Al conversar con Manuelina Duarte, miembra del Consejo Internacional de Museos, uno percibe el ímpetu por reivindicar lo que en estos tiempos parece ser una osadía: hacer de la cultura y la ciencia bastiones de resistencia y lucha política.
Mijail Miranda Zapata
Con una larga trayectoria como docente en universidades brasileñas, con las que aún tiene contacto pese a vivir en Bélgica, Manuelina Duarte, especialista en diversas áreas como Historia, Arqueología y Antropología, parece ser una voz autorizada para contextualizar el desastre que significó esa hoguera ignominiosa que consumió el Museo Nacional de Río de Janeiro.
Esta académica brasileña, quien además es doctora en museología por la Universidad Lusófona de Porto, con una pasantía postdoctoral en la Universidad Sorbona Nueva en París, no duda en plantear el incendio del anterior domingo como el reflejo de un escenario social y político también en llamas.
Para Duarte, esta tragedia cultural y científica, en la que se perdió un acervo invaluable e irremplazable, “anuncia el comienzo de una serie de otros eventos críticos”. Porque, según explica detalladamente, no se trató de un accidente, sino de un proyecto de Estado, una visión de país, que apunta a silenciar disidencias, consolidar sempiternos privilegios y favorecer a las clases dominantes.
Con un ensañamiento sistemático en contra de la educación pública, la cultura, los artistas y la academia, el Gobierno brasileño parece querer debilitar y derrotar a los últimos bastiones que cuestionan un régimen que nació, dice Duarte, con un golpe de Estado.
La situación de Brasil representa un llamado de alerta que no se limita a las fronteras del gigante sudamericano, sino que concierne a toda la región.
De la misma manera, queda claro que no se trata solo de una problemática restringida a la conservación del patrimonio o los presupuestos de cultura y ciencia, sino una forma de concebir la sociedad.
Volver a politizar el conocimiento, la investigación y la creación parece ser una urgencia que nos negamos a atender.
Aunque suene terrible decirlo, la tragedia en el museo de Río parecía inminente. Desde hace años realizaron denuncias alertando sobre los peligros a los que estaba expuesto. ¿Por qué estos llamados de ayuda no fueron escuchados?
En nuestro país no hay una comprensión sobre la cultura y el patrimonio cultural, entre aquellos que detentan el poder, como algo realmente relevante para el bienestar de la población e incluso como vector de la economía. El patrimonio cultural es visto como un gasto de dinero que no da retorno. Basta ver los programas de los actuales candidatos a la presidencia para percibir en qué lugar fueron colocados la cultura y los museos (si es que figuran en algún sitio).
Así, mientras los profesionales del campo del patrimonio hacen alertas, los políticos se escudan bajo el argumento, aceptado incluso por una parte de la población, de que ante nuestras carencias en salud y seguridad, por ejemplo, es un lujo invertir en museos.
Por otra parte, los políticos tampoco se comprometen con aquello que ya existe y funciona, pues siempre pretenden crear sus propios símbolos.
Es decir, no quiere que los pocos recursos destinados a la cultura sean usados para el mantenimiento de museos ya existentes, con gastos en inventarios, conservación, sistemas de seguridad, todas estas cosas que no son atractivas mediáticamente. Ellos prefieren figurar con proyectos para crear nuevos museos, nuevos monumentos, en detrimento del patrimonio ya constituido.
¿Cuántos otros recintos y acervos están en riesgo en su país?
No creo que exista un relevamiento preciso sobre la cantidad. Tenemos cerca de 3.500 museos en Brasil. Es un dato que el Instituto Brasileño de Museos (IBRAM) logró producir y divulgar en 2011, pero hemos tenido dificultades para actualizarlo.
Pero, por mi experiencia, pienso que solo un pequeño porcentaje no está en riesgo, aunque en este escenario hay una gran diversidad y también existen algunas instituciones de excelencia.
La mayoría de los museos brasileños deben lidiar con alguno de los siguientes problemas: el personal, en general muy comprometidos aunque mal remunerados, es insuficiente y, especialmente en museos pequeños y medianos, pueden no tener la capacitación necesaria para prevención de riesgos; gran parte de los acervos no están adecuadamente documentados y almacenados, con riesgo de pérdida de información y pérdidas físicas; la mayoría de las instituciones no tienen programa de gestión de riesgos y hay incluso instituciones que enfrentan cotidianamente el peligro de cierre, pues no poseen mecanismos de sostenibilidad y los inversores, sean públicos o privados, siempre encuentran nuevas prioridades.
Los museos sirven para conectar personas y, según la museóloga brasileña Waldisa Rússio, para ser detonantes de utopías. Son lugares de encuentro con la diferencia, de educación para la tolerancia y de ampliación de imaginarios, que pueden, por eso, ayudarnos a imaginar y a construir un futuro mejor.
En la última década se priorizaron proyectos multimillonarios destinados al deporte y, en última instancia, al entretenimiento. ¿Cuánto de esa gran inversión habría servido para salvar el Museo de Río, por ejemplo?
