Comunidades de la Chiquitanía tras el fuego: seguridad alimentaria Y organización territorial

Bolivia vivió en 2024 la peor catástrofe de incendios forestales de su historia: 12,6 millones de hectáreas arrasadas, más del doble que en 2019. En la Chiquitanía, una de las regiones más golpeadas, las comunidades indígenas perdieron bosques, cultivos y fuentes de agua. En la comunidad Josema, del municipio de San Rafael de Velasco, doña Rosa Pachurí Paraba —presidenta de la ORMICH— lucha por recuperar lo que el fuego se llevó: la soberanía alimentaria de su pueblo.

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Cuando era una pequeña niña, doña Rosa Pachurí Paraba aún podía saborear una riquísima sopita de yuca acompañada de un pescado fresco sacado de su río de la comunidad Josema, municipio San Rafael de Velasco, provincia Velasco, departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Esos ingredientes eran suficientes para que su madre pudiera alimentar a la familia. Hoy, doña Rosa ya no puede comer ese plato que tanto le gustaba, porque el fuego y la sequía han herido la tierra que antes les daba todo.

El caso de doña Rosa no es una excepción. Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los incendios forestales y quemas descontroladas devastaron 12.658.157 hectáreas en 2024, una cifra que supera todos los registros históricos del país. De esa superficie, 7,2 millones de hectáreas (57 %) eran bosques y 5,4 millones (43 %) pastizales. El departamento más afectado fue Santa Cruz, con 8,5 millones de hectáreas quemadas (68 % del total nacional), según el informe Incendios forestales 2024: Tras las huellas del fuego de la Fundación Tierra.

Para dimensionar la catástrofe: es como si hubiera ardido un territorio equivalente a toda Cuba.

El Bosque Seco Chiquitano es el bosque seco tropical más grande y mejor conservado de Sudamérica, según la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Cuando deja de llover, las hojas se secan tanto que, al pisarlas, suenan como si se rompiera pan crujiente. En ese momento, el bosque se vuelve extremadamente frágil: si el fuego se usa mal, se convierte en una amenaza devastadora.

El problema es que el fuego no solo se lleva los árboles.

Según un análisis de la FCBC sobre los incendios de 2019, a nivel del suelo se pierde la capa humífera, se eliminan los invertebrados y hongos esenciales para descomponer la materia orgánica, se volatilizan minerales y nutrientes, y todo ello hace al suelo menos fértil. El banco de semillas que permite la regeneración natural del bosque se pierde casi por completo.

Por eso, hoy muchas personas como doña Rosa ya no pueden cosechar lo que más les gusta comer: el suelo quedó herido y el bosque que antes les daba todo ahora lucha por recuperarse.

A doña Rosa sus abuelos le decían que la tierra es un ser vivo que también necesita alimentarse. Ella recuerda que su abuelo tenía plantas específicas que servían de abono natural: los frijoles, cuyas hojas mantenían la humedad del suelo; la chala del plátano, que dejaba descomponerse naturalmente sin quemarla.

“Todo eso nutría las plantas y la tierra misma”, dice Pachurí.

Muchas familias de la Chiquitanía han perdido estas costumbres ancestrales de cultivo. Pero la familia Pachurí no: su padre aún conserva las prácticas de generaciones anteriores. La siembra era un ritual que debía respetarse.

Según cuenta doña Rosa, en tiempo de sur (temporadas de heladas) no se podía sembrar. Para plantar el maíz no se usaba maquinaria, solo un tizón: un palo especial con un punzón que abría espacio en la tierra para depositar cada grano. Cuando había vientos fuertes tampoco se sembraba, porque la planta nacía, pero no daba fruto.

2024: el año de las mesas vacías

El año 2024 fue muy doloroso para las comunidades del departamento de Santa Cruz. Bolivia vivió la peor temporada de incendios de su historia. El Gobierno declaró desastre nacional en septiembre.

En el municipio de San Rafael de Velasco —donde vive doña Rosa, en la comunidad Josema—, los incendios quemaron más de 201.000 hectáreas, equivalentes al 20,9 % de su territorio, según datos de la Fundación Tierra. El alcalde de San Rafael, Jorge Vargas Roca, lloró públicamente de impotencia ante la devastación, al tiempo que denunciaba que tenían apenas un puñado de bomberos voluntarios para enfrentar medio millón de hectáreas en llamas en toda la región chiquitana.

Para comprender la dimensión social del desastre, hay que saber que en Bolivia existen las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que son territorios colectivos e indivisibles reconocidos por la Constitución en favor de los pueblos indígenas.

Según la Fundación Tierra, “el 70 % de los incendios de 2024 se concentraron en TCO (30 %), áreas protegidas (27 %) y tierras fiscales (13 %)”, que son tierras del Estado destinadas a la redistribución agraria. Estas áreas en su mayoría no son aptas para la agricultura y ganadería a gran escala, sino que se destinan principalmente a la conservación, por lo que su vulnerabilidad refleja desafíos complejos para el manejo sostenible del suelo.

