Las vacunas imposibles: la vida más allá de la COVID-19

Imagen referencial de vacunas e inyecciones. Foto: Pixabay

Centros médicos cerrados por contagios de COVID-19 en su personal, falta de transporte, costos excesivos y miedo al nuevo coronavirus no permiten a lxs niñxs bolivianxs acceder a sus vacunas, con el riesgo epidemiológico que esto implica. ¿Las autoridades? Dicen que se ocupan de la pandemia, aunque no sabemos cómo.

En el primer piso se toman las muestras para diagnosticar a lxs infectadxs por el nuevo coronavirus. En el cuarto, funciona el centro de vacunación infantil. El miedo al contagio a la COVID-19 es cada vez mayor en las calles, en las casas, pero Julia Condori prometió no descuidar las vacunas de su hijo, que apenas tiene un año, y asistió a la cita de prevención pese a todo.

En puertas del edificio del Policlínico 9 de abril, de la Caja Nacional de Salud en La Paz, Julia contiene el enojo. En este hospital, antes de la cuarentena, las vacunas se aplicaban todos los viernes, pero la pandemia y la desorganización en su contención trastocó todos los horarios y programaciones.

“Siempre saben vacunar los viernes, tampoco es que estamos descansando. A cada rato nos hacen venir para decirnos que no tienen (vacunación)”, se queja. Ese es el último esfuerzo: Julia esperará a que pasé la emergencia sanitaria.

Según el esquema de vacunas aprobado por el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, hay ocho vacunas que deben administrarse a menores de edad, desde que nacen hasta que cumplen 23 meses. Estas previenen enfermedades como la Hepatitis B, meningitis, neumonías, sarampión, rubéola, fiebre amarilla y formas graves de tuberculosis.

María Revollo es pediatra y trabaja en el hospital Materno Infantil Los Andes de la ciudad de El Alto, que, como otros servicios de salud en el país, cerró sus puertas debido a la crisis sanitaria: 15 de sus trabajadores dieron positivo a la enfermedad pandémica. Un centro más que debe cerrar sus puertas a la atención de necesidades como la inmunización para la población infantil.

“Todas las vacunas son fundamentales, por eso deben ser aplicadas en los centros de primer nivel. No se puede discontinuar su administración”, explica Revollo mientras lamenta la situación del hospital donde trabaja: las vacunas están, pero las condiciones para administrarlas no son las mejores. O ni siquiera existen.

El médico Diego Valverde, especialista en epidemiología, resalta que “el problema de administrar las vacunas fuera de tiempo es que ya no crean defensas e incluso pueden ser tóxicas. Estas vacunas crean una memoria inmunológica de por vida, no se puede esperar”.

Valverde trabaja en el hospital La Paz, donde solo se atienden casos de emergencia, debido a más de 20 casos positivos a la COVID-19 entre el personal. Es decir, aquí también se suspendió la vacunación.

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, advierte que, al menos, los centros de primer nivel no pueden descontinuar el proceso de vacunación en niños. “Hasta los cuatro años podemos reanudar las vacunas, los esquemas se pueden modificar, pero es mejor no esperar”, aconseja.

Pero, dado el panorama, ¿las mamás, papás y tutores están en condiciones de llevar a sus wawas hasta los centros médicos para cumplir los esquemas de vacunación? De hacerlo, ¿tienen opciones de atención?

“No tenemos seguro y su pediatra está en el centro, es difícil llegar”, cuenta Milenka Ulloa, mamá de una niña de dos años y otro de seis. Ambos debían ser vacunados hace semanas, el mayor con los refuerzos de inmunizaciones previas.

Milenka vive en Achumani y relata que hasta esa zona llegaron brigadas del Ministerio de Salud que solo vacunaron contra la influenza a mayores de edad. Cuando preguntaron qué hacer con los pequeños, les pidieron ir a sus centros de salud o a médicos particulares.

Entre la amenaza del nuevo coronavirus, el miedo de dirigirse hasta los centros públicos de salud, la falta de transporte, las amenazas y multas por la cuarentena y los centros cerrados por brotes de la COVID-19, algunas familias podrían optar por servicios privados para la vacunación. Pero los costos, por supuesto, son elevados: 800 bolivianos en un presupuesto familiar de dos mil bolivianos mensuales es un exceso imposible.

La doctora Revollo coincide con otros médicos en decir que estas “vacunas privadas”, importadas por médicos particulares o cadenas farmaceúticas, son mejores en el sentido de presentar menores efectos adversos, como la fiebre, pero, en eficacia, son iguales a las proporcionadas por el Estado.

Bolivia recibe los lotes de vacunación junto a otros países a través de la OPS y OMS, bajo el principio de la equidad: es decir, la vacuna que llega a Bolivia es la misma que llega a Chile.

Ante un escenario crítico, el Programa de Inmunizaciones boliviano no presentó ningún plan de contingencia que garantice la vacunación de niños. ¿Brigadas móviles, control de atención en centros de primer nivel, otras formas de organizar las tareas de vacunación?

Las respuestas oficiales a todos nuestros pedidos de información sobre vacunación infantil se resumen en ocho palabras: ahora los esfuerzos están concentrados en la pandemia.

Una emergencia desbordada y sin respuestas claras en cuanto a políticas públicas.

El SEDES en La Paz tiene reportes de niñas y niños vacunadas desde 1996. Entre 2002 y 2003 se consiguió la mejor cobertura, llegando a más de 65 mil inmunizaciones. En 2019 las cifras bajaron a 23.544 menores inmunizados con BGC. Este años el panorama es de mayor desconcierto, ya que ni siquiera se tienen los registros.

Una alarma sobre el peligro de descuidar la prevención inmunológica se dio recientemente en Santa Cruz, durante las primeras semanas de la llegada de la COVID-19 al país. El 23 de abril, luego de 20 años de silencio epidemiológico en nuestro territorio, se reportó un caso de sarampión.

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