El exceso de mortalidad en Bolivia es un indicio del alto subregistro de muertes por COVID-19. La cantidad de muertxs podría triplicar las cifras oficiales. El maquillaje epidemiológico ya no le alcanza al Gobierno para negar su deficiente gestión ante la crisis sanitaria.
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Ilustración: Lucía Mayorga
Hasta el 31 de agosto, el ministerio de Salud reportó tan solo 5,027 muertes a causa de la enfermedad pandémica, sin embargo, esta cifra podría ser tres veces mayor. Hay 14,805 muertes por encima de las estimaciones anuales que podrían haber sido provocadas por el nuevo coronavirus y no son incluidas en las cifras oficiales.
Como ejemplo, existe una diferencia de 18,978 fallecidxs entre las actas de defunción emitidas entre los meses de abril y agosto de 2020 y las del año anterior. Aunque estos documentos no detallan la causa de la muerte, el exceso de mortalidad es un indicativo de un alto subregistro en la cantidad de decesos por COVID-19 en el país.
El exceso de mortalidad es definido por la Organización Mundial de la Salud como una «mortalidad superior a la esperada en función de la tasa de mortalidad sin crisis en la población de interés. El exceso de mortalidad es, por lo tanto, la mortalidad atribuible a las condiciones de crisis».
El semanario británico The Economist elaboró un seguimiento a este indicador a nivel global. Bolivia no está incluida, porque no existía información disponible. Con los datos difundidos recientemente por el Servicio de Registro Cívico (Sereci), nuestro país se ubica, hasta fines de agosto, en el segundo lugar del ránking mundial (entre 50 países y regiones), con un exceso de 180 muertes por cada 100 mil habitantes.
Las cifras publicadas escuetamente por el Sereci, traducidas a una tasa de subregistros de decesos por COVID-19, dan cuenta de que Bolivia se anota un 75%, uno de los valores más altos en la región. Además, La desviación en la cantidad de muertes esperadas, con base en los históricos mensuales del periodo 2016-2019, tiene valores que oscilan entre el 100% y el 294% en el último trimestre.
Es importante apuntar que durante el mes de abril el Sereci no dio constancias por defunciones debido a la cuarentena rígida.
Según expertos internacionales, esta dramática variación en la cantidad de fallecimientos puede ser atribuida al Sars-CoV-2 y se constituye en un marcador del grave subregistro en la mortalidad provocada por este virus.
El Sereci admitió no conocer la cifra consolidada de muertes acaecidas desde la llegada de la pandemia, ante la carencia de un sistema sofisticado que permita digitalizar sus tareas y las restricciones en actividades públicas y privadas que tuvo lugar en meses anteriores.
En otro apunte, los funcionarios indican que una parte de estas consignaciones por defunciones correspondan a meses anteriores (entre enero y junio), en los que muchos decesos no pudieron ser registrados oportunamente.
Los registros de julio reportan 17,047 actas de defunción en todo el país. Pese a la aclaraciones del Sereci, esta cifra es casi cuatro veces superior al promedio mensual de los últimos cuatro años (4,336).
Según los registros del Sereci, julio fue el mes donde hubo más muertes anotadas. No obstante, el total de estas defunciones no corresponde únicamente a los casos de COVID-19, sino también a otras causas de muerte, según explican en un boletín oficial.
En el mismo documento, los meses de junio, julio y agosto de este año hubo un ascenso en el número de certificados de defunción, en comparación con el periodo 2016-2019.
Como ejemplo, en junio de 2020 hay 5,940, en julio 17.047 y en agosto 12,079. Un año antes las cifras registraban 4,545 actas de defunción en junio, 4,854 en julio y 4,636 en agosto.
Cabe aclarar que toda esta información es parcial y, según informan desde el Sereci, solo podrá ser oficializada al finalizar la gestión.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud en junio informaba sobre 1,123 muertes, 2,967 en julio y 5,027 en agosto. Con estos indicadores, funcionarios del Gobierno de Jeanine Áñez, e incluso su acompañante en la carrera electoral, Samuel Doria Medina, se ufanaron por los bajos índices de mortalidad.
Pero la realidad es otra y el maquillaje o manipulación de las cifras ya no les alcanza.
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Luto en las calles
Analizando los datos ofrecidos recientemente por el Sereci, estos no se reflejan en los del ministerio de Salud, pero tampoco con los de otros niveles del Estado. Como en el caso de los municipios, cuyos cementerios se han visto colapsados o desbordados.
En Pando, según un reporte del periódico La Perla del Acre el 31 de julio, el cementerio COVID-19 de Cobija había realizado 151 entierros. Según los datos del Sereci, este mismo departamento, entre abril y julio registró 181 actas de defunción.
Cruzando ambas variables, en ese periodo, el 83% de las muertes estuvieron relacionadas con la COVID-19.
En el último día de julio, el reporte del Servicio Departamental de Salud (SEDES) consignaba solo 124 fallecidos con este diagnóstico.
En 2019, el cementerio municipal de La Paz registró unos 450 entierros por mes. Solo en julio de este año hubo 2,136, según la Dirección de Empresas y Servicios Públicos.
Las capitales de Beni, Santa Cruz y Cochabamba presentan desfases similares y fueron las más afectadas en cuanto a mortalidad por el nuevo coronavirus.
Muerte en las calles
Entre el 15 y el 20 julio cinco departamentos bolivianos vivieron las jornadas más penosas de la cuarentena. En menos de una semana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen informó sobre una alarmante cifra en el recojo de muertxs en domicilios, vehículos y vía pública: 420 cuerpos sin vida.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reportó 3,016 cuerpos registrados como sospechosos de COVID-19 en tres meses. En esos casos se hicieron reconocimientos medico legales fuera de hospitales. Las pruebas diagnósticas no se hicieron por falta de insumos. Hasta esa fecha, el departamento de Epidemiología del Ejecutivo anotaba solo 2,218 muertes por Sars-CoV-2.
Además, las oficinas de Registro Civil estaban cerradas debido a las restricciones impuestas durante la cuarentena rígida, por esto, muchas muertes no fueron registradas.
En la práctica, los hospitales emitieron los certificados de defunción gratuitos, pero sin un registro serio y peor aún si las muertes tenían lugar en calles, casas o automóviles, como sucedió en muchos casos que fueron reflejados por la prensa nacional e internacional en dramáticas postales.
Asimismo, los protocolos de recojo de los restos mortales implementados por el Estado ordenan que los familiares deben llevarse los cuerpos en un lapso de 12 horas. Ese tiempo fue insuficiente en la mayoría de los casos, entre otras cosas, porque las funerarias también enfrentaban un cuello de botella para el entierro o cremación de todos los cuerpos.
La alerta
Las presiones para hacer públicos los datos sobre las muertes durante la pandemia en Bolivia, incrementaron tras la publicación de un artículo del New York Times donde aseguran haber recibido información orientativa por parte del Sereci.
La unidad de Comunicación de esta institución niega esta concesión, pero creen que los periodistas del diario estadounidense trabajaron con informáticos en el Laboratorio Electoral, lanzado el 20 de agosto, con el fin de realizar revisiones del padrón biométrico. Siempre con la mirada puesta en las elecciones de octubre.
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