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Medios y políticos criminalizan a migrantes venezolanos sin respaldo estadístico

Ya sea por subir el rating, en busca de legitimidad o “bombas de humo” mediáticas, la prensa y la clase política boliviana alimentan la xenofobia y estigmatizan a las personas venezolanas que migran empujadas por la crisis humanitaria en su país y restricciones regionales que les cierran las puertas.

“Y es que los robos se incrementaron de sobremanera”, dice con tono afectado Claudio Rojas. Exactamente 15 segundos antes, el presentador de noticias resalta, sin ningún respaldo informativo, la nacionalidad de tres delincuentes acusados de varios asaltos. Pese a su parquedad noticiosa, el video su velado mensaje xenófobo suma más de cien mil reproducciones en Facebook.

Esta es un hábito de la prensa boliviana, especialmente en aquella que busca el clic fácil en redes sociales o que pretende inflar su rating a través del sensacionalismo.

Las víctimas de los estigmas que derivan de estas malas prácticas periodísticas son siempre las mismas: poblaciones vulnerables. Entre ellas, en el último tiempo, se incluyen lxs migrantes venezolanxs, que recorren el continente en busca de un hogar.

Los principales periódicos del país, durante el último mes, publicaron más de una decena de notas donde asocian la nacionalidad venezolana con reportes sobre diversos crímenes y titulares sensacionalistas.

Las principales televisoras bolivianas, en un recuento de sus contenidos en sus canales de YouTube, marcan «cupos de xenofobia» similares.

Una muestra es un canal de YouTube denominado «Delincuencia Importada Bolivia», que recopila clips de las secciones policiales de los principales informativos de la televisión nacional. De 84 videos, once buscan desprestigiar a lxs migrantes venezolanxs.

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Pese a que Bolivia es uno de los países que recibe menor cantidad de migrantes venezolanos en la región, una peligrosa retórica xenófoba es alimentada sistemáticamente desde los medios de comunicación y algunas instituciones gubernamentales.

Este discurso se sustenta en la supuesta y nunca probada incidencia del flujo migratorio venezolano en el incremento de la delincuencia y el deterioro de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, las cifras oficiales contradicen las especulaciones, basadas en hechos aislados, de presentadores televisivos y representantes gubernamentales.

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¿Qué dicen los números?

Actualmente, Bolivia acoge oficialmente a 10 mil migrantes y refugiados venezolanos. Según el director general de Migración, Marcel Rivas, esta cifra se duplica si contamos con aquellos que no regularizaron oportunamente su estatus.

Usando este último dato, un sencillo calculo arroja que hay 18 personas venezolanas por cada 10 mil habitantes. Es decir, representan el 0,18% de la población total.

Estadísticamente, su influencia en una de las tasas de criminalidad más bajas de la región (Bolivia está muy lejos de su vecinos en este aspecto) no puede ser más que marginal. En realidad, muchos venezolanos huyen de la violencia del crimen en su propio país.

Por otra parte, informes de los últimos tres años de la Dirección General de Régimen Penitenciario publicados por el INE, revelan que, debido a su baja cantidad, los reclusos de nacionalidad venezolana se incluyen en la categoría “otros países de América”.

En 2019, este conjunto entre la cantidad de reos extranjeros en Bolivia no sobrepasa los 50, sobre un total de 723.


Como apunte complementario, en un documento al que tuvo acceso esta redacción, la oficina de Migración reporta solo un venezolano repatriado “por delitos” entre 2015 y 2020.

Asimismo, los informes de UNODC sobre las tasas de asaltos graves y homicidios, dos de los indicadores clave para hablar de inseguridad, registran un leve incremento de la primera y descenso en la segunda entre el 2017 y el 2018.

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Según el portal especializado Insight Crime, el Gobierno boliviano no actualizó esta información para 2019. Tampoco pudimos encontrar ni acceder a reportes preliminares sobre la actual gestión.

El único reporte público es uno del Ministerio Público, donde informan sobre una considerable reducción de la criminalidad durante la primera semana de la cuarentena (550 denuncias en siete días, frente a un promedio de 2,500 casos).

