Feministas en La Paz y El Alto: de las calles a los estrados judiciales

Pintado de carteles rumbo al 8M de 2022 en El Alto. Foto: Sara Aliaga Ticona

Bolivia es uno de los países de la región con mayores índices de violencia hacia la mujer. Cada tres días, una de nosotras es víctima de violencia patriarcal y machista. Con estas cifras a cuestas, activistas de las ciudades de La Paz y El Alto se organizan contra la corrupción y la negligencia de la Justicia.

Durante 2021, el colectivo Mujeres Creando, a través del servicio legal “Mujeres en busca de justicia”, atendió en la ciudad de La Paz 3,500 casos de violencia patriarcal y machista.

El 40% de ellos tuvo un desenlace satisfactorio en los estrados judiciales.

Ingreso a la oficina de Mujeres en Busca de Justicia de Mujeres Creando. Foto: Janneth Flores

Entre las formas de resolución se anotan sentencias, sentencias ejecutoriadas y vías “alegales”. Este último término hace referencia, según explican desde Mujeres Creando, a las medidas como la recuperación de pertenencias de las víctimas o denuncias públicas a los agresores.

Es decir, «formas de acción directa», explica Julieta Ojeda Marguay, una de las integrantes más antiguas del movimiento.

Otro servicio que brinda Mujeres Creando a mujeres paceñas y alteñas son los cursos de autodefensa feminista. En ellos buscan fomentar y orientar la capacidad de reacción de las mujeres frente a la violencia machista y patriarcal.

“A veces, reaccionar en el momento oportuno, puede salvar la vida”, comenta Julieta. Una situación de riesgo para las mujeres boliviana es mucho más común de lo que se imagina.

Nuestro país tiene la tasa de prevalencia de violencia física de parte de la pareja, a lo largo de la vida, más alta de la región (42%). El estudio mundial Violencia contra las mujeres: estimaciones para 2018 contempla el testimonio de mujeres entre los 15 y 49 años.

Gráfica: OMS

En memoria de Abigail

Conocer estas herramientas de autodefensa podrían haber salvado la vida de Abigail, una joven de 18 años que fue asesinada por su pareja en 2019. El feminicidio de Abigail fue provocado por golpes de martillo, piedras y cuchilladas.

Luego del crimen, Estela Quintana, abogada y tía de Abigail, creó la organización Familias de Víctimas en Busca de Justicia. Su intención es ayudar a quienes exigen sanciones por los feminicidios de sus familiares.

En sus inicios, la organización acompañó solo 20 casos. Con el paso del tiempo las cifras aumentaron.

Estela añade que si bien ellas acompañan a las familias de víctimas de violencia, también realizan control social sobre el poder judicial.

Integrantes de la organización de Familias de Víctimas en Busca de Justicia. Foto: Cortesía

“No se logra alcanzar a todas (las familias). Nos gustaría, pero las condiciones no dan para ello”, lamenta Estela.

Sin embargo, uno de sus logros es que gracias a la difusión y visibilización de los casos, varios llegaron a obtener sentencias. Lo que ahora buscan es que estas sean sentencias ejecutoriadas y se cumplan sin beneficios para los agresores.

Bolivia cerró la gestión 2021 con 108 feminicidios registrados oficialmente, 43 de esos en La Paz. En promedio, cada tres días una boliviana es asesinada a causa de la violencia patriarcal y machista, según datos difundidos por la Coordinadora de la Mujer.

Falta de espacios propios, un problema común

Los colectivos feministas independientes son autofinanciados. Realizan su apoyo a las víctimas con aportes propios.

En el caso de Mujeres Creando, además del respaldo jurídico, también brindan los servicios de comedor y alojamiento en “La Virgen de los Deseos”, en pleno centro paceño.

La organización Familias de Víctimas de Feminicidio en Busca de Justicia se sostiene con la colaboración, en su mayoría, de juristas independientes. Tampoco cuentan con un espacio propio: la pandemia las obligó a cerrar la oficina con la que contaban.

El caso de Wiñay Wara

Shadé Mamani, integrante del Colectivo Wiñay Wara D.S.G. (Diversidades Sexuales y de Géneros), también lamenta no contar con los recursos necesarios para poder desarrollar sus labores de acompañamiento a víctimas de violencia.

