«Cómete un Snickers», las no respuestas sobre transgénicos del Gobierno boliviano

Para el ministro de Economía, Branko Marinkovic, hay gente que «se hizo una película» con los transgénicos. Ya que estamos en noche de Halloween, quizás podamos darle la razón: una película, sí, ¿de terror? Dejemos que hablen los datos.

¿Te preocupan los efectos de los cultivos transgénicos en Bolivia? “Cómete un Snickers”. Esa parece haber sido el mensaje que quiso transmitir la ministra de Desarrollo Rural y Tierras del Gobierno interino, Eliane Capobianco, cuando debió salir a defender públicamente el decreto supremo firmado por la presidenta Jeanine Áñez en el que se autorizan “procesos abreviados” para la evaluación de eventos transgénicos en soya, caña de azúcar, algodón, maíz y trigo.

La ministra Capobianco junto a productos de comida chatarra con componentes transgénicos. Foto: Vía La Razón

“Quién no ha consumido una Coca Cola, una Fanta, quién no ha comido un Snickers, un chicle Clorets, un M&M y las Zucaritas de Kelloggs”, dijo Capobianco en una conferencia junto a su equipo en la que, además, se habló del arca de Noé, Lionel Messi, vino y cerveza.

El decreto supremo 2452 instruye que «todo alimento que se produzca, fabrique, importe y se comercialice dentro del país y que contenga o derive de los organismos genéticamente modificados” lleve una advertencia sobre su origen. Ninguno de los productos presentados por Capobianco cumplía esta norma.

Y es que la siembra, cultivo y consumo de transgénicos sigue siendo el centro de múltiples disputas y controversias alrededor del mundo que no terminan de saldarse.

Comunidades científicas a favor y contra trabajan constantemente por validar y deslegitimar la producción transgénica. Muchos de estos debates se concentran en aspectos técnicos o relacionados con la salud humana.

No obstante, muchos de los efectos más tangibles en la agricultura extensiva transgénica tienen componentes económicos, sociales y medioambientales.

Para nutrir ese debate, a continuación presentamos algunas preguntas que son respondidas por las autoridades de manera engañosa, con información dudosa o incompleta.

¿Los transgénicos son nuevos en Bolivia?

No, aunque sectores críticos al Gobierno de Jeanine Áñez señalen a esta gestión como la culpable de una posible irrupción masiva de semillas transgénicas, con al menos cinco variantes, el uso de estos dispositivos y su discusión en las esferas política y social tienen larga data.

Es más, algunos expertos señalan que las medidas de la presidenta transitoria solo le dan continuidad al legado que había dejado su predecesor, Evo Morales.

En una conferencia de prensa el 14 de mayo de 2020 la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, en representación del Gobierno interino, manifestó que “los transgénicos no son nuevos en el país”.

Además, dijo que criticar la ampliación en la cantidad de semillas genéticamente modificadas era una hipocresía.


La declaración de Capobianco hace referencia a la aprobación de la siembra y producción de la soya RR (Roundop Ready) en 2005, durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Este evento transgénico tiene como característica principal su resistencia al glifosato, un herbicida que durante décadas ocupa el centro del debate sobre supuestos efectos cancerígenos.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, informó sobre una tendencia positiva en la incidencia de tumores en ratones machos. En el caso humano, reportó tener “evidencia limitada”.

Pero el uso de semillas transgénicas en Bolivia tiene antecedentes todavía más antiguos. Luego de que Argentina aprobara su uso en 1996, estos insumos genéticamente modificados fueron ingresados al país de manera ilegal y clandestina.

Es más, aunque los cultivos transgénicos de maíz no están aprobados ni regulados, se cree que existen más de 140 mil hectáreas con estos cultivos. Según una investigación de CIPCA y Probioma, esta producción pone en peligro la riqueza genética del maíz en el Chaco boliviano.

Un precedente más cercano es el que dejó el exmandatario Morales, quien gracias al decreto supremo 3874, del 18 de abril de 2019, autorizó “establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción” no alimentaria, es decir, orientada a aditivos de origen vegetal y biodiesel.