Carne de cañón en la política

Aunque el informe sobre la situación de migrantes y refugiados venezolanos de la OEA sugiera que hay un nuevo enfoque, con «una perspectiva más humana», respecto a esta problemática durante la gestión de la presidenta Jeanine Áñez, la realidad es que algunas autoridades del Gobierno transitorio sostienen una campaña mediática que estigmatiza a esta población.

El 15 de noviembre de 2019, con un país todavía convulsionado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó públicamente a nueve ciudadanos venezolanos acusándolos de estar implicados en actos de sedición.

Las fotografías de los detenidos fueron publicados ampliamente por la prensa sin respetar el derecho a la presunción de inocencia ni indagar en la veracidad de los señalamientos gubernamentales, en medio de una coyuntura política compleja.

Por la noche, en la televisión internacional, el mismo Murillo redujo la cantidad de detenidos y habló de solo cuatro “sospechosos”, que habían sido detenidos, según el relato de la autoridad, con “uniforme de la Policía venezolana”.

“Esa gente va a ser procesada”, dijo entonces uno de los ministros más poderosos del Gobierno transitorio. No obstante, como apuntamos antes, hasta el momento, la oficina de Migración tiene el registro de una sola deportación con “causales” de delitos graves (entre ellos el terrorismo).

Captura del informe de la Dirección General de Migraciones.

Este tipo de declaraciones oficiales, provocaron también el brote de campañas mediáticas xenófobas que se sintieron en las calles.

“Con esto de que agarraron cubanos y venezolanos en las marchas, también hubo un poco de xenofobia. Eso replicó en la confianza de los patrones hacia los venezolanos que tenían contratados en sus empresas. Ha sido duro”, le contó un médico venezolano a Europapress en diciembre de 2019.

Pero los contantes señalamientos hechos por Murillo a la comunidad venezolana no son los únicos.

El director de la oficina de Migración del Gobierno transitorio, Marcel Rivas. Foto: RPO

El mismo director de Migración hizo este tipo de declaraciones en contra de migrantes venezolanos, sin ampliar detalles ni justificar sus aseveraciones.

A finales de noviembre, Rivas apuntó, sobre la repatriación de 35 ciudadanos venezolanos, que tenía la presunción de que estos tenían otros propósitos “diferentes al turismo o la búsqueda de trabajo”.

De las pantallas y las testeras a las calles

“Un extranjero trabajando”, dice en un sinsentido y con mucha rabia el hombre que realiza la filmación. El “extranjero” es un chofer venezolano que conduce un vehículo que lleva en su carroza una gigantografía informativa del Tribunal Supremo Electoral.

La víctima del ataque xenófobo, visiblemente afectada, no responde a la agresión y se limita a decir “soy una persona decente, no sé por qué me atropellan”.

Esta escena tiene lugar en Santa Cruz de la Sierra y fue difundida por una cuenta en Twitter, activa desde noviembre de 2019, que publica solo contenido de respaldo al religioso y ultraconservador Luis Fernando Camacho.

La velada campaña de estigmatización sobre ciudadanxs venezolanxs empujada por líderes de opinión, autoridades y “periodistas” tiene sus consecuencias en las calles, sobre los derechos y la integridad de lxs migrantes.

Otra escena similar se vivió en La Paz, la sede de Gobierno, cuando un funcionario del ministerio de la Presidencia, según reportó la agencia ANF, arremetió, en un ataque discriminatorio, contra dos jóvenes venezolanos que vendían golosinas en la populosa zona de El Prado.

Ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en La Paz, a sola denuncia de funcionario de Gobierno. Foto: ANF

Sin pruebas que corroboren la acusación por robo agravado y con la “desaparición” de la parte denunciante, los caribeños fueron detenidos en la cárcel de San Pedro.

“Uno hace todo lo posible para ganar honradamente, somos inocentes, padre, ahí están las pruebas, no es justo que nos traten así”, dijo a la prensa uno de los afectados.

Pero este hecho, que inmiscuye a un empleado del Estado, policías, fiscales y jueces, no es un fenómeno aislado. Devela una xenofobia estructural, cada vez más presente entre la ciudadanía, alimentada por autoridades, figuras públicas y políticos.

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