Cultura no, armas para reprimir sí: la política de austeridad de Jeanine Áñez

Los números son elocuentes y el mensaje queda claro. La prioridad no es ahorrar, sino consolidar un Estado militarizado y policial, donde la cultura y las expresiones de diversidad, disidencia y protesta no tengan lugar. O, en todo caso, sean reprimidas, criminalizadas y perseguidas.

Muy Waso

La mañana del mismo día en el que la presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Áñez, anunció la eliminación de tres ministerios, entre ellos el de Culturas y Turismo, su Ministro de Defensa dijo, con el autoritarismo militar que lo caracteriza, que firmaría «una y mil veces» contratos para equipar a las Fuerzas Armadas y la Policía con el paradójico fin de «pacificar» al país.

La prepotencia de López tuvo lugar en una conferencia de prensa en la que se vio obligado a rendir cuentas sobre una posible compra irregular de 225 mil granadas de gas lacrimógeno, en la que se gastaron aproximadamente unos 56 millones de bolivianos, es decir el 86% del presupuesto anual del ministerio de Culturas. Una cartera que, en un año, gastaba lo mismo que se despilfarró en armas que en algún momento serán usadas contra el pueblo, contra todes quienes se opongan a las políticas conservadoras y represivas del Gobierno de transitorio.

Por si fuera poco, cada vez existen más indicios de que esta compra se realizó con un sobreprecio que pudo causar un daño económico al Estado de más de 2 millones de dólares.

No obstante, esa compra corresponde a un contexto anterior al de la crisis sanitaria. ¿Qué hay de nuevo en las prioridades presupuestarias del Gobierno de Áñez y compañía?

El 27 de febrero, ya con la pandemia encima y con pleno conocimiento de lo que venía, el Gabinete aprobó el decreto 4168, que viabilizó la asignación de 40 millones de bolivianos (cuatro millones más de lo asignado a Deportes para el 2020) para la compra de equipos antimotines. ¿El agravante? Estas compras se realizan bajo el manto forzado de una resolución del ministerio de Economía que ordena «confidencialidad y reserva» en compras para los aparatos represivos del estado.

Según informó El Deber, la compra de estos equipos no fue registrada por el Ministerio de Gobierno en el SICOES.

Algo similar sucede con los 330 millones de bolivianos «extra» que se asignaron a la cartera de Arturo Murillo en plena pandemia y con los indicadores epidemiológicos en subida, con el supuesto fin de combatir el narcotráfico. Esta exorbitante cifra, que equivale a prácticamente cinco veces el presupuesto del ministerio de Culturas o diez veces el de Deportes, será administrada a discreción gracias a la misma resolución firmada por el ministro José Luis Parada.

El 1 de junio también se conoció que el Ejército recibiría también un presupuesto adicional con el fin de comprar uniformes «multicam» y «botas de combate». Esta «inversión» es de más de 24,6 millones de bolivianos.

El mensaje queda claro. La prioridad es consolidar un Estado militarizado y policial, donde la cultura y las expresiones de diversidad y disidencia no tengan lugar. O, en todo caso, sean reprimidas, criminalizadas y perseguidas.

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