvidarse de nosotros, que es un poco lo que ha pasado con el Programa de Intervenciones Urbanas. Han financiado mucho la (etapa de) producción. Los cineastas siempre logramos completar bien esa parte, pero nos tomamos muy poco tiempo en desarrollar la película y siempre nos estamos chacreando en distribuirla. Si hay un Estado que cree en nosotros, va a invertir mucho en que desarrollemos nuestras ideas, nuestros proyectos, y una vez terminemos, estará pendiente de nosotros, del movimiento del proyecto. Ese es el papel del Estado: creer en nuestro cine y que lo que hacemos tiene valor, no valor para nosotros sino para el país.”
En contraste, Andrea Camponovo, productora y actriz (Eugenia, 2017) comentó que fue gracias al PIU que una gran cantidad de películas se realizó el año pasado y que, también por este programa, existe la plataforma Bolivia Cine. Con la situación gubernamental actual, no está garantizada la continuidad del Programa para este año.
Dado que las y los cineastas tienen que encontrar sus propios medios -a través de fondos culturales que raramente pertenecen al Estado-, la presencia de cine boliviano en festivales y catálogos en general, es escasa e individualista. Es decir, cada proyecto bucea por sí solo en el espacio internacional, donde busca formas de apoyo a través de concursos e iniciativas culturales extranjeras. Debido a esta dinámica, el cine boliviano no puede verse como un conjunto del panorama cultural nacional, sino que los cineastas hacen proyectos de búsqueda y exploración más personal, que podrían categorizarse en lo que se conoce como cine de autor.
La falta de atención del Estado a la industria del arte es un mal estructural que repercute directamente en el crecimiento y desarrollo del cine nacional. Denisse Arancibia comenta:
“Mientras vivamos en un país en que Estado y sociedad, es decir, desde el público hasta las autoridades, no estén conscientes de que el arte es vital para una sociedad, para crecer, para educación… mientras no sepamos eso, vamos a seguir en este eterno limosneo. (…) Cuando vas a un mercado de afuera, festivales grandes, ves cómo los países invierten en su cine; llevan comisiones fílmicas, hacen fiestas, eventos… nosotros los bolivianos estamos así sueltitos, nos ves remándola solos, y vamos porque algún festival nos envía el pasaje para estar ahí.”
La plataforma Bolivia Cine surge en parte como un paliativo a la situación del cine boliviano para promover las obras nacionales y ponerlas a disposición de un público que, comúnmente, después de sus estrenos y sus reducidos tiempos en salas, las pierde de vista. Álvaro Olmos (San Antonio, 2011; Wiñay, 2019), creador de la plataforma, explica que es una etapa de aprendizaje y ajustes. “Quizá la plataforma también podría pensarse como alternativa para los estrenos de las obras y podría pensarse en un modelo en que un apoyo del Estado haga posible la gratuidad de las películas para el público boliviano”.