Shadé recuerda que, en los últimos seis años, buscaron diferentes opciones para tener un lugar donde reunirse a trabajar. Al inicio lo hacían frente en el frontis del Teatro al Aire Libre, posteriormente solicitaron espacios prestados.

El 2020 se presentaron a un fondo concursable de UNITAS, del cual nació el proyecto TODES que culminó en febrero de la presente gestión. Actualmente, trabajan para conservar esos espacios a través de aportes de lxs integrantes del colectivo y distintas actividades.

Un taller de la escuela de líderes LGBTI TODES. Foto: Wiñay Wara

Pese a las adversidades, las colectivas feministas y organizaciones de mujeres manifiestan que su lucha en busca de justicia es incansable.

Coinciden en que el sistema judicial boliviano debe ser reestructurado, más aún tras la trama de corrupción develada hace pocas semanas.

Los Teléfonos de la Esperanza

En el último mes, Mujeres Creando ha trabajado con la iniciativa llamada “Teléfono de la Esperanza”, con el objetivo de recabar y sistematizar información sobre corrupción e irregularidades en la liberación de feminicidas y violadores con sentencia.

Distintas colectivas feministas bolivianas se sumaron a la iniciativa habilitando números de contacto en las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí, Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

La campaña culminó el 28 de febrero y los datos recopilados se presentaron el 7 de marzo, en la movilización en defensa de los derechos y libertades de las mujeres contra la violencia patriarcal y machista.


“Vamos a dar a conocer los resultados del número de la esperanza: todos los casos de violación y feminicidio que no hayan hallado justicia. Esas compañeras van a encabezar la marcha”, avisaba María Galindo, unos días antes, desde La Virgen de los Deseos.

La iniciativa del Teléfono de la Esperanza surgió a raíz del caso del feminicida serial Richard Choque, que evidenció una red de corrupción dentro del sistema judicial.

Debido a la movilización de miles de mujeres en todo el país y la presión mediática, el Gobierno improvisó la creación de una Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio.

Para Julieta Ojeda esta comisión no brinda ninguna intención de respuesta a las exigencias de las mujeres. Principalmente, porque está conformada solo por los órganos estatales, sin las víctimas ni organizaciones sociales.

Julieta lamenta que los trabajos e investigaciones que realizan como colectiva sean rechazados desde el Estado.

«No hay justicia para mí»

Además, la integrante de Mujeres Creando cuenta que el Gobierno también recibió, de parte de Mujeres Creando, el reporte “No hay justicia para mí”. Feminicidio e impunidad en Bolivia. Este documento de la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHCR, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Harvard , fue elaborado en 2018.

Entre las recomendaciones de las investigadoras de la IHCR se detallaba el hacer cumplir las leyes y normas vigentes, asignar recursos suficientes para la investigación de hechos criminales, erradicar las barreras lingüísticas y de género y asegurar que los procesos sean puntuales y oportunos.

También se sugirió garantizar una formación adecuada para los servidores públicos, enfrentar la corrupción y colaborar con los grupos interesados de la sociedad civil.

Otras propuestas

Por otro lado, Estela Quintana, representante de Familias de Víctimas en Busca de Justicia, informa que también presentaron un documento ante las autoridades.

Se trata de un proyecto de ley que propone cadena perpetua para violadores, asesinos y feminicidas. Además, hace referencia a la entrega de una renta vitalicia para huérfanos de feminicidios.

El documento fue entregado al Gobierno, a la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, y al relator de las Naciones Unidas Diego García-Sayán.

Estela argumenta que “la justicia boliviana necesita reformas inmediatas, (en muchos casos) dejan en indefensión a las familias afectadas”.

La representante de las familias de víctimas de violencia aseguró que solo un 3% de los casos de feminicidio del país llegaron a una sentencia ejecutoriada. Según sus datos, un 10% consiguió sentencia, pero todavía no está ejecutoriada.

¡A las calles!

La activista alteña Shadé Mamani junto a una de sus compañeras en vísperas del 8M de 2022. Foto: Sara Aliaga Ticona

Cada 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, miles de mujeres toman las calles de las ciudades de La Paz y El Alto contra violencia patriarcal y machista.

Como cada año, la amplia agenda feminista incluye condiciones óptimas y respeto a los derechos laborales de las trabajadoras, garantizar el acceso a una educación sexual integral, el acceso al aborto seguro y gratuito y el rechazo a la violencia patriarcal.

¡Ni una menos!

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