Es chocante saber que el Museo del Mañana, que no posee acervo y que además fue construido sobre el mayor puerto de desembarque del tráfico transatlántico de africanos esclavizados sin discutir esta cuestión, recibió 24 veces más inversión pública que el Museo Nacional. O que la asignación destinada a la reforma del Estadio del Maracaná sostendría el Museo Nacional por 2.400 años o que la deuda de apenas dos instituciones bancarias perdonadas por el Gobierno brasileño cubriría los gastos del museo por 49 mil años.
El desajuste es de estas características y, una vez más lo repito, no es falta de dinero, es donde se decide usarlo.
Con este panorama, el descuido y consecuente desgracia en el museo de Río no parece ser un hecho aislado, sino una negligencia sistemática respecto al patrimonio cultural. ¿Es esta realmente la situación brasileña?
Desgraciadamente, sí. Y el hecho de que las propuestas de reconstrucción inmediata del museo, además de no considerar la destrucción del acervo y las dinámicas de la institución (creen que reconstruyendo el edificio todo está resuelto), parecen querer crear una cortina humo sobre una situación que es mucho más grave y amplia.
Hay poco interés de los políticos por el patrimonio cultural y, a menudo, se refieren a él como impedimento para el crecimiento del país, debido a las exigencias y límites legales para construir en el entorno de bienes protegidos o en áreas con vestigios arqueológicos, por ejemplo. Tenemos, entonces, una legislación bien elaborada, pero mal comprendida, que es interpretada como si los profesionales del patrimonio quisieran impedir la llegada del progreso.
-¿Es realmente costoso para el Estado invertir en la restauración y conservación de bienes culturales y científicos?
Sí, en realidad lo es. Pero son procesos con una enorme potencia educativa y que también generan empleos directos e indirectos. Hay una cadena económica de la cultura que todavía está poco cultivada y que implica formación altamente especializada, que valora a los trabajadores y genera procesos de desarrollo más sostenibles y de larga duración.
Algunos ejemplos que trabajan esta revalorización son el Museo del Pueblo y el Sitio Arqueológico de Mértola en Portugal, que se ha convertido en una referencia y prepara su solicitud de patrimonio de la humanidad. También está la Ciudad de La Habana, que ya es reconocido por la UNESCO y donde, a pesar de todas las dificultades y el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, ya formó generaciones de profesionales en los campos de la Restauración y de la Museología que hacen que Cuba sea reconocida en estas áreas, al tiempo que ayudan a preservar su patrimonio, fuente de recursos gracias al turismo internacional.
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El ministro de Culturas brasileño, Sérgio Sá Leitao, al referirse al desastre ha señalado como culpables a las universidades. ¿Es una forma de sacarse la culpa? ¿Qué intenciones esconden estas acusaciones?
Además de una forma de eximirse de la culpa, (su acusación) forma parte de un proceso innegable de criminalización de las universidades públicas brasileñas que camina a pasos agigantados.
El campo de la educación está siendo atacado sistemáticamente con proyectos como la reforma de la educación secundaria, la abolición de las materias obligatorias, manteniendo solamente portugués y matemáticas.
Además, se impone el concepto de «escuela sin partido», que prohíbe al maestro abordar ciertas problemáticas, en particular las referidas a cuestiones políticas y de género, asociándolas a una forma de «adoctrinamiento». Básicamente, se coloca al profesor bajo la lupa de la sospecha y a los estudiantes y sus familias en el papel de delatores.
Estas tendencias están tratando de encaramarse también en las universidades, los artistas y los museos, los últimos bastiones del pensamiento crítico, con persecuciones no fundamentadas que ya llevaron a la exoneración de muchos profesores y el suicidio de un rector.
Los ataques a la universidad pública tienen como objetivo no sólo destituirla del papel de formación ciudadana y humanista, más allá de los contenidos, sino debilitarla aún más ante la sociedad. Un cometido que los recortes de presupuesto ya consiguen en demasía, todo con el fin de crear escenarios más favorables para propuestas de privatización.
La mayoría de las críticas apuntan a que el actual Gobierno es el responsable del incendio. Pero, ¿qué tan tan cierto es esto? ¿Han sufrido muchos recortes los sectores de ciencia y cultura con el Gobierno de Michel Temer?
Lo cierto es que las áreas de ciencia y cultura nunca tuvieron presupuestos suficientes. Hubo alguna mejora con Lula y la gestión del exministro Gilberto Gil al frente de la repartición de Cultura.
Pero, el Gobierno de Temer, al día siguiente del Golpe de Estado que sufrimos, decidió suprimir los Ministerios de Cultura y de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Este último, fundido con otra “pasta”, pasó a ser el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones.
En el caso del Ministerio de Cultura hubo mucha resistencia de los servidores y de los artistas y fue recreado algunos días después. Este gesto de extinción de esta cartera de Estado representa la relevancia dada por la gestión de Temer a la Cultura.
Los recortes de presupuestos fueron devastadores también en el Ministerio de Educación, al que pertenece el Museo Nacional, con alertas de varios rectores de que las universidades estaban en colapso.
