Incendios contra la vida: 2.8 millones de hectáreas arrasadas en 2020

El fuego amenaza la vida de campesinos, comunidades indígenas, animales y el bosque mismo. Mientras, la clase política mira al costado y los autores del desastre ambiental quedan en la impunidad. Hasta el momento hay solo siete denunciados con sentencia. 

Lucinda Ruiz duerme con miedo, no se fue de su casa, pero sabe que el peligro la acecha a ella y a su madre de 86 años. El 8 de octubre estaba en una reunión de emergencia en el municipio de El Puente, Santa Cruz.

Es la principal dirigente de la comunidad Yotaú y discutía con otros líderes qué hacer para evitar que el incendio se lleve sus casas, sus tierras, su hábitat, la vida que tenían.

“Nos enteramos que el fuego avanzó rumbo a la comunidad de Yotaú y lo primero que pensé fue en mi madre. Sorda y ciega, seguramente, no iba a salir de la casa. Me fui corriendo para llevarla al río por si el fuego llegaba. Tengo un sistema de riego con alambres y fierros, se quemaron pero no paso hasta mi casa”.

Sus plantaciones de cítricos, mangas y arroz están quemadas. Menos de la cuarta parte de lo que sembró se pudo rescatar. La voracidad del fuego parece incontrolable. Hace tres meses que no llueve. Las esperanzas también se queman.

Nazareth Flores vive en la provincia Itenez en Beni. Es una de las líderes que combate los daños colaterales del fuego. Las conjuntivitis y resfríos en altas temperaturas se suman a la cesta de preocupaciones.

Esperan atenciones médicas y las gestionan aún con todas sus carencias. Todos los días es un viaje hasta la alcaldía de San José de Huacaraje.

“El cielo (está) nublado y no es porque va a llover, es la humareda y eso está perjudicando. La reserva se está quemando y nos dicen que no se puede hacer nada. No lo aceptamos, no podemos aceptar quedarnos sin nuestros bosques”.


El 25 de octubre, el Ministerio de Defensa reportó 25 incendios activos, 13 de ellos en áreas protegidas, 11 de estos últimos en el departamento de Santa Cruz.

Por su parte, la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) informó en la última semana sobre 14,421 focos de calor, con un promedio diario de 2,060, más del doble de los registrados en 2019.

 

A gran escala, como el año pasado, los resultados en 2020 son irreversibles: desde enero, según estimaciones oficiales, 1,905,254 hectáreas sufrieron quemas.

Sin embargo, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) logró cartografiar satelitalmente unos 2.8 millones de hectáreas quemadas en todo el país.

En ese mismo informe, se apunta que Santa Cruz fue la región en la que más superficie boscosa perdió con el fuego: 336,460 hectáreas, el 33.4% del total de las zonas afectadas en ese departamento.

¿Peor que el 2019?

El fuego acercándose al santuario Ambue Ari. Foto: CIWY

El director ejecutivo de Centro de Estudios Jurídicios e Investigación Social (CEJIS), Miguel Vargas, no duda en decir que la situación es peor a la de 2019.

“49 de los 58 territorios indígenas de tierras bajas del país sufren por los incendios. No podemos calcular cuándo podrán volver a sus casas. Ahora hay familias enteras dejando sus casas y corriendo a las carreteras”, denuncia Miguel.

En su informe semanal, la ABT advirtió, solo en la última semana, sobre 1,540 focos de calor en Territorios Comunitarios de Origen.

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“Se pone en riesgo la identidad cultural y el derecho que tienen a vivir en un medio ambiente sano y a manejar sus ecosistemas El año pasado 42% de los territorios indígenas fueron afectados, este año el porcentaje ya llegó al 57%.”, indica.

En ambos casos los incendios se expandieron a la sombra de campañas electorales y la impunidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos dolosos. Hasta el momento solo existen 39 denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Solo siete de los infractores tienen sentencia.

Las experiencias funestas del 2019 no parecen haber dejado clara la lección y en particular, este año la factura la pagan los pueblos indígenas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua envía reportes semanales de los focos de calor. Hasta septiembre de este año, se contabilizaron 85,228 focos de calor. En el mismo periodo, durante 2019 hubo 60,076.

Las poblaciones del Pantanal y Monteverde en Santa Cruz están obligadas a dejar sus territorios para salvar sus vidas. El parque Nacional Otuquis también fue alcanzado por el fuego y es un territorio que parecía fuera del alcance de la intervención humana.

Macharetí, en Chuquisaca, también encendió alertas. El Chaco se quema y combate el fuego con más de tres meses sin lluvias y con actividades extractivistas de hidrocarburos ganando territorio.

Decretos incendiarios

Son territorios en alta vulnerabilidad por su densidad poblacional. Por ello se pidió en reiteradas oportunidades abrogar el paquete de leyes y decretos incendiarios.

Solo se dio un paso atrás en el caso beniano con la derogación del Decreto Supremo 3973.

Esta norma autorizaba la ampliación de la frontera agrícola. Su derogación se hizo en septiembre cuando ya se registraban más de 20 mil focos de calor.

En la Asamblea Legislativa aún no se debate la abrogación de la Ley 741 sobre chaqueos y deforestación.

La agroindustria crece con los tentáculos de un pulpo que nunca queda satisfecho. El mismo Tribunal de la Naturaleza la señaló, junto a los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez, como los responsables de las quemas masivas que desde 2001 se lleva un promedio anual de 4 millones de hectáreas.

Aunque se dio una declaratoria de desastre nacional la ayuda internacional no se hace efectiva sino es por medio de varios trámites burocráticos.

El silencio es también una respuesta.

Nuestras entrevistadas señalaron la ausencia del Gobierno y sus autoridades mientras el país arde.

Cuando solicitaron ayuda a las autoridades de Medio Ambiente, para denunciar con precisión a los responsables de su tragedia, no recibieron respuestas.

“Siguen quemando porque aún no alcanzan su objetivo” dijo hace algunas semanas el juez del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza Felicio Ponte.

¿Quiénes se benefician? La declaratoria de emergencia no alcanza para apuntar con el dedo al agronegocio. Sus benefactores tienen un guiño de complicidad con este Gobierno y también con el anterior.

Lucinda Ruiz y Nazareth Flores están al tanto de la magnitud de la quema y por ello se perfilan como líderes de sus comunidades.

Sus tareas las tienen sin descanso. Si el fuego continúa podrían ser las siguientes en dejar sus casas para escapar hacia la carretera.

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