Mientras Perú y Chile brindaban facilidades a profesionales en salud venezolanxs para integrarlos a las labores de contención de la pandemia, en Bolivia se impuso la burocracia y muchos no pudieron servir durante el colapso sanitario debido a su condición de migrantes.
Miles de profesionales salieron de Venezuela buscando mejores oportunidades. El sector de la salud llega a más de 26 mil, según la Federación Médica Venezolana. El país caribeño tiene matriculados a más de 66 mil profesionales. Más de un tercio de ellos ha migrado.
En la crisis sanitaria algunos países como Perú y Chile cambiaron sus políticas de contratación a personal venezolano.
No es el caso de Bolivia, donde no hubo ninguna flexibilización en los requisitos de contratación lo que impidió absorber a los profesionales de salud al sistema público, el más afectado durante la pandemia.
Nuestro país tiene solo 14 profesionales en salud por cada diez mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda al menos 23. Este déficit de personal sanitario se hizo aún más evidente con el colapso de hospitales con la llegada del nuevo coronavirus.
Anestesiólogas, médicos generales, pediatras, odontólogos y personal de enfermería, dejaron Venezuela con la esperanza de ejercer su profesión en otras latitudes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio sobre la migración de trabajadores de la salud.
Los hospitales venezolanos, según el análisis, carecen de profesionales en neonatología, anestesiología, cuidados intensivos y atención de urgencias. También han migrado técnicos de laboratorios e imagenlogia.
El Colegio Nacional de Profesionales de Enfermería de Venezuela, hasta el 2018, calculó la salida de más de cinco mil trabajadores. Muchos de ellos migraron hasta Bolivia.
Una de cal…
Daniel Seró Martínez llegó a Bolivia el 2017 con un proyecto de misiones de entrega de ambulancias como donación de Venezuela. Aunque estudió Medicina, hubo una demora de más de dos años en la aprobación de su matrícula médica por parte del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (SEDES).
“No es fácil para un extranjero hacer todo el trámite de convalidación. Cualquier trámite para nosotros es carísimo, porque llegamos sin dinero. Esperar que tus documentos lleguen desde la embajada, Cancillería, ministerio de Salud y SEDES es un proceso de años”, expresó el medico venezolano que, después del periplo, tiene la posibilidad de ejercer su profesión.
Daniel advirtió la mala información, incompleta o errónea, que se da a los migrantes en este tipo de papeleos.
El tiempo invertido en trámites “nadie te lo devuelve y es lo más caro”, dice Daniel. Pero él no se rindió. Pasó otro medio año en trabajos de apoyo, como ventas de equipos y servicio de UBER.
Así pudo reunir los más de 1200 bolivianos que necesitaba solo para el registro en el ministerio de Educación.
La búsqueda de trabajo no fue tarea sencilla, más aun con la cuarentena que dificultó la movilidad de médicos como él.
Después de un mes de encierro y lecturas de protocolos del virus, ya con su título convalidado, busco afiliarse al Colegio Médico de Santa Cruz.
Entremedio fue contactado por la Asociación Caritas Bolivia, con quienes finalmente tuvo chance de brindar sus servicios profesionales a la población.
“Visitamos hostales donde mis connacionales tenían síntomas de COVID-19 y no eran atendidos en ningún otro lugar. Además de no salir, no tenían dinero para pagar esos servicios”, relata Daniel.
Esa misión sigue en pie, asistiendo no solo a migrantes venezolanos, sino también a peruanos y brasileños.
Daniel espera que mejoren los canales de información de las universidades y el Gobierno. Más de tres años en trámites para ejercer un oficio que puede salvar vidas, le parece un tiempo valioso, que ahora él busca recuperar.
Otra de arena…
Jannis Rodriguez estudió 7 años la carrera de enfermería en Venezuela, en la Universidad Central de ese país. Nació en la isla de Margarita y conoció a Gabriel Cova, ingeniero civil, con quien tiene una familia.
Ambos formaban parte del sistema público, pero pasaron a engrosar las listas de profesionales desempleados. El 2017 migraron hasta Perú en busca de trabajo.
Gabriel fue el primero en dejar Venezuela para reunir dinero y enviarlo a su familia. En seis meses de estadía en Lima, no consiguió empleo en la industria de la construcción.
Jannis, a su arribo en territorio peruano, tampoco tuvo suerte tocando las puertas de hospitales públicos.
Cuando decidieron enfilar camino hacia Bolivia, tenían descartada la posibilidad de trabajar en sus áreas profesionales.
Llegaron en febrero, a semanas de la declaratoria de emergencia en Bolivia por la pandemia. En julio, Jannis obtuvo un puesto en el Hospital Metodista, del sistema privado de salud.
Al no obtener la convalidación de su título profesional en enfermería, Jannis se quedó sin ítem. El trámite de esta certificación puede llegar a costar hasta 1,200 bolivianos.
Pidió una visa de trabajo mostrando los documentos que tenía en el hospital privado donde fue aceptada, pero en la Unidad de Migración le pidieron adjuntar un contrato.
Pero el tiempo corría y el panorama no se mostraba esperanzador. Finalmente, Jannis desistió del periodo de prueba al que la habían conducido las circunstancias. El salario era demasiado bajo.
“Tampoco puedo desmerecer mis estudios. Estamos exponiéndonos (a la COVID-19) y no es justo trabajar por pagos menores al salario de su país”, reclama la enfermera.
Jannis y su familia, decidieron volver a Perú, donde el papeleo para la contratación de personal de salud migrante se hizo más flexible.
Continuar en la lucha
Marcela Bacarreza es parte de la Comisión Nacional del Refugiado en Bolivia (Conare), organización ligada a ACNUR y la Cancillería. Trabaja en la Pastoral Social Cáritas.
Desde esa institución, en reacción a las consecuencias de la pandemia en el país, formaron brigadas médicas de médicos venezolanos que no pudieron conseguir empleo en el área de salud.
“El nivel académico de muchos de ellos es altísimo, posgrados, diplomados y años de experiencia, pero se dedican a otros oficios”, lamenta Bacarreza.
Con estos equipos profesionales, las brigadas de Cáritas visitan hostales, en 14 ciudades capitales e intermedias, donde viven familias venezolanas, con el compromiso de no salir para evitar contagios.
En la ciudad de La Paz, ninguno de estos profesionales médicos está ejerciendo su profesión. Continúan buscando esa oportunidad.
Convocatorias, emergencia y burocracia
En junio de este año, el gobierno boliviano lanzó un programa de contratación de cinco mil ítems. Solo consiguieron 3,700 postulantes.
“No sabemos cuántos son extranjeros, pero como a cualquier boliviano hay que pedirles todos sus documentos”, indica René Sahonero, asesor del ministerio de Salud.
Para tramitar el titulo se solicita 13 requisitos. El más complicado para los migrantes venezolanos es el que los obliga a cancelar 1,200 bolivianos para que l ministerio de Educación le de curso al trámite.
“Ellos no llegan con dinero para esos trámites, traen lo justo. Con las brigadas médicas es un trabajo voluntario por los horarios, pero también con un pago”, explica la directora de Cáritas.
Este personal de salud aún espera la posibilidad de trabajar, sin que su nacionalidad sea un impedimento, más aún en el contexto de una crisis sanitaria.
