En un territorio donde la minería de wólfram dejó heridas abiertas y las cuadrículas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera amenazan con fragmentar la Casa Grande, un grupo de mujeres monitorea el bosque, rescata semillas, produce medicina ancestral y exige que su voz cuente en las decisiones sobre el futuro de la tierra que sostienen.
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Hijas de la tierra y del maíz: un tejido de resistencia llamado OMIML
En el corazón del Bosque Seco Chiquitano —el bosque tropical seco más extenso de Sudamérica, con más de 24 millones de hectáreas y más de 1.200 especies de fauna según datos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)— se encuentra Lomerío, un territorio que podría considerarse el epicentro de la resistencia monkox.
Lomerío es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), figura legal boliviana que reconoce la propiedad colectiva de territorios indígenas, donde se garantiza el derecho al uso y gestión de los recursos naturales.
La TCO de Lomerío agrupa 28 comunidades, con unos 6.440 habitantes, el 89 % del pueblo indígena chiquitano monkox.
En 1996, los monkox iniciaron la demanda de 300.000 hectáreas que constituyen sus territorios ancestrales; tras diez años obtuvieron la titulación de 259.188 hectáreas. En 2008, la Asamblea General de Comunidades declaró a Lomerío como el primer Territorio Indígena Autónomo de Bolivia.
En este territorio, el 7 de diciembre de 2021, se fundó la OMIML, la Organización de Mujeres Indígenas Monkox de Lomerío. Su nacimiento fue una respuesta necesaria a años de silenciamiento por parte de los varones y el Estado; un levantamiento que surgió cuando el fuego arrasó su territorio y las actividades extractivas amenazaron con romper la tierra que ellas llaman “la Casa Grande”.
Para doña María Choré, presidenta de la OMIML, este despertar fue un hito histórico con sacrificio. Dejar a los hijos en casa para asumir una responsabilidad tan grande es una tarea agotadora; los tropiezos vienen de dentro y de fuera.
Doña María recuerda que la semilla de la organización tardó una década en germinar:
“En 2021, durante el primer encuentro de mujeres en el territorio de Lomerío, hicimos un recuento y comprendimos que nuestra organización no nació ese día, sino que venía de mucho tiempo atrás. Llevábamos al menos diez años caminando, entre intentos que se frenaron, apoyos que se cortaron y un machismo que nos decía que nuestro lugar era otro”.
“Así fue como nos organizamos: para capacitarnos en cada necesidad y aprender cómo debe desenvolverse una mujer que defiende su cuerpo, su territorio y la vida”, recuerda con una voz firme pero llena de emoción.
Durante estos casi cinco años, la OMIML ha aprendido a caminar bajo una presión de doble filo: por un lado, las urgencias frente a las que las mujeres, desde sus comunidades, demandan solución y, por el otro, la amenaza externa del extractivismo. Frente a esto, han construido cuatro líneas de acción: monitoreos socioambientales, rescate de semillas nativas, fortalecimiento de la medicina ancestral y una alternativa económica basada en lo que ellas llaman “el verdadero oro verde” —la almendra chiquitana y el aceite de copaibo—.
Este recorrido ha hecho visible que la mujer es quien produce y sostiene. Desde ahí se consolidan alternativas como la recolección de la almendra chiquitana y el rescate de semillas nativas de maíz, algodón, caña y frijol que los abuelos cultivaban en el Chaco. Incluso la medicina ancestral, a través de pomadas y jarabes, está generando hoy recursos económicos propios.
Como explica doña María:
“Antes no podíamos tomar decisiones sin la organización mixta. Dijimos que, si nos organizábamos, íbamos a tener más apoyo, más aprendizaje y más capacitación. Para nosotras, tener hoy mujeres capacitadas en liderazgo, monitoreo, elaboración de proyectos y administración comunitaria es un realce histórico. Ya estamos ejecutando alternativas productivas con nuestras semillas y, aunque todavía estamos aprendiendo a llevar adelante la incidencia política, ya no somos invisibles”.
Sin embargo, el trayecto no ha estado libre de obstáculos. La falta de recursos económicos, las dificultades de transporte para llegar a las 29 comunidades del territorio y el machismo persistente son piedras que aún no se terminan de mover.
“Ya somos una organización con identidad, reconocida a nivel regional, nacional e internacional”, afirma María con orgullo. “La diferencia con los años atrás es que ahora nuestra opinión se respeta; ya proponemos y sabemos diferenciar qué está bien y qué está mal. Estamos fortaleciendo la participación de las mujeres en los directorios comunales con equipos técnicos de género y, especialmente, en el monitoreo territorial, que es lo más fuerte que tenemos”.