La problemática de los transgénicos tampoco es ajena a la normativa nacional. La Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, manda la “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

Asimismo, el artículo 15 de la ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria advierte que, en el territorio boliviano, no deben introducirse “paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.

¿Bolivia mejorará su productividad y competirá en el mercado internacional?

Luego de que la presidenta Áñez ordenara el establecimiento de procesos abreviados para la “evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos” a través de un decreto supremo (el 7 de mayo de 2020), parte de su gabinete inició una cruzada mediática para defender una medida criticada desde sectores ambientalistas, campesinos e indígenas.

Una semana después, el director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Marín Condori, dijo que “los efectos en la economía (con la aprobación de estos eventos transgénicos) se verán en el servicio del transporte, tendremos soberanía alimentaria y así evitar la importación de alimentos, nos convertiremos en proveedores de alimentos para el mundo”.

Esta última afirmación resulta engañosa, considerando que hasta el 2018 la participación de Bolivia en la producción mundial de soya, por poner un ejemplo, solo alcanza el 1% del total.

Por otra parte, prácticamente el 98% de las exportaciones de este producto no abandonan las fronteras regionales, teniendo como principales compradores los mercados colombiano, peruano, ecuatoriano y chileno.

La participación boliviana en el contexto internacional es marginal y aunque se incremente la productividad, los aparatos industriales de los líderes soyeros mundiales (Estados Unidos, Brasil y Argentina, copando el 81% de la producción) dejan a nuestro país con una desventaja que de ninguna forma se resolvería con un par de eventos transgénicos.

En la misma conferencia de prensa, la ministra Capobianco “desmintió” las afirmaciones de Condori apuntando que “nuestros productores no pueden competir con el resto del mundo, porque no tienen acceso a esta biotecnología (…) lo más importante es garantizar el alimento para todos los bolivianos”.

¿La biotecnología y los OGM garantizan la seguridad alimentaria nacional?

Como explicaba Capobianco en aquella conferencia de prensa, el objetivo del Gobierno transitorio, con la abreviación en los procesos de evaluación de estos paquetes transgénicos, sería garantizar alimentos para los bolivianos.

Buena parte de la producción de soya para consumo interno es destinado a la alimentación en avicultura, ganado vacuno y porcino. Según información de 2018, este uso, en distintos subproductos, equivale solo al 32% del total, el restante es un excedente que suele ser aprovechado para la exportación.

En el caso de eventos transgénicos como la soya HB4, no tienen como fin el consumo humano, sino que está orientado a la producción de biodiesel. Es decir, no tiene casi nada que ver con una garantía respecto a la seguridad y soberanía alimentaria.

Algo similar sucede con la caña de azúcar, cuya producción cuenta entre sus derivados con el alcohol, destinado al consumo doméstico y medicinal, pero también para su complementación con combustibles.

Tantos con los cárnicos, como con el azúcar, unos de los principales problemas es que su producción está destinada a atender las demandas de las industrias alimenticias o energéticas, antes que a satisfacer las demandas de una alimentación equilibrada y saludable.

Tampoco debe olvidarse que el algodón no tiene fines alimenticios y que, de igual forma, se encuentra dentro el decreto que dan vía libre a una posible irrupción de varios transgénicos en la agricultura boliviana.

Otro factor a considerar es el avasallamiento de la superficie agrícola por parte de los productores de oleaginosas. Según un informe de Probioma de 2018, de los 3.5 millones de hectáreas cultivadas en Bolivia, el 45% corresponde a oleaginosas, el 35% a cereales y el 7% a tubérculos y raíces.

Antes de la introducción de la semilla transgénica de soya, entre los años ochenta y noventa, esta proporción solía favorecer a los cereales.

A partir de 2005, la relación de superficies cultivadas en todo el país pasó a darle a Santa Cruz un 69% del total nacional. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística de 2015, el 97% de los cultivos cruceños son copados por las oleaginosas, principalmente por la soya.

No obstante, aclaró que “no se va a aprobar ningún cultivo de un día para otro”, sino se va a definir el “procedimiento abreviado” y luego se activarán los estudios de campo, según requerimiento, que “van a demorar entre uno a dos años, dependiendo del cultivo”.

