Bolivia enfrenta una crisis silenciosa que afecta principalmente a niñas y adolescentes. El país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en índices de violencia sexual y embarazo adolescente. Esta realidad perpetúa ciclos de desigualdad, ahondados por las barreras que se imponen a la Interrupción Legal del Embarazo en Bolivia.
Según cifras de la Coordinadora de la Mujer, en 2023 se registraron 1,376 interrupciones legales del embarazo (ILE) en Bolivia. 294 fueron por violencia sexual. Lo más alarmante: el 59% de las violaciones se cometen contra menores de 15 años.
La situación es particularmente grave en ciertos municipios.
La Defensoría del Pueblo identificó 36 localidades donde existe alta probabilidad de que los embarazos adolescentes sean resultado de violación sexual. Los casos más críticos se encuentran en Guanay, donde se estima que el 46.81 % de los embarazos adolescentes provienen de violencia sexual. Después aparecen Portachuelo (40.98 %), Cuatro Cañadas (37.04 %), Monteagudo (29.03 %) y Chimoré (27.78 %).
Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud revelan que entre 2015 y 2022 se registraron 433,352 embarazos de niñas y adolescentes, de los cuales 28.408 (6.20%) correspondieron a niñas entre 10 y 14 años, y 429.838 (93.80 %) a adolescentes entre 15 y 19 años.
El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) reportó 1,636 embarazos en menores de 15 años solo hasta agosto de 2021. Esto significa que en Bolivia se registró una niña embarazada cada tres horas y media. En casi todos estos casos, los embarazos fueron provocados por agresiones sexuales, donde los perpetradores generalmente tenían algún grado de parentesco y vivían en el mismo hogar.
BARRERAS Y OBSTÁCULOS: CUANDO LA LEY NO SE CUMPLE
A pesar de contar con un marco legal que contempla la Interrupción Legal del Embarazo en casos específicos, el acceso a este derecho sigue siendo limitado para niñas, adolescentes y mujeres bolivianas. La distancia entre la normativa y su implementación efectiva configura una segunda forma de violencia institucional contra las víctimas.
La Sentencia Constitucional Plurinacional N.° 206/2014 estableció que para acceder a una ILE en casos de violencia sexual, solo se requiere presentar copia de la denuncia realizada ante autoridades competentes (Policía, Fiscalía o autoridades originarias) y el consentimiento informado de la víctima.
La sentencia eliminó dos requisitos previamente exigidos: que se hubiera iniciado formalmente una acción penal y la autorización judicial.
«Tenía 14 años cuando acudí a un hospital con la denuncia. Me hicieron esperar varias horas y luego me informaron que no había personal disponible para atenderme. En otro centro me pidieron documentos adicionales que la ley ya no exige. Después de muchos intentos, el embarazo avanzó demasiado y me dijeron que era mejor continuar», relata una adolescente que solicitó mantener su anonimato.
Una investigación de la Defensoría del Pueblo reveló que solo el 46 % (seis de 13) de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo han capacitado a su personal sobre la ILE. Más preocupante aún, el 42 % (cinco) no cuenta con Misoprostol, medicamento esencial para este procedimiento, y ninguno dispone de Mifepristona.
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA: DERECHO PERSONAL TRANSFORMADO EN BARRERA INSTITUCIONAL
La objeción de conciencia, aunque definida legalmente como una decisión personal y no institucional, se ha convertido en una barrera sistemática.
El reglamento establece que los médicos objetores deben comunicar su impedimento por escrito al director del servicio, quien debe garantizar el procedimiento dentro de las 24 horas siguientes, pero esta disposición frecuentemente se incumple.
El caso «Beatriz» (nombre cambiado), documentado por la Defensoría del Pueblo, evidencia la gravedad de la situación. Esta adolescente de 16 años, víctima de violencia sexual, fue desafiliada de su seguro médico para negarle el acceso a la ILE:
«Se constató la vulneración de derechos de la adolescente Beatriz de 16 años, a quien la Caja Nacional de Salud (CNS) negó la atención del servicio de la ILE en el Hospital Obrero de Cochabamba, quitándole el derecho al seguro médico so pretexto de una errada interpretación del ‘Reglamento para la afiliación de hijos hasta los 25 años de edad'», señaló Callisaya.
La desinformación es otra estrategia para negar este derecho. Una adolescente denunció:
«Había la posibilidad de abortar, pero los médicos me dijeron que ya había pasado de las 12 semanas y ya no era posible.»
Esta situación configura una doble vulneración: primero la agresión sexual y luego la vulneración institucional que impone maternidades no deseadas.
EL CASO YAPACANÍ: UNA MUESTRA DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL
El caso de una niña de 11 años violada y embarazada en Yapacaní en 2021 se convirtió en emblemático al evidenciar cómo operan las barreras para acceder a la ILE. A pesar de cumplir con tres causales claras para acceder a una interrupción legal (violación, estupro e incesto), la Iglesia Católica boliviana, junto a instituciones públicas y privadas, vulneraron sus derechos fundamentales.
Esta niña fue solo una entre las 2,618 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual registradas por la Fiscalía en aquel año, lo que representa aproximadamente 10 niñas abusadas sexualmente cada día en Bolivia.
En 2025, esta cifra no ha disminuido. Solo hasta el 15 de abril (109 días) se registraron 1,113 delitos delitos de violencia sexual (violación y estupro) en contra de niñas, niños y adolescentes.
Cuatro años después del caso de Yapacani, poco ha cambiado para las víctimas de esta violencia estructural.
