¿El agronegocio tiene el premio gordo en el «rescate» económico por la COVID-19?

¿Tiene el Gobierno transitorio la legitimidad para definir el rumbo económico que tomará el país en los próximos años? Es importante saber que una vez que se tome el camino que aquí se denuncia, no habrá más presupuesto ni tiempo para hacer cambios.

Stasiek Czaplicki

Ante una recesión económica que se anuncia cada vez peor de lo previsto, el Gobierno interino de Jeanine Áñez está solicitando préstamos a organismos internacionales para un plan de apoyo y «reactivación» de la economía boliviana. En total, para el plan de respuesta económica a los efectos de la pandemia por la COVID-19, el gabinete transitorio apunta a conseguir y/o liberar unos 4.3 mil millones de dólares entre prestamos y fondos propios que serán reasignados. El destino de la mayoría de esos fondos ya fue definido y el sector agropecuario se beneficiará con un paquete propio.

La semana pasada Áñez promulgó el decreto 4272, mediante el que asignó un presupuesto tope 2,617 millones de dólares para diferentes programas y fondos de promoción de empleo, reactivación de la economía, respaldo a créditos sectoriales, empresariales y de vivienda. Unos días antes, también presentó el «Plan nacional de respuesta y rehabilitación para el sector agropecuario ante los efectos del COVID-19’’, por un total de 873.9 millones de dólares, a ser ejecutados hasta finales del 2022.

Actualmente, el plan para el agro equivale a cinco veces la inversión pública anual asignada al sector entre 2006 y 2018. Según lo declarado, el sector recibirá el 20% de los fondos para la respuesta económica a los efectos de la COVID-19. Este es un monto extra al presupuesto que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras asigna anualmente y al que las gobernaciones y municipios otorguen a ese rubro. Asimismo, el sector agropecuario se beneficiaría como el resto de los sectores del paquete económico promulgado mediante el decreto 4272.

El plan actual beneficia de sobremanera al sector agropecuario, dejando para todos los demás sectores del país 810 millones, que corresponden a menos del 20% de los fondos destinados para la respuesta economía a los efectos del COVID-19. Por ejemplo, en el caso de la minería cooperativista, que da empleo a una importante parte de la población, el gobierno acaba de anunciar la inyección de USD 6.2 millones de dólares para apoyar a su reactivación. El Gobierno de Áñez está priorizando el sector agropecuario como ningún otro y en desmedro de los demás protagonistas de la economía. Pero no es novedad entre «los transitorios».

Desde que asumieron el poder, impulsaron varias medidas de apoyo al sector agropecuario. Entre otras, podríamos apuntar las siguientes: reducción de los requisitos de exportación del trigo y arroz (decreto 4139, 24 de enero), la subvención de la producción y comercialización de agropecuarios (decreto 4150, 13 de febrero), o la abreviación del procedimiento de evaluación de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón y soya, mediante otro decretazo (4232, del 7 de mayo).

Existe un conflicto de interés que no se puede obviar: varios ministros y altos funcionarios del Gobierno han trabajado, y representado durante años, el sector agropecuario, empujando medidas para favorecer sobre todo el sector soyero y ganadero, fomentando la quema de bosques, entre otras cosas.

¿Es ético que los mismos actores que definen cómo y con cuánto se debe apoyar al sector agropecuario sean sus antiguos empleados y socios? ¿Tienen estos actores la legitimidad para definir el rumbo económico que tomará el país en los próximos años? Es importante mencionar que una vez que se tome este rumbo no habrá más presupuesto ni tiempo para hacer cambios.

El conflicto de interés se hace aún más evidente cuando se analizan los programas del “Plan nacional de respuesta y rehabilitación para el sector agropecuario ante los efectos del COVID-19”.

Se trata de programas que, en muchos casos, tienen mayor alcance del que tenían las demandas que el sector agropecuario presentó a lo largo de los últimos años. Entre otros, un fondo de 75 millones de dólares para subsidiar los empleos del sector agropecuario, un apoyo para la exportación de 6 millones y otro de 15 millones para la promoción a la exportación agropecuaria.

Pero, todo eso no se compara con la asignación dentro de ese plan de 200 millones de dólares de apoyo para las unidades productivas con un capital mínimo, por el mismo monto para apoyar la renegociación de sus deudas, que acumularon en estos años, y 200 millones más para la generación de «emprendimientos rurales».

Se trata de un plan diseñado para apoyar al sector, en el que las condiciones de acceso están elaboradas para que la mayoría vayan a los grandes actores del agro, que, por cierto, en gran parte no son productores nacionales.

Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto anual del ministerio de Medio Ambiente y Agua, mucho menor al del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, apenas alcanzó un poco más de 100 millones de dólares el 2019. De igual manera, es importante mencionar que la apuesta hacia al sector agropecuario es riesgosa. Sino despegan las exportaciones y se multiplican por 4 o 5 en el próximo año, algo prácticamente imposible, dado el escenario regional de la crisis sanitaria, habremos gastado nuestros últimos fondos en una apuesta fallida y sin ninguna legitimidad.

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