“Se ha abierto un sumario informativo militar” es la respuesta que obtienen muchas familias de soldados que murieron prestando el servicio militar. Algunos casos de muertes de soldados bolivianos son declarados bajo reserva, amparados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Una investigación revela que solo dos de los 62 casos de muertes de soldados, entre 2011 y 2023, obtuvieron sentencia.
La investigación en la que se basa esta nota fue realizada por Opinión, de Bolivia, y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS. Puedes revisar la publicación original aquí.
Bolivia es uno de los cuatro países de Sudamérica donde el servicio militar aún es obligatorio.
Los soldados bolivianos que se someten al servicio militar obligatorio suelen ser de zonas rurales, ascendencia indígena y economías modestas. El servicio premilitar, por otro lado, exige solvencia económica: la inscripción cuesta 850 bolivianos (unos 122 dólares). A ello hay que sumar el pago de uniforme, alimentación y transporte, entre otros gastos.
El racismo y el clasismo alimentan la violencia en contra de jóvenes soldados que se ven obligados a realizar el servicio militar obligatorio, ya sea por motivos económicos, sociales e, incluso, culturales.
Samuel Montaño, investigador sobre abusos en servicios militares desde 1984, identifica que la mentalidad discriminatoria hacia soldados de origen rural e indígena es parte de la violencia estructural de las Fuerzas Armadas.
«No puede ser que oficiales, que en su mayor parte han tenido una formación elitista y vienen de familias acomodadas” no sepan lidiar con el “shock de que, cuando son destinados a unidades militares, se encuentran con que la mayor parte de los soldados son indígenas, campesinos que apellidan Mamani, Quispe”, dice.
Los reportes militares describen muertes de soldados bolivianos por golpes infligidos por instructores, disparos deliberados, asfixia por tortura, ahogamientos accidentales y enfermedades preexistentes.
Dos expertos en seguridad caracterizan estos datos como un clima de violencia estructural en las FFAA. “Una cosa es la rigurosidad que debe haber dentro de la formación y otra cosa es el abuso personal que hacen los militares (contra soldados)”, aclara Montaño.
Una tradición sobre el sometimiento del otro
Montaño señala que, antes de la creación del premilitar (servicio al que solo se acude los sábados y por el que se paga), los hijos de militares de alto rango iban al Colegio Militar: un sitio con muchos privilegios, destinado a formar «caballeros cadetes» que, posteriormente, serían designados para administrar cuarteles.
En su criterio, esta es la causa por la que muchos militares de alto rango ejercen violencia contra soldados, como un desfogue, una “tradición”.
“(Los oficiales) no tienen mejor forma para desahogar esa frustración que golpear y maltratar al soldado, para mostrarse a sí mismos que son poderosos, y eso es un defecto psicológico”.
El caso de Edwin Veizaga ilustra estas declaraciones.
Con 23 años, Veizaga estaba a punto de concluir el servicio militar y regresar a su hogar en Vueltadero, Trópico de Cochabamba. Sus padres lo esperaban orgullosos y confiando en su promesa de trabajar en el chaco y estudiar Mecánica Automotriz.
Dos semanas antes de aquel esperado retorno, su instructor, el sargento Milton García, lo castigó poniéndole un trapo húmedo en la boca, le echó agua fría encima y lo asfixió hasta matarlo.
“Cómo me lo han hecho, me lo han castigado hasta matar”, solloza la madre. “Lo necesito harto, ni un poco lo puedo olvidar”, interviene el padre.
El sargento García obtuvo sentencia de 20 años por el homicidio de Veizaga.
Sin embargo, un juez dejó “sin efecto el mandamiento de condena” y concedió al acusado prisión preventiva. Para la familia esto supone un estado de impunidad.
La justicia militar y la impunidad en las muertes de soldados
Los sumarios informativos, muchas veces, esconden las causas de muerte o establecen que el fallecido “no presenta ningún tipo de maltrato físico”.
Según Montaño, estas conclusiones llevan a tipificar las muertes de soldados bolivianos en los cuarteles como accidentes. Ello impide una investigación judicial efectiva que establezca la verdad de los hechos y las sanciones contra los agresores.
«El argumento que utilizan los militares para liberar a los señores que matan a los chicos es accidente, accidente, accidente”, apunta.
El abogado Santistevan reconoce las deficiencias de la justicia militar en Bolivia.
“No funciona, [porque] no hay fiscales, no hay un sistema organizativo penal. Solamente [existe] en gráficos, pero en la realidad esos tribunales no funcionan porque están también politizados al amparo de gente interesada”, afirma.
Sobre las sanciones establecidas por la justicia militar, Santistevan precisa que son “básicamente disciplinarias” y van de los arrestos a la baja definitiva. Esta última es la que recién habilitaría la apertura de un proceso ordinario.
“La mayor parte de los militares que han matado a los conscriptos, y digo matado porque hay pruebas que yo he visto, quedan impunes por la justicia militar”, sostiene Montaño.
La investigación documental realizada para el reportaje de Opinión y Connectas también determinó problemas con el acceso y la transparencia de los datos en estos casos.
Este factor favorece la impunidad.
Por ejemplo, la ausencia de datos judiciales no permitió establecer las causas de todas las muertes de soldados bolivianos ni a sus responsables.
Otro problema que identificó la investigación es que el número de decesos, que recopiló por medio de una revisión documental, es mayor a los 53 que reconoce la Defensoría del Pueblo un reciente informe.
Tres problemas estructurales
Si bien las muertes de soldados identificadas por la investigación periodística se dieron por razones diversas, la mayoría de casos demuestra tres problemas estructurales con la estructura militar boliviana.
En primer lugar, una cultura violenta en donde se confunde la rigurosidad castrense con la ejecución de castigos físicos y abusos que rayan en la tortura. Esto se suma además a la discriminación de los soldados de origen rural e indígena, que componen la mayoría de las víctimas.
Finalmente, la impunidad en la justicia militar frente a los casos públicos: entre 63 casos, solo dos terminaron en condenas.