Una de las causas principales detrás de los incendios, según la misma investigación de la Fundación Tierra, es la conversión de territorios indígenas y áreas protegidas en campos de monocultivos de soya. El investigador Gonzalo Colque explica que el 95 % de los incendios fueron provocados por manos humanas; de ese total el 66 % fueron “quemas malintencionadas” —sin fines productivos planificados— y el 34 % fueron quemas agropecuarias descontroladas.

A esto se suma la Ley 741 de 2015, que autoriza desmontes —es decir, la tala de cobertura boscosa para habilitar tierras de cultivo— de hasta 20 hectáreas por familia, lo que según la FCBC provocará la pérdida de un millón de hectáreas de bosque en cinco años. Este marco normativo facilita procesos de ocupación irregular de tierras que, combinados con las quemas, aceleran la degradación del bosque.

A la comunidad Josema, donde vive doña Rosa, solo llegó el humo, afortunadamente, y las historias devastadoras de las comunidades vecinas: relatos de familias que perdieron sus hogares y sus sembradíos. Pero el impacto en la seguridad alimentaria fue regional.

Como documenta Cultural Survival, Rosa Pachurí explicó que los incendios quemaron no solo especies vegetales y animales, sino cultivos y animales domésticos.

“Anteriormente, con lo poco que había, se podía producir plátanos, yuca o algunas frutas, pero ahora ya no tienen nada”, señaló la lideresa.

El liderazgo que nace de las cenizas

Doña Rosa, como presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH) —organización que, según Cultural Survival, aglutina a 800 mujeres de cinco provincias del departamento de Santa Cruz—, estuvo acompañando a las familias y comunidades durante y después de la emergencia. Sus compañeras le contaron que sintieron una gran desesperación, una impotencia total al no poder controlar el fuego. Vieron con sus propios ojos cómo las llamas se llevaban lo que durante años habían luchado por conservar: su bosque, su Casa Grande.

La Casa Grande es también una fuente de recursos económicos para las mujeres: de ahí sacan los materiales para comercializar artesanías y productos cosméticos, como señala doña Rosa en su testimonio a Cultural Survival. Su tono de voz delata que hablar de esto aún es difícil. El fuego no solo se llevó su bosque; en algunos casos, las familias perdieron hasta sus viviendas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que documentó historias similares en la Chiquitanía, el impacto emocional es profundo y duradero.

Elizabeth Arteaga, de otra comunidad chiquitana, perdió las cosechas de plátano, yuca y maíz de su familia, y a su suegro, cuyos pulmones no resistieron el humo. Las personas afectadas arrastran un trauma con el que aprenden a vivir, pero del que nunca se recuperan completamente.

Frente a esta tragedia, una pieza fundamental estuvo ausente: la respuesta estatal. Según reportó Infobae, el Gobierno demoró semanas en declarar el desastre nacional pese a las exigencias de autoridades locales, comunidades indígenas y personas de la sociedad civil.

Ante el vacío estatal, la respuesta vino de la colectividad. Las comunidades se organizaron: formaron monitores ambientales para estar siempre alertas ante cualquier foco de calor y las mujeres asumieron un protagonismo inédito.

La OIM documenta que, con el apoyo de organizaciones internacionales, las comunidades chiquitanas ahora cuentan con planes de evacuación y brigadas entrenadas. Según el mismo reporte, esta fue la primera vez que se asignaron recursos sobre la base de un pronóstico que anticipó incendios inusualmente intensos.

Como la tierra aún no sana del todo y el clima es incierto, la cosecha no alcanza para todos por igual. Ante esta situación, las comunidades han hecho renacer el trueque, una práctica ancestral que hoy funciona como su mayor red de seguridad alimentaria. Si una familia solo logró cosechar maíz, busca a otra que haya tenido éxito con el maní o el arroz; así, mediante el intercambio justo, las mesas se llenan de nuevo.

Rosa llevó la voz de la ORMICH hasta la COP30 en Belém, Brasil (noviembre de 2025). Fue su primera COP. La cumbre contó con una participación récord de más de 3.000 representantes indígenas, pero Rosa se encontró con una realidad frustrante: quienes negociaban eran las autoridades y las ONG, no los pueblos indígenas que son los dueños del territorio. Como observadora, su voz no llegó a las mesas donde se toman las decisiones.

“¿Por qué son ellos los que negocian el territorio y no los pueblos indígenas?”, se pregunta Rosa.

Ella hace un llamado a la unidad de su pueblo: sin ella, toda la fuerza y el sacrificio de las dirigentas puede perderse.