La pausa minera frente a las cuadrículas de la AJAM
La soberanía en el territorio de Lomerío se selló legalmente con la Resolución 01/2015 de la CICOL (Central de Comunidades Indígenas de Lomerío). No fue un acuerdo informal, fue una decisión de la Asamblea General de Comunidades —la máxima instancia de autogobierno monkox—.
Para entender por qué fue necesaria esta resolución, hay que conocer el antecedente.
En la comunidad de El Puquio, dentro de Lomerío, la extracción de wólfram —un mineral de alta dureza demandado por la industria armamentística, minera y aeronáutica— dejó una herida abierta.
Según un reportaje de Debates Indígenas de 2024, la explotación de wólfram en El Puquio generó degradación del suelo y contaminación de fuentes de agua, dividió a las comunidades con promesas incumplidas de progreso y dejó la tierra improductiva. En 2018, la Gran Asamblea de la CICOL declaró la pausa minera para prohibir nuevos ingresos de empresas extractivas al territorio.
La resolución establece la prohibición total de nuevas actividades mineras y la paralización de las existentes dentro de las 259.188 hectáreas de la TCO Lomerío: “Declarar a todo el territorio indígena de la Nación monkoxi de lomerio [sic] en pausa minera. Esta medida será aplicada a partir de la fecha hasta que se haya realizado una evaluación total y completa de las actividades mineras dentro del territorio”.
Mientras Lomerío firmaba esta resolución para proteger su Bosque Seco Chiquitano, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) superponía cuadrículas mineras sobre el territorio indígena. Las cuadrículas son divisiones geográficas que el Estado utiliza para otorgar concesiones mineras, y su imposición sobre territorios indígenas es una forma de fragmentar la propiedad colectiva sin consulta.
Esta superposición vulnera directamente el espíritu de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Los artículos 30, 352 y 403 de la Constitución reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
Específicamente, el artículo 30, numeral II, inciso 15, garantiza el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
Asimismo, el inciso 16 del mismo artículo establece su derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Esto refuerza la integralidad territorial establecida en el artículo 403, la cual protege el territorio frente a la fragmentación para otorgar concesiones a terceros sin la gestión propia de sus habitantes.
A esto se suma que la Ley 535 de Minería y Metalurgia —criticada por organizaciones como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación (CEJIS)— y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT garantizan la consulta previa, libre e informada. En la práctica, la AJAM suele reducir este derecho a un trámite administrativo. Para el pueblo monkox, el territorio es indivisible: al “cuadricular” Lomerío, el Estado fragmenta la Casa Grande, e ignora que una actividad minera aguas arriba puede contaminar todo el sistema hídrico.
Las empresas y cooperativas privadas llegan con promesas de aparente progreso: arreglo de caminos y construcción de escuelas y postas sanitarias que el Estado ha omitido. Rosa Pachurí, presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), es enfática al denunciar que estas promesas son solo palabras: “Llegan con un discurso de desarrollo que solo busca dividirnos; ofrecen dinero hoy, pero nos dejan el desierto mañana”.
Esta presión extractiva no solo fractura la tierra, sino también el hogar. Cuando los varones se emocionan con el ingreso de las mineras, las discusiones estallan bajo el techo familiar.
“El territorio está estructurado de manera machista que a veces no permite que la mujer tenga un espacio para repensar que lo que está viviendo no es normal. Las organizaciones mixtas suelen opacar a las de mujeres, impidiéndoles imponer sus necesidades como espacios colectivos de resiliencia frente a las amenazas”.
El contexto en que opera la OMIML es complejo.
Según la Encuesta de Demografía y Salud 2023 (EDSA), presentada por UNFPA Bolivia en junio de 2025, aproximadamente 900.000 mujeres bolivianas de entre 15 y 49 años son sobrevivientes de violencia basada en género —una de cada tres—, y solo el 17 % denuncia.
Bolivia registró 84 feminicidios en 2024 y 81 en 2025, con Santa Cruz —el departamento donde se ubica Lomerío— como segundo y tercer departamento con más casos (15 en 2024, 17 en 2025). La Fiscalía registró además 50.325 casos de violencia de género en 2024.
Bolivia registra una de las tasas de feminicidio más altas de Sudamérica, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2023, el país cerró con 81 casos reportados por la Fiscalía General del Estado, con el departamento de Santa Cruz como uno de los que históricamente concentra la mayor cantidad de hechos violentos. Esta realidad golpea con doble fuerza en los territorios indígenas, donde la desposesión de tierras y la falta de servicios de justicia estatales dejan a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.