Ya habíamos vivido momentos intensos de crisis en las universidades brasileñas, por ejemplo, en la década de 1990, con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Pero lo que realmente no tiene precedentes es la Enmienda Constitucional 95/2016, que congeló los gastos en salud, educación y cultura en el país por 20 años.
En el momento en que era Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) 55/2016, esta iniciativa se conoció como «PEC del techo de los gastos» o «PEC del fin del mundo» y así se anticipaban consecuencias desastrosas. Pues, con el argumento de una necesaria austeridad (que no vale para los brazos del Gobierno donde hay más despilfarro), limitaba nuevas inversiones exactamente en las áreas que han sido históricamente sacrificadas.
La imagen del Museo Nacional consumido por el fuego, de cierta forma, materializó, ante la mirada atónita de los brasileños, este “fin del mundo” que tanto nos atemorizaba.
Y peor, anuncia el comienzo de una serie de otros eventos críticos, pues aún estamos en el segundo año de la vigencia de esta Enmienda Constitucional.
Ya pasada la desgracia, el mismo Presidente anunció que asignará un presupuesto de 10 millones de reales a la reconstrucción del Museo de Río. Sin embargo, el dinero que le correspondía este año era de solo 200 mil reales. ¿Por qué el dinero recién está disponible cuando todo parece estar perdido?
Estas son las preguntas que resuenan dentro de cada uno de nosotros en el campo de la museología, del patrimonio. El dinero siempre existió, tanto es así que aparece rápido ahora y también vemos noticias todos los días con aumentos de salarios para determinados sectores como el Judicial y el Legislativo, condonación de deudas a bancos.
Mientras tanto, no se convocan concursos desde el Ministerio de Cultura, ni en las Secretarías de Cultura de los estados y municipios, con la justificación de que los presupuestos no son suficientes.
Son políticas y decisiones que se dan en todos los niveles de gobierno, no sólo en el Federal. Digo que esta tragedia, así como otras en el campo del patrimonio, no fue un accidente, sino parte de un proyecto.
¿Y de qué servirán estos millones si se estima que el 90% del acervo ya está perdido?
Estos millones servirán para tratar de limpiar la imagen del Gobierno y crear una falsa sensación de problema superado, mientras que otros museos enfrentan problemas similares a los que el Museo Nacional venía pasando.
Además, dependiendo de dónde venga este dinero, si involucra la creación de algún tipo de consorcio de empresas que quieran donar, servirá también para mejorar la imagen de grupos empresariales y asociarlos a la benevolencia, espíritu colectivo e interés cultural.
Finalmente, no podemos olvidar que estamos a un mes de las elecciones y esta medida, apresurada y solo reactiva frente a un gran desastre, es un intento de escamotear la actitud criminal de descuido con el patrimonio y los primeros impactos visibles de la llamada «PEC del fin del mundo» -esa nefasto proyecto de enmienda constitucional, ahora ley, que congela las inversiones en salud, educación y cultura por 20 años-, ya que los diputados y senadores que la aprobaron están buscando su reelección.
Esta falta de voluntad política para atender las demandas del sector cultural, de la preservación de la memoria, del cuidado de nuestro pasado, parecen ser estructurales y un mal síntoma en toda la región. ¿A qué cree que se deba esta desatención por parte de las autoridades?
Esta semana leí una entrevista con el escritor Amos Oz, donde él afirma que la crisis democrática es fruto de la industria cultural. Creo que reflexionar sobre esto sirve para responder a esta pregunta tan compleja. Según Oz, con la conversión de la cultura en mercancía se pierde una dimensión importante de contacto entre las personas y la política.
Creo que nuestras poblaciones, y los políticos que emergen de ellas, están impregnados de esta escisión entre cultura y política, que algunos movimientos en el campo de la museología, como la sociomuseología, han denunciado y denuncian.
Tanto la política como la cultura quedaron asociadas al campo del entretenimiento, por un lado, eligiendo al candidato más divertido o más fotogénico y famoso, y, por otro, prefiriendo los museos de fácil consumo.
No es casualidad que varios de los grandes museos creados en Brasil en los últimos años fueron concebidos conjuntamente con la Fundación que lleva el nombre del dueño de la mayor red de televisión y cuyos contenidos se presentan en formatos muy parecidos a los productos de esta plataforma y narrados o presentados por su elenco.
Es en este tipo de productos culturales que nuestras autoridades todavía están dispuestas a invertir: aquello que sea de consumo fácil y que tenga impacto en los medios, dando retorno de inversión rápido en la imagen del propio político.
Es muy sintomático y doloroso que el Museo Nacional haya ardido en el año de su bicentenario, destinado a ser una gestión de celebración y de una añorada reactivación de las inversiones. Peor aún que, en la conmemoración del aniversario de 200 años de esta que es la primera institución científica y museológica de Brasil, su director no haya logrado contar con la presencia de ningún Ministro de Estado, ni de Cultura o cualquier otro. Ni siquiera de la cartera de Educación, a la que el museo está ligado.