Rescatar el saber para llenar el plato

En la Chiquitanía, la seguridad alimentaria no se construye solo con asistencia externa: se sostiene también en la memoria. Tras el paso devastador del fuego, algunas comunidades han comprendido que su mayor reserva de emergencia está en los saberes de sus ancianos.

Esta afirmación tiene respaldo científico. Un estudio publicado en 2023 en la revista Environmental Science and Policy, por Iokiñe Rodríguez (Universidad de East Anglia), Mirna Inturias (Universidad NUR, Bolivia), Elmar Masay y Anacleto Peña (de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío – CICOL), documentó cómo el pueblo monkox de Lomerío combina conocimientos tradicionales y técnicas modernas para gestionar el riesgo de incendios.

Según la investigación, los monkox desarrollaron un protocolo de quemas controladas, un programa de monitoreo del fuego, políticas de conservación de cuencas y bosques, y estrategias de revitalización cultural, todo ello con el conocimiento ancestral como eje central y el saber técnico occidental como complemento. Como explica la Universidad de East Anglia en su resumen del estudio, el fuego es la herramienta principal de la agricultura monkox, un método ancestral transmitido de generación en generación que ayuda a fertilizar y airear el suelo. Bajo el enfoque de la CICOL, el conocimiento indígena está en el centro de la estrategia de manejo del fuego.

A nivel continental, un estudio publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society B demuestra que las comunidades indígenas de Sudamérica han utilizado el fuego de formas diversas y complejas para obtener múltiples beneficios en ecosistemas que van desde sabanas hasta bosques tropicales.

El estudio concluye que, paradójicamente, las políticas actuales de “fuego cero” ignoran estas prácticas, a pesar de la creciente evidencia de que la gestión indígena del territorio reduce la deforestación y las emisiones de CO2. En Bolivia específicamente, entre 2000 y 2010, solo el 0,5 % de los territorios indígenas fue deforestado, comparado con el 3,2 % del total de la Amazonía boliviana.

Anacleto Peña, coautor del estudio publicado en Environmental Science and Policy (2023) sobre manejo indígena del fuego en Lomerío y miembro de la CICOL, sostiene el punzón de madera de cuse con la firmeza de quien conoce muy bien su tierra.

Para él, sembrar no es solo arrojar semillas: es una responsabilidad sagrada. Observa si la tierra es arcillosa, arenosa o rocosa, porque la estructura de la tierra manda y él, con respeto, obedece. Sus surcos siempre corren de norte a sur, trazando caminos para que el viento y las abejas faciliten la polinización. Sabe que la luna nueva es tiempo de silencio, una fase que prohíbe la siembra, con una sola excepción: la yuca, la única que se atreve a brotar bajo esa oscuridad.

Hoy, en los chacos chiquitanos, las familias ya no gozan de los alimentos que antes eran abundantes: el maíz, el arroz y el maní, pilares de su mesa. Según la OIM, Elizabeth Arteaga perdió sus cosechas de plátano, yuca y maíz por los incendios de 2024. En mayo de ese año, en el departamento del Beni, 1.161 familias ya habían perdido cosechas de plátano, yuca y maíz solo por los primeros focos de calor. A la destrucción del fuego se suma la falta de agua: la Chiquitanía ha perdido el 28 % de sus precipitaciones y Santa Cruz el 60 % de sus fuentes de agua, según datos citados por la misma fuente. A pesar de todo, Anacleto no se rinde. Antes de hundir el cuse, se conecta con la naturaleza y le pide a la madre tierra que convierta su esfuerzo en fruto. Para él, los saberes no han muerto: solo fallan cuando se dejan de practicar. Mientras haya interrelación entre la fe, la creencia y la conexión humana con la naturaleza, la producción encontrará su camino.

Caminos para la recuperación

Para las comunidades afectadas por el fuego, la recuperación nace de dos frentes: las políticas públicas basadas en evidencia y el retorno a la sabiduría ancestral. La Fundación Alternativas, especialista en seguridad alimentaria y cambio climático en Bolivia, ha propuesto estrategias que incluyen: promover la producción diversificada en policultivos para reducir el uso de agroquímicos, ofrecer asistencia técnica a pequeños productores, promover métodos sostenibles de riego y fortalecer emprendimientos locales de transformación de alimentos.

Por su parte, la Fundación Tierra propone en su informe de 2024 seis recomendaciones concretas: tránsito de quemas malintencionadas a quemas controladas; intervención preventiva en zonas neurálgicas; auditoría de autorizaciones de desmonte en zonas protegidas; rendición de cuentas sobre asentamientos en tierras fiscales; verificación de mercados irregulares de tierras en TCO; y zonificación de la agricultura mecanizada.

Este artículo es parte de la serie producida bajo el programa Get Ready for the COP, ejecutado por DW Akademie con el financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido es responsabilidad de su autoría y no refleja las opiniones de DW Akademie.