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Luego de que el Gobierno de Jeanine Añez aprobara de manera silenciosa y camuflado de proteccionista un Decreto Supremo (DS) que funcionaría como una «licencia para matar» dedicada a los militares que tomaron las calles desde que asumió su mandato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó la norma y advirtió que «estimula la represión violenta» en contra de la población civil.

El DS 4078 del 15 de noviembre de 2019 pretende eximir de toda responsabilidad penal a agentes de las Fuerzas Armadas que «participen en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno». Ese mismo día en Sacaba, durante una violenta represión policial y militar en contra de miles de campesinos y cocaleros que marchaban con rumbo a Cochabamba, murieron al menos 5 personas. Esta cifra ascendió a 10 hasta el lunea, producto de la gravedad de las lesiones de algunos de los más de 120 heridos.

Según la CIDH, «el grave decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH)» y contraviene «la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH».

Finalmente, el organismo internacional reiteró que «condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolívia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales».

Esta declaración de la CIDH fue duramente cuestionada por sectores urbanos de clases medias, que bajo el influjo de una ola de desinformación y campaña de paranoia colectiva justifican la violencia estatal, el uso desmedido de la fuerza y las muertes de partidarios del Movimiento Al Socialismo y opositores al Gobierno de Añez.

La alta comisionada para los Derecho Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también expresó su preocupación por los excesos de las fuerzas represivas del Estado. “Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, dijo el sábado.

Bachelet agregó que la conflictiva situación boliviana «no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia» e instó a todos los actores políticos, incluidos los manifestantes, a transitar hacia una salida pacífica.

En la ciudad de Cochabamba, colectivas feministas y ciudadanía de a pie se organizaron para organizar colectas solidarias con el fin de reunir medicamentos para la atención de los heridos. Asimismo, convocaron a una concentración en contra de todo forma de violencia promovida por los actores políticos y «sus intereses mezquinos».

Desde estos sectores independientes aseguran que la confrontación entre bolivianos debe cesar y plantean espacios de diálogo autónomos e independientes, como el Parlamento de las Mujeres, organizado por Mujeres Creando en La Paz, y que el próximo jueves tendrá lugar en Cochabamba, gracias a la gestión de Wañuchun Machocracia.

Desde hace casi un mes Bolivia está sumergida en una compleja convulsión social, a causa de un proceso electoral fraudulento, que hasta el momento a cegado la vida de 23 personas y dejado más de 700 heridos. En este tiempo grupos de choque y fuerzas parapoliciales han teñido las calles de sangre y provocado pánico entre la población.

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