En un taller regional de Cultural Survival con defensoras indígenas de Sudamérica, Rosa Pachurí —lideresa chiquitana y presidenta de la ORMICH— compartió esta reflexión: “Así como nuestros cuerpos sufren violencia, así como nuestros cuerpos son violados, así son violadas nuestras tierras y territorios. Cuando esto sucede, las mujeres son las más afectadas”. Las participantes coincidieron en que los casos de violencia sexual aumentan cuando las empresas extractivas ingresan a las comunidades.
Frente a este hostigamiento constante, la OMIML ha tenido que reinventar lo que significa un “lugar seguro”. Para Fabiola Camacho, psicóloga e investigadora independiente, la sanación en Lomerío no ocurre necesariamente entre cuatro paredes, sino en las prácticas cotidianas que han sido históricamente desvalorizadas. Lavar la ropa en el río, cocinar colectivamente o sentarse a tejer son los verdaderos momentos de catarsis monkox.
“Es necesario recuperar esas prácticas que antes no se nombraban como espacios de catarsis, pero sí lo eran. La OMIML permite que el diálogo entre mujeres deje de verse como un ‘chisme’ y se entienda como un acto de ayuda mutua —explica Camacho—. Cuando una mujer comparte su historia de violencia o su miedo a la mina, genera lazos de confianza que le permiten decir: ‘si ella pudo salir, yo también puedo’. Esa es la resiliencia colectiva que sostiene el territorio”.
La resistencia al extractivismo en Lomerío es también una lucha por la autoestima. El reconocimiento de su propia voz permite que las mujeres monkox dejen de ser “la secretaria” o “la vocera”, para aspirar a ser caciques generales.
Monitoras de la vida y el retorno al oro verde
Frente a la amenaza minera, las mujeres de la OMIML han dado un salto histórico: pasaron de las asambleas de escucha a la fiscalización activa. Hoy, ser guardiana del territorio en Lomerío no es solo un mandato ancestral: es una labor técnica. Las mujeres han cambiado las palas por herramientas tecnológicas como el GPS, drones y celulares, y se han convertido en monitoras socioambientales que vigilan cada rincón de la Casa Grande, incluyendo el manejo de datos satelitales de focos de calor que coordina el CEJIS con la CICOL.
Esta formación no es un ejercicio académico vacío. Para Margarita Charupa, monitora socioambiental del territorio, el monitoreo es la forma de arrebatarle al Estado el control de la información: “El monitoreo nos permite tener la información de primera mano y actualizada para que nuestra dirigencia tome acciones. No necesitamos que empresas privadas vengan con su personal técnico”.
Para las monitoras, caminar más de cinco kilómetros bajo el sol no es solo un esfuerzo físico, es un acto de amor por el bosque. Margarita relata que esta labor les permite “apreciar el territorio” como nunca lo haría un ingeniero minero. Mientras que la industria minera clasifica el agua como un insumo operativo para el procesamiento de minerales, las mujeres la ven como el elemento vital que sacia la sed de sus hijos y de las futuras generaciones. El monitoreo les otorga el poder de la denuncia: si una fuente de agua es contaminada por químicos de actividades externas, ellas tienen el dato exacto, la coordenada precisa y la prueba científica para frenar el atropello.
La universidad en el monte: reducción de la brecha digital
Este blindaje técnico ha sido posible gracias al acompañamiento de la Universidad NUR. Mirna Liz Inturias, investigadora de la universidad, destaca que la formación en gestión y administración de proyectos ha abierto una nueva visión de desarrollo. “Si una universidad puede reducir las brechas digitales en el territorio, eso ya es un gran aporte”, señala Inturias. Al aprender a manejar Excel, formular presupuestos y dominar la oratoria, las lideresas monkox ya no dependen de las “donaciones” de las mineras. Ahora son ellas quienes diseñan su propio futuro.
Esta capacidad administrativa ha dado vida a lo que ellas llaman “el verdadero oro verde”. Mientras la minería promete un progreso que deja desierto, las mujeres proponen la sostenibilidad:
- Farmacia viva y rescate ancestral: Las mujeres han rescatado el conocimiento de las abuelas para transformar el monte en medicina. Utilizando derivados de la miel de abejas nativas y especies locales, han desarrollado productos de medicina natural.
- Cosecha de agua y vida: Ante las sequías extremas que azotan la Chiquitanía, la OMIML ha priorizado la gestión de proyectos para la cosecha de agua. Saben que sin el líquido vital no hay huertos ni futuro.
