En cuarentena, la casa fue la condena de muchas mujeres

COVID-19, cuarentena, inestabilidad política, inseguridad económica y violación a los derechos humanos se combinan para empeorar la situación de la violencia contra la mujer en Bolivia.

El confinamiento, medida de prevención o protección adoptada por unos 90 países en todo el mundo, fue en realidad un «tiro de gracia» para millones de mujeres en el mundo. Los Gobiernos no calcularon -o poco les importaron- los resultados de encerrar a mujeres, jóvenes y niñxs con sus victimarios.

Casi 24 mil episodios de violencia física, psicológica, sexual, económica, y simbólica en todas sus variaciones, además de 125 feminicidios hasta septiembre de 2020, según la Fiscalía General del Estado, prueban la inadvertencia del Gobierno boliviano.

Bolivia ingresó en cuarentena estricta casi por sorpresa, el sábado 21 de marzo por la tarde.

Aunque una semana antes, el país vivía bajo ciertas restricciones, esta vez, era un verdadero estado de excepción: nadie circulaba por las calles y no funcionaba nada. El Gobierno ordenó el cierre de todas las fronteras nacionales e internacionales, prohibió la circulación de vehículos públicos y privados y autorizó un solo día a la semana para salir a aprovisionarse.

Además, movilizó al Ejército y a la Policía para controlar el cumplimiento de las medidas. Los infractores de la cuarentena rígida enfrentaban, entonces, penas de hasta 10 años de cárcel.

Para justificar la decisión drástica, Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia tras el golpe de Estado ocurrido en 2019, había dicho:

“La casa es el lugar más seguro (contra el virus pandémico)”.

Los hechos han demostrado exactamente lo contrario en muchos casos: el hogar no es hogar para miles de mujeres, es un infierno cotidiano.

Ilustración: Carla Soliz Cronenbold

Las miles de mujeres golpeadas, ultrajadas y humilladas no imaginaban cuán largo sería el encierro sanitario. Otras decenas de mujeres no sospechaban que podrían sobrevivir al impredecible virus, pero no a la violencia machista de sus parejas.

Nada peor podría haberles sucedido a las víctimas.

Maria Galindo, anarcofeminista e investigadora, es una acerba crítica del aislamiento social para prevenir la expansión del virus y así lo expresó en Radio Deseo, en mayo:

“Suprimir la calle para las mujeres ha sido suprimir el espacio emancipatorio histórico. Ha significado suprimir la otra ciudad efímera que habitamos y montamos cada día. Ha sido un auténtico encarcelamiento en la familia nuclear patriarcal que andábamos disolviendo y en el espacio de captura de nuestras energías.

Ha sido colocarnos a merced de las frustraciones de un macho que está en decadencia y que no encuentra su propio lugar en el mundo. Los índices de feminicidio en cuarentena son la prueba de esto que estoy diciendo.

Los índices de violencia machista y violencia sexual que rompen todo sentido romantizado de hogar son la prueba de lo que estoy diciendo. La calle es nuestra casa y el espacio del afuera es el espacio en el que estamos construyendo libertad”.

Las cifras oficiales coinciden con su relato: entre marzo y junio -durante el período de cuarentena rígida- 33 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, en el “lugar más seguro contra el virus”.

Ahí mismo se perpetró la mayor parte de los 8,134 delitos de tipo penal. De todos esos crímenes, posiblemente, solo el 1.13%, recibirá un fallo judicial condenatorio, de acuerdo a antecedentes documentados por ONU Mujeres.

2020, el hoyo negro de las estadísticas en Bolivia

Las cifras inexactas sobre la violencia contra la mujer en Bolivia se deben este año, en parte, al aislamiento de las mujeres y sus hijxs y a la insuficiencia de recursos humanos y económicos para atender denuncias y emergencias. Pero, en general, las mujeres son renuentes a denunciar a sus parejas.

Durante la pandemia, muchos servidores públicos estuvieron ocupados en la vigilancia y el control ciudadano, y los servicios municipales están cerrados, hace notar la Defensoría del Pueblo en un informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el 78° periodo de sesiones de Naciones Unidas, en julio de 2020.

En ese reporte, la Defensoría del Pueblo, observa el retraso en la aprobación de la estrategia comunitaria de prevención de violencias en el marco de la pandemia COVID-19 y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia contra niñas, niños, adolescentes, y la falta de enfoque de género en la guía de manejo de la crisis sanitaria por parte del Ministerio de Salud.

En ese documento, la Defensoría del Pueblo advierte la ausencia del Estado en ciudades intermedias y áreas rurales y la escasez de agentes estatales, quienes trabajan con poco equipamiento y elevada carga procesal.

De tal manera, se produce una brecha entre la realidad y los registros.

Resulta obvio, son informes incompletos debido a una serie de factores, entre ellos uno determinante. El Estado no tiene agentes de información, prevención y atención a las violencias contra las mujeres en amplios territorios rurales y semirurales del país.

Otra variable reiterada en informes nacionales e internacionales: ahí donde existen esos servicios -preferentemente en áreas urbanas y periféricas- las mujeres no se atreven a denunciar.

Al respecto, los medios informativos del gobierno consultaron al analista y abogado Porfirio Machado, quien dijo sobre las razones del silencio de las víctimas:

«Ninguna ley que se vaya a modificar o sea más drástica va a resolver este problema mientras no se tenga una adecuada educación, una prevención desde los hogares, la escuela, el colegio, la universidad, en la vecindad. Han sacado maravillosamente leyes de la noche a la mañana, recordemos, en el gobierno del MAS, creo que en los 14 años se ha hecho (muchas normativas) en materia penal, ¿qué ha resuelto?”.

