Tres instituciones estatales, bajo la tutela del ministerio de Salud, provocan un aparatoso cuello de botella en el que se entremezclan peligrosos retrasos, adquisiciones deficientes, falta de transparencia y mucha ineficiencia.
Vivimos una emergencia sanitaria, es decir, todos los trámites de compra de medicamentos, equipos o contratación de personal de salud deben hacerse con prontitud. Cualquier demora implica decirle a las familias de los enfermos por COVID-19 y otras patologías: no hay camas, el equipo no funciona o no tenemos médico de turno.
En Bolivia, las cosas funcionan así: la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) se encarga de la gestión administrativa, financiera, legal y técnica de las compras que hace el Estado, bajo tuición del Ministerio de Salud.
La Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (Ugespro) se encarga de revisar los programas y proyectos que surgen desde la AISEM. Estos proyectos deben ser revisados a nivel técnico y financiero.
La Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS) funge como un gran almacén del Ministerio de Salud. Las donaciones, compras de insumos médicos y fármacos están bajo su responsabilidad, para su distribución a los centros de salud.
Estas tres instituciones fueron criticadas continuamente, a lo largo de la crisis sanitaria, por diferentes autoridades departamentales y municipales, por los prolongados periodos de espera que ocuparon para ejecutar los proyectos de salud desde la llegada de la pandemia al país.
El personal de estas instituciones se ha reducido por bajas médicas, permisos y la modalidad de trabajo que adoptaron que es asistir día por medio a sus fuentes laborales de forma física. El teletrabajo, en teoría, debe funcionar en las otras jornadas.
La más cuestionada de las instituciones desconcentradas es la AISEM, que cambió cuatro veces de directores tras el escándalo de corrupción con los respiradores españoles comprados con sobreprecio en julio de 2020.
El ministerio de Salud no reforzó la operatividad de estas instituciones, que siguen siendo el principal cuello de botella en la adquisición de equipos médicos, fármacos y la contratación de personal para el área de salud.
Según la Unidad Técnica de Electromedicina del hospital del Tórax en La Paz, los respiradores enviados por el gobierno no cumplen con los requisitos para ser usados en las Unidades de Terapia Intensiva. Todo el proceso para esa entrega pasó por la burocracia de estas instituciones y aún así existen graves observaciones.
¿Qué fue lo que detectaron?
El informe de la unidad Técnica de Electromedicina a los 10 respiradores detalla:
- Fallas de software.
- Deficiencias de los manómetros.
- Deficiencias de presión de oxígeno.
- Equipos de baja gama.
- Equipos sin calibración.
- Fallas en las pantallas.
Esta es la cuarta vez que hacen envíos de este tipo a un hospital público que perdió, hasta el momento, a 40 de sus trabajadores por COVID-19 y cerca al 80% contrajo la enfermedad. Los trabajadores en salud están alarmados y molestos debido a que todo cuanto reciben desde el Estado tiene algún tipo de falla, aunque en un periodo preelectoral se publicite como grandes soluciones frente a la pandemia.
El director de este centro médico de referencia, Edgar Pozo, aclara que debido a estas deficiencias en la dotación de equipos e insumos es que no aceptan ser un centro COVID-19 para el sistema público de salud.
Pero además de los tiempos también están en la mira porque han perdido contratos con empresas importadoras de insumos médicos. El exministro de Salud del Gobierno de Transición Aníbal Cruz reconoció que la empresa Global Med. Srl. ofreció 324 ventiladores antes de abril.
Cada uno estaba valuado en 18 mil dólares, en ese momento. El mercado, fiel a su principio de oferta y demanda, acrecentó los costos de tal modo que, en una semana, pasaron a costar 25 mil dólares y en la tercera semana de gestiones 35 mil dólares.
Estas unidades desconcentradas del ministerio de Salud retrasaron la compra y aunque convocaron a las autoridades del Ministerio para la firma del contrato el 1 de abril, los informes no estaban listos. Tres semanas de espera fueron suficientes para que otros compradores se impongan por sobre la demanda boliviana. Costa Rica y Honduras que adquirieron los equipos.
324 respiradores que sí fueron comprados por la gestión de Heydi Roca como ministra de Salud se adquirieron por 35 mil dólares cada uno pero a una empresa china. La compra se hizo a través de una empresa intermediaria, Agem. A denuncia de los directores de los hospitales del complejo de Miraflores, los técnicos de la empresa no hicieron más que dejarlos en los depósitos del hospital del Tórax sin retornar por ningún otro motivo.
Tras la denuncia de un nuevo escándalo de sobreprecio se inicio una inició un nuevo proceso en la Fiscalía para revisar esta compra. Aún no se han tomado declaraciones del caso. Además de UGESPRO y AISEM se determinó pedir información también a la Aduana.
A tal grado es la ineficiencia de estas tres instituciones que hasta las autoridades aliadas al gobierno transitorio las cuestionan, eso sí, sin poner soluciones. El ministro de Obras Públicas en mayo pidió un informe del hospital del Sur, pero tuvo que esperar 10 días para recibirlo.
En medio, y para entorpecer aún más los procesos, también está la campaña política de Jeanine Áñez.
Por ejemplo, 200 respiradores donados por Estados Unidos en el reciente agosto aún no son entregados oficialmente. Menos de 10 fueron instalados en los hospitales COVID-19 del municipio de La Paz, para tener las imágenes que acompañaron el acto de presentación en Palacio de Gobierno donde estuvo la Presidenta.
Otros nueve fueron presentados recientemente en Chuquisaca.
¿Cuándo se entregará el resto? Habrá que revisar la agenda presidencial y las pautas de transmisión en Bolivia TV.
De estas tres instituciones, solo la AISEM se encuentra bajo investigación por los casos de supuesto sobreprecio.
Intentamos comunicarnos con sus directores, pero todos aseguraron que solo pueden declarar con autorización del Ministerio de Salud.