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en 2021, manifestó su preocupación por «los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años». El comunicado de ONU Bolivia resaltó que el embarazo de la niña en Yapacaní «atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación».
Mucho antes, más de una década atrás, el entonces Relator Especial sobre la Tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su informe de 2013, subrayaba que «el acceso a un procedimiento de aborto para víctimas de violación es prácticamente imposible».
Lo que conlleva para las víctimas, aún en nuestros días, sometimiento a malos tratos, angustia y sufrimiento físico y mental.
«Cuando llegué al hospital con mi madre, nos dijeron que debía continuar con el embarazo. No me explicaron mis derechos ni me ofrecieron opciones. Sentí que no me escuchaban, que mi voz y mis sentimientos no importaban», comparte otra víctima que prefirió no revelar su identidad.
RIESGOS PARA LA SALUD Y LA VIDA: LOS DATOS CIENTÍFICOS CONTRA LA DESINFORMACIÓN
La negación del acceso a la ILE tiene graves consecuencias para la salud y vida de niñas y adolescentes.
Según el UNFPA, la mortalidad materna en América Latina y el Caribe se encuentra entre las tres primeras causas de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años. En menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que en mujeres adultas.
Investigaciones más recientes son aún más alarmantes: las niñas entre 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto, según Plan International. Datos del Seguro Integral de Salud de Perú indican que este grupo etario tiene cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.
El riesgo no solo es para las niñas y adolescentes embarazadas, sino también para los recién nacidos. Según la ONU, los productos de embarazos en menores de 20 años enfrentan un riesgo 50 % superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, en comparación con los hijos de mujeres entre 20 y 29 años.
Estos riesgos se han materializado en casos concretos en Bolivia. En 2019, una niña de 12 años víctima de violación sufrió complicaciones durante el parto, ingresó en estado de coma y se registró muerte fetal. En octubre de 2020, otra víctima de estupro y violación de 14 años murió por complicaciones del parto en el departamento de Santa Cruz.
Contrario a la desinformación difundida por algunos sectores, los estudios científicos demuestran que un aborto legal realizado en condiciones seguras es significativamente menos riesgoso que llevar a término un embarazo. Investigaciones publicadas en medios especializados como Reuters Health afirman que «las mujeres son 14 veces más propensas a morir durante o después de un parto normal que debido a las complicaciones de un aborto» realizado en condiciones adecuadas.
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CENTROS ANTIABORTO: LA DESINFORMACIÓN COMO ESTRATEGIA ORGANIZADA
Una barrera significativa es la proliferación de centros antiaborto disfrazados de servicios de apoyo. En Bolivia existen cuatro Centros de «Ayuda» para la Mujer (CAM) apoyados por grupos antiaborto de Estados Unidos como Heartbeat International y Human Life International (HLI). Organizaciones con probados vínculos con sectores políticos extremistas y ultraconservadores.
Estos centros utilizan estrategias engañosas, como publicidad falsa en redes sociales, creando páginas como «Aborto Seguro Cochabamba» para captar a mujeres que buscan interrumpir sus embarazos. Una vez allí, les presentan información médica incorrecta y sesgada para disuadirlas.
Un reportaje regional de El País (España) detalla que estos centros «utilizan estrategias que incluyen publicidad engañosa, albergues para embarazadas y promesas falsas e ilegales de adopción para convencer a mujeres vulnerables de que no interrumpan su embarazo».
Entre las falsedades más comunes que difunden estos centros se encuentran:
- Que el misoprostol causa la muerte por desangramiento después de las 6 semanas de gestación.
- Que toda mujer que aborta sufre el «síndrome post-aborto» y se arrepiente.
- Que el aborto aumenta el riesgo de cáncer de mama.
- Que los abortos causan infertilidad y problemas psicológicos permanentes.
«Encontré una página en Facebook que ofrecía información sobre interrupción de embarazo. Al llegar al consultorio, me di cuenta que era un centro anti-derechos. Me mostraron información incorrecta sobre los medicamentos y me hablaron de consecuencias que no tienen respaldo científico. No respetaron mi decisión ni me ofrecieron opciones reales».
PROPUESTAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LA ILE
Las organizaciones feministas y de derechos humanos han identificado varias medidas necesarias para superar las barreras y garantizar el acceso efectivo a la ILE:
- Capacitación al personal de salud sobre la normativa vigente, protocolos de atención y aspectos éticos relacionados con la ILE. Esta capacitación debe incluir sensibilización sobre derechos humanos, género y no discriminación.
- Disponibilidad de medicamentos esenciales en todos los establecimientos de salud, incluyendo Misoprostol y Mifepristona, así como equipamiento e insumos necesarios para realizar procedimientos seguros.
- Mecanismos de denuncia y seguimiento para casos donde se niegue injustificadamente el acceso a la ILE.
- Campañas informativas dirigidas a la población general, pero especialmente a adolescentes y jóvenes, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso a la ILE en los casos contemplados por la ley.
- Regulación de los centros que brindan servicios a embarazadas, para evitar prácticas engañosas, desinformación o manipulación emocional.
- Acciones contra la difusión de información falsa sobre el aborto, sus consecuencias y la normativa vigente. Especialmente en redes sociales y medios digitales.
- Servicios de atención integral a víctimas de violencia sexual, asegurando que reciban información completa, veraz y oportuna sobre sus derechos, incluido el acceso a la ILE.
- Sistema de monitoreo del cumplimiento de la sentencia constitucional y los protocolos de atención. Pero con participación de organizaciones de la sociedad civil.