- El oro verde (almendra y copaibo): La recolección de productos no maderables permite generar ingresos sin derribar árboles. Transforman la almendra chiquitana en confites y el aceite de copaibo en champú.
- Soberanía alimentaria: El rescate de semillas nativas y la creación de huertos agroecológicos garantizan que el plato de comida en Lomerío sea propio, sano y libre de químicos.
Si antes se veía a las mujeres indígenas solo como vocales o secretarias, hoy se las ve como gestoras de un modelo de gobernanza que desafía al extractivismo, según señala la investigadora Inturias.
De la Chiquitanía a la COP30
Lo que se vive en Lomerío ya no es un secreto guardado bajo el Bosque Seco Chiquitano. La experiencia de las mujeres de la OMIML se ha transformado en un testimonio vivo que han llevado hasta los foros internacionales de negociación climática.
Sin embargo, esta verdad choca con la realidad de los grandes escenarios internacionales. En la COP30 en Belém, Brasil (noviembre de 2025), se hizo evidente una división profunda: mientras en la Zona Azul se concentraban las negociaciones formales entre Gobiernos y grandes ONG, los representantes de pueblos indígenas —más de 3.000, según Cultural Survival— denunciaron haber sido excluidos de los espacios de poder.
Rosa Pachurí Paraba, presidenta de la ORMICH, vivió esta exclusión en carne propia como observadora en Belém:
“Hemos visto que nosotros como pueblos indígenas no estamos siendo incluidos en las negociaciones. Las empresas están reunidas con las ONG proponiendo recursos económicos, pero a nosotros nos tienen como un atractivo en la zona exclusiva, mientras las amenazas de la minería atraviesan nuestros ríos, tierras y hasta nuestros propios cuerpos”.
Esta exclusión internacional tiene su reflejo en las políticas internas de Bolivia. Mientras el Estado actualiza sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) con promesas de reducción de emisiones, en el territorio chiquitano la minería entra sin consulta previa efectiva, vulnerando la Constitución, según denuncian organizaciones como el CEJIS y la OCMAL. Pachurí denuncia que las cooperativas utilizan el engaño como llave de entrada: “Entran con un discurso de que habrá ingresos, caminos y escuelas, pero es falso. Usan una simple reunión para hacerla pasar por consulta previa, dividiendo a las comunidades y sobornando a dirigentes”.
Para las mujeres de Lomerío, el impacto no es una estadística, es una herida en la salud. El uso intensivo de agua por las mineras en una región que ya padece por la sequía es crítico. “Al contaminar el agua con mercurio, contaminan los pocos peces que tenemos y eso es fatal para nosotros como seres humanos”, sentencia la lideresa.
Aunque no se han realizado estudios de mercurio específicos en Lomerío —donde la minería principal es de wólfram, no de oro—, la denuncia de las mujeres monkox se enmarca en una crisis nacional documentada.
Un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) realizado entre 2022 y 2023 reveló que el 74,5 % de las 302 personas evaluadas en seis pueblos indígenas de tierras bajas supera el límite de mercurio permitido por la OMS (1 ppm), con concentraciones de entre 1,9 y 6,9 ppm. Los pueblos más afectados —esse ejja y tsimane— no son mineros: se contaminaron por consumir pescado de ríos donde opera la minería aurífera aguas arriba.
Según un balance ambiental de Bolivia publicado por Mongabay Latam en diciembre de 2025, la minería ilegal se expandió sin control hacia áreas protegidas y territorios indígenas durante ese año, y nueve de cada diez mujeres indígenas evaluadas presentan altos niveles de mercurio en su organismo. La importación de mercurio en Bolivia lo evidencia: aumentó un 60 % entre 2012 y 2022, de 15,8 a 94,7 toneladas anuales, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Bolivia emite unas 133 toneladas de mercurio al año, el 70 % proveniente del sector minero.
En el caso específico de Lomerío, Anacleto Peña Supayabe, cacique general de la CICOL, denunció en Debates Indígenas que “las empresas y cooperativas que llegan a nuestras tierras presionan y amenazan a las autoridades y a los comunarios con traer a la fuerza pública”, lo que confirma el patrón que denuncian las mujeres de la OMIML.
Al final, la lección de Lomerío para el mundo en crisis es simple pero innegociable. Como dice Rosa Pachurí, con la mirada puesta en un bosque que todavía respira gracias a sus manos:
“Sin mujeres no hay justicia climática”.
Este artículo es parte de la serie producida bajo el programa Get Ready for the COP, ejecutado por DW Akademie con el financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido es responsabilidad de su autoría y no refleja las opiniones de DW Akademie.