Para el jurista, la incorrecta aplicación de las leyes 348 y 1173 favorece a la burocracia, la retardación y el maltrato en ambientes judiciales.

Este año, hasta el 21 de septiembre, se perpetraron 125 feminicidios y casi 24,000 delitos vinculados a la Ley integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado.

El 12 de enero ya habían ocurrido doce feminicidios. De la misma manera, el primer fin de semana de agosto (la etapa dinámica de la cuarentena), cinco mujeres perecieron a manos de sus parejas.

Según Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, en el mundo, menos del 10% de las víctimas de alguna forma de violencia por parte de su pareja presenta denuncia ante la policía.

“Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales”, dijo la la principal autoridad de ONU mujeres, el 6 de abril.

Bolivia no es la excepción, todavía peor, está en el extremo más grave de la regla, aún situándose entre los seis de cada diez países con leyes para juzgar delitos en razón de sexo y/o género. La ley integral 348 identifica 16 formas de violencia contra la mujer.

Sin embargo, el subregistro de los crímenes contra la mujer no impidió a organismos internacionales como ONU Mujeres o el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (Cepal) pedir medidas de emergencia al Gobierno de Jeanine Añez para frenar los feminicidios y evitar el incremento de delitos contra mujeres, niñxs y jóvenes.

Bolivia tiene un compendio normativo «promujer»

No obstante las cifras, Bolivia tiene un compendio normativo que parte explícitamente de la Constitución Política del Estado para asegurar la equidad de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La ley madre, aprobada en 2009, establece en más de una veintena de artículos los derechos de las mujeres a desenvolverse libres de presión y toda forma discriminacion en cualesquiera de los diferentes ámbitos.

Por ejemplo, en los Arts. 11, 13 y 14, la CPE establece la igualdad de derechos de todas las personas, sin prejuzgar sexo, género, cultura, etc., pero en el Art. 15 – II se lee “todas las personas, en particular, las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”.

De ahí para abajo, las leyes promulgadas para garantizar una proteger los derechos de las mujeres: Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Ley de Control Social y Participación Ciudadana y la Ley de de modificación a ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha integral Contra la Violencia a Niñas Niños, Adolescentes y Mujeres.

En un país con una robusta legislación orientada a proteger los derechos de las mujeres, resulta irónico contar por miles los hechos de violencia física, psicológica, simbólica, sexual y económica contra ellas, por lo general, en el ámbito familiar.

Feminicidios, ¿crímenes de odio?

Informes forenses describen el patrón de las causas de esas muertes: golpizas, estrangulamientos o apuñalamientos, a veces, delante de sus propios hijxs. El estado de sus rostros, las lesiones en sus cráneos y sus cuerpos lacerados denuncian la saña del victimario.

También se dan secuestros y días de tortura antes de la ejecución. Los cuerpos son abandonados en la casa donde cohabitaban el feminicida y la víctima o escondidos en un lugar sinuoso como un terreno baldío, la ribera de un río o un cañadón. La edad varía, pero la base no.

Por eso mismo, en marzo, la presidenta Áñez decidió declarar el 2020 como el año para erradicar la violencia contra la mujer y la niñez.

Organismos internacionales que ya habían dado sus voces de alarma en gestiones anteriores hicieron eco comprometiendo créditos millonarios. La mandataria presentó el plan Bolivia Mujer con un crédito de 100 millones de bolivianos. La Corporación Andina de Fomento (CAF) iba a financiar ese programa. No hubo más noticias al respecto.

Mientras tanto, continúan los crímenes con rasgos misóginos.

En este punto, encajan perfectamente las reflexiones de investigadoras dedicadas a alertar y en lo posible, frenar las dañinas manifestaciones machistas: “Todas las mujeres hemos sufrido violencia, incomodidades, obstáculos en el camino, menoscabos. Yo siempre he sido una persona de palabra, de lenguaje, y a veces he tenido que gritar, volver mi lengua más afilada y cortante para atravesar el silencio”, dice la antropóloga argentina, Rita Segato, autora de la categoría femigenocidio.

Para la feminista boliviana María Galindo, según analizó en una conferencia difundida el 8 de julio de 2020, todas las mujeres han sufrido o sufren algún tipo de violencia en Bolivia.

En Bolivia, la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia (2016) revela que siete de cada 10 mujeres han sufrido al menos un atropello de tipo psicológico, económico, físico o sexual en algún momento de su vida, según se apunta en el informe anual de ONU Mujeres sobre la situación de la mujer en Bolivia, emitido en julio de 2019. El mismo documento reporta un feminicidio cada dos días y medio.

Pese a las rémoras de violencia y los prejuicios de género, la mujer boliviana se destaca en la vida económicamente activa.

La participación laboral de las mujeres en Bolivia alcanza uno de los porcentajes (62%) más altos en comparación con el porcentaje promedio (54%) de América Latina y el Caribe. Asimismo, ella administra el 84% de las microempresas y, en el plano doméstico, una mujer dirige el 81.80% de los hogares monoparentales y el 50.47% de los hogares categorizados como “otros” en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE-2019).

Empero, las estadísticas, si bien con enormes vacíos, no mienten sobre el contexto de las violencias contra las mujeres. Esos 24 mil casos de violencia machista, esos 125 feminicidios, son un estigma para el Estado boliviano.

“Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.

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