Es decir, el objeto del decreto supremo, satisfacer las demandas y carencias de emergencia provocadas por la pandemia, tampoco serán resueltas.

¿Los OGM son amigables con el medioambiente y socialmente beneficiosos?

En otra de sus argumentaciones, el director del INIAF aseveró que, entre los impactos positivos de la producción transgénica, Bolivia podría contar con la generación de 300 mil empleos, entre directos e indirectos y 500 millones de dólares adicionales para Bolivia.

En los hechos, según declaraciones del director de Probioma, Miguel Crespo, de 1,000 millones de dólares en exportación de soya, los productores solo tributan un 1% que no alcanzaría a cubrir “ni la subvención del diesel”.

Esta cifra mínima tendría su razón en que el 95% de las exportaciones bolivianas de soya son concentradas por solo seis empresas. El 77% de ellas responden a capitales extranjeros.

En 2014, las cuatro mayores cerealeras (ADM, Cargill, Fino y Gravetal) reportaron facturación por 7.000 millones de bolivianos. Su facturación era de 2.703 millones de bolivianos en 2005, cuando se aprobó la primera soja en el país.

En cuanto a quienes son los más beneficiados por los eventos transgénicos, cabe destacar que, a decir de Probioma, el 3% del sector soyero concentra el 54% de la producción total.

Según reportes de Anapo, recogidos en el Atlas de los Transgénicos, el 2% de los productores de soya (quienes explotan más de mil hectáreas) controlan el 70% de la tierra en Santa Cruz. En cambio, el 78% de los productores son de pequeña escala (50 hectáreas o menos) y controlan sólo el 9% de la tierra.

Sobre estos últimos, Crespo apunta que “son los obreros agrícolas, no tienen opción de entregar a los centros de acopio, las aceiteras privilegian a los grandes y medianos productores”, poniéndolos en desventaja y alta vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios internacionales, en caída libre desde 2017.

Es necesario apuntar que entre 2005 y 2018 la producción convencional de soya fue desplazada del 79% al 0%. Actualmente la totalidad de la siembra es transgénica.

Otro de los sectores afectados por el avance de los cultivos transgénicos es el de los pueblos indígenas de las tierras bajas. La expansión de la frontera agrícola, impulsada especialmente por el sector soyero, es una grave amenaza en contra del territorio indígena de Lomerío y los pueblos chiquitanos, que tienen derechos de propiedad colectiva sobre 260.000 hectáreas pretendidas por el agronegocio.

El 60% de ese área son bosques. Guarayos (noreste de Santa Cruz de la Sierra) es otro territorio indígena amenazado por la expansión agroindustrial.

En los últimos dos años, todos estos territorios, incluidas reservas, santuarios naturales y coberturas boscosas sufrieron graves incendios que suman al menos siete millones de hectáreas arrasadas por el fuego.

Respecto a las bondades ecológicas de los cultivos transgénicos, sus defensores aseguran que su uso reduce considerablemente la deforestación de bosques.

Sin embargo, el uso del evento de soya RR desde 2005 no marca una mejora considerable en el rendimiento y la productividad, que se mantiene invariable durante casi 15 años en torno a las dos toneladas por hectárea. No sucede lo mismo con la superficie cultivada, que entre 2008 y 2018 prácticamente se duplicó.

Poniendo esta ampliación en cifras, puede anotarse que en Bolivia se arrasaron 5.1 millones de hectáreas entre 1990 y 2016. El departamento soyero de Santa Cruz es el que tiene mayor superficie deforestada.

Desde 2013, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo puso a disposición del agronegocio y la ampliación de la frontera agrícola al menos cinco leyes y decretos (leyes 337, 739, 741; el decreto 1171).

Otro de los ases bajo la manga de sectores empresariales que impulsan el uso de transgénicos, es el expuesto por el actual ministro de Economía, Branko Marinkovic, quien dice que los alimentos obtenidos de semillas transgénicas “utilizan mucho menos herbicidas, como pesticidas, entonces ahí es donde tenemos que enfocar”.

La información del INE sobre la importación de agrotóxicos detalla que esta se incrementó casi seis veces