Las lideresas comunitarias se organizan y actúan frente a la crisis climática

Mujeres bolivianas de zonas rurales en un proyecto contra la crisis climática.

La Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra. Foto: Colectivo Casa

Las lideresas comunitarias se organizan y actúan para hacerle frente a la crisis climática en Bolivia.

Vicenta Calisaya dice que en su comunidad “la tierra está quemada”. Pero no quiere caer en la desesperanza, en los últimos seis meses está liderando diversas campañas de resiliencia climática.

El clima está cambiando y está amenazando las formas de vida de las comunidades indígenas. Tres lideresas comunitarias, Vicenta, Rosa y Catalina, coinciden en comentarlo.

El primer encuentro de Mujeres Defensoras enfrentando al Cambio Climático se realizó en abril de 2022. Allí varias lideresas se reunieron junto a colectivos medioambientales.

Vicenta Calisaya de la comunidad Tolapampa (Oruro), Rosa Pachuri, lideresa chiquitana y Catalina Molina de la comunidad Jacha Suyu Pakajaqi (La Paz) intercambiaron experiencias de crisis climática en Bolivia y las acciones de adaptación local que impulsan.

Los efectos de la crisis climática, dicen, se profundizaron a causa del modelo extractivista de desarrollo en el que vivimos. Para las mujeres lideresas de sus comunidades y defensoras ambientales es urgente la formulación de estrategias de adaptación acorde a sus realidades y necesidades.

Propuestas desde las mujeres

“Los tiempos han cambiado totalmente. Ya no llueve como antes, no hace calor como antes, en sus tiempos. En un solo día se ven las cuatro estaciones”, relata Vicenta Calisaya.

Ella es parte de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra desde hace cinco años. Vicenta es originaria de la comunidad de Tolapampa en Oruro.

Como mujeres de comunidades indígenas del altiplano, Vicenta dice que se sienten doblemente afectadas por la contaminación minera de la industria extractivista y los efectos directos e indirectos del cambio climático.

Según un estudio publicado por la Journal of Mining and Enviroment, el lago Poopó recibe una carga de metales pesados muy por encima de los límites permitidos. Se depositan diariamente 39 kilos de cadmio, 3,969 de zinc, 821 de arsénico y 73 de plomo.

Tolapampa se ha convertido en un lugar de tierras áridas. Sin vegetación y con ríos contaminados que enferman a mujeres, niñes, varones y animales.

“Estamos sufriendo por agua, no tenemos sembradíos”, cuenta.

Vicenta mantiene viva la esperanza ante la crisis climática. Para ella no todo está perdido. “Estamos buscando alternativas y haciendo algo”, relata.

En su comunidad, y otras aledañas, impulsa la campaña “Mujeres promoviendo la justicia climática”. El proyecto se desarrolla en las comunidades de Tolapampa, Realenga, Yuracarí y Challapata de Oruro.

Junto a otras mujeres de su comunidad, Vicenta lidera la plantación de árboles, la cosecha de agua de lluvia, el riego por goteo y el reciclaje de botellas pet.

Otro de sus proyectos es el vivero municipal “La Escuelita». Con él buscan garantizar la producción colectiva de alimentos. Espera que estas iniciativas se consoliden, crezcan y se repliquen en las comunidades vecinas.

“El tiempo ha cambiado” 

Los alimentos que se cultivaban en el chaco de Rosa Pachuri ya no rinden como antes. Rosa vive en San Josema, al sur de San Ignacio de Velasco en el departamento de Santa Cruz.

«Los tiempos de siembra han cambiado. La cosecha no es segura», insiste Rosa.

El municipio San Ignacio de Velasco es el tercer municipio de Bolivia con mayores afectaciones por los incendios forestales. Este municipio chiquitano perdió unas 220 mil hectáreas, de las más tres millones de hectáreas arrasadas por el fuego a nivel nacional entre enero y octubre de 2021.

“Estos últimos años todo ha cambiado. No sabemos si debemos sembrar en las primeras lluvias porque puede que el otro mes sea de pura sequía”, apunta con preocupación Rosa.

Ella ejerce como presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH) .

La lideresa tiene pensado articular a las defensoras ambientales para discutir los problemas de sus comunidades y proyectar mecanismos de resiliencia climática.

Es lo que Rosa llama “luchar por el futuro”, para que las nuevas generaciones puedan vivir con dignidad.

En San Josema están desconcertadas por el comportamiento inusual de las lluvias y las bajas temperaturas. La incertidumbre les impide planificar efectivamente la siembra y la cosecha.

La crisis climática alteró el calendario agrícola. “La sequía, los incendios y las heladas afectan los cultivos”.

Cuenta que la temperatura subió. Las oleadas de calor y los incendios son recurrentes.

En estos últimos meses, la zona chiquitana registró vientos huracanados. “Cosa que no había visto antes”, lamenta Rosa.

Frente a la industria minera y la crisis climática

“Ya no tenemos ríos grandes y cristalinos”, dice Catalina Molina, quien también es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

Las afectaciones de la crisis climática y la industria extractivista minera impactaron en el agua, la agricultura familiar y la vida de la comunidad Jacha Suyu Pakajaqi de La Paz.

Catalina Molina asegura que el ganado presenta malformaciones por beber el agua contaminada. La producción agrícola también fue afectada.

El informe titulado La evaluación de la gestión socioambiental del sector minero en Bolivia demostró que las altas cantidades de metales pesados en la cuenca del Poopó contaminan la vegetación.

“Provocan la muerte y malformación de los ganados”, asegura la investigación.

“Puras heladas y granizadas llegan (…). Las aguas se han secado”, agrega Catalina.

Catalina lucha por garantizar la seguridad alimentaria y fuentes de sustento para su comunidad. Busca detener el saqueo de las industrias mineras que amenazan la vida y los derechos de su territorio.

Los municipios de Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, Apolo y San Buenaventura, en La Paz, son los más afectados por la minería aurífera legal e ilegal.

El Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (CEDIB) estima la emisión entre 43 y 228 toneladas de mercurio al año. El 70% de este total corresponde a actividades de minería aurífera.

El mismo reporte asegura que los efectos de la contaminación por mercurio impactan en poblaciones cercanas a la actividad minera.

“Llega a cientos de kilómetros aguas abajo de los ríos contaminados”, sentencia el informe.

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