Para entender mejor y explicarle a las autoridades porque no creemos en su versión sobre lo que le sucedió a María Fernanda Paucara, recopilamos 23 casos de delitos sexuales que involucran a policías (entre 2014 y 2021) y ocho casos de tentativa de feminicidio y feminicidio (entre 2018 y 2021).
La Policía no nos cuida, nos viola y asesina. No nos van a silenciar.
¿Qué pasó con María Fernanda Paucara la noche del 5 de octubre en la celdas del módulo policial de Chasquipampa? Es una pregunta que las autoridades policiales no han podido responder de manera coherente en casi dos semanas.
En cambio, ofrecen explicaciones que no convencen a la familia de la víctima ni a la opinión pública. Nadie, “nadie se suicida en una comisaría”.
Los crímenes de violencia machista y patriarcal cometidos por miembros de la institución policial no son hechos aislados. Ocurren de manera continua, mes tras mes, año tras año. Los atentados policiales en contra de las mujeres son sistemáticos y estructurales.
🙋♀️ #11deOctubre
👮👮♀️Mensaje institucional del Sr.Cnl.DESP.Jhonny Aguilera Montecinos, Comandante General de la Policía Boliviana a.i. en el #DiaNacionalDeLaMujerBoliviana.🇧🇴 Porque somos #LaPolicíaDeTodosLosBolivianos pic.twitter.com/QBuPmoBJjC
— POLICIA BOLIVIANA (@Pol_Boliviana) October 11, 2021
Por eso cuando el comandante de la Policía nacional, Jhonny Aguilera, lanza una salutación ridícula y demagoga en el Día de la Mujer Boliviana, no recibe agradecimientos, sino respuestas a la muerte de una joven que estaba bajo custodia policial.
Por eso cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, antes que solidarizarse con la pérdida de la familia, decide minimizar el hecho y culpabilizar a la víctima, también decide negar una realidad demasiado evidente: la Policía es un nido de corrupción, abusos, violencia y machismo.
La Policía, en más de un caso, es la guarida del feminicida y el violador.
Las irregularidades en el caso de María Fernanda no son una excepción, forman parte de una larga cadena de antecedentes que involucran a policías en detenciones arbitrarias, abusos sexuales, violaciones y feminicidios.
Una cadena que también puede entenderse como un modus operandi.
Algunos antecedentes
Según una editorial del diario La Razón, en doce meses entre 2015 y 2016, 14 policías fueron aprehendidos por delitos de orden sexual.
En 2020, entre los meses de enero y agosto, según reportó Los Tiempos, 222 policías habían sido denunciados ante la FELCV por violencia física, psicológica, sexual y feminicidio.
En julio de 2021, informó Página Siete, la misma Policía anunció que llevaría a más de 300 de sus hombres a terapia luego de haber sido denunciados por violencia contra la mujer.
Pese a que la podredumbre patriarcal en filas policiales es evidente y casi constitutiva, por fuera de las cámaras y los discursitos circunstanciales de comandantes y ministros, no parece existir predisposición para sanear la institución.
En otro reportaje publicado por Página Siete, en agosto de este año, una representante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres comentaba que “no hay datos reales (sobre la violencia policial contra las mujeres), ahora estamos trabajando en ellos porque hemos visto que es un tema recurrente que requiere atención, ya que hay un fuerte abuso de poder” que impide a las víctimas obtener justicia.
“La Policía no nos cuida… “
Como no se trata de un hecho aislado, para entender el caso de María Fernanda es necesario mirar a detalle los antecedentes que mencionamos antes.
Debido a los altos índices de encubrimiento, impunidad y manipulación de la Justicia, es muy difícil conocer cifras exactas de los crímenes policiales en contra de mujeres.
Sin embargo, realizamos una recopilación de 31 casos de abusos sexuales, tentativas de violación, violación, tentativa de feminicidio (como principales delitos) que involucran a miembros de la Policía boliviana.
En la sistematización de los datos se revelan patrones en el accionar policial que conocemos en la calles de hecho, pero que no siempre analizamos y respaldamos con datos.
En 10 de los 23 casos de abuso sexual y violación, las víctimas estaban bajo resguardo policial. Ya sea como privadas de libertad (una de ellas encarcelada de manera irregular) o luego de haber sido trasladadas a instalaciones policiales.
En seis de ellos, además, hay más de un autor. Por lo general cinco o seis, la misma cantidad de involucrados en la muerte de María Fernanda.
En casi la mitad de esos crímenes (cuatro), el modus operandi de los violadores fue similar a lo que se conoce del caso de María Fernanda.
Una patrulla intercepta a la víctima, le achacan algún delito menor, la secuestran en dependencias policiales y cometen el delito.
A estos podría sumarse un reporte en el que la víctima fue a denunciar la desaparición de un conocido, luego fue arrestada como “principal sospechosa” y, finalmente, fue violada en celdas policiales.
En las 22 denuncias en las que se difundió la edad de la víctima, ninguna supera los 28 años. En 10 de los casos la víctimas fueron niñas y adolescentes (entre los 11 y los 17 años). Las restantes tenían entre 19 y 28 años. Una de ellas tenía la misma edad que María Fernanda.
Más datos alarmantes
Existen reportes de violaciones y feminicidios perpetrados por policías en todos los departamentos del país, tanto en ciudades capitales como en intermedias.
Siete de los policías involucrados en estos casos tenían antecedentes delictivos de algún tipo. Algunos de ellos habían sido denunciados por violencia contra la mujer, pero seguían desempeñando sus funciones.
En seis de los 31 casos la crueldad fue extrema. Entre los crímenes se reportan secuestro, tortura, violaciones reiteradas, tentativa de feminicidio y feminicidio.
Además, en doce de ellos las agresiones eran recurrentes y sistemáticas, incluso durante varios años.
Según los datos que obtuvimos, UTOP, GACIP, FELCN, FELCC, Tránsito y Dirección de Salud y Bienestar son algunas de las reparticiones policiales con oficiales involucrados en delitos de violencia contra las mujeres.
Es especialmente preocupante el caso del GACIP, que muchas veces recluta a jóvenes voluntarias y voluntarios en coordinación con juntas vecinales y unidades educativas.
En la mayoría de los casos hay una marcada diferencia de edad entre los agresores y las víctimas.
En 24 casos en los que se conoce la edad de la víctima, ninguna tiene más de 29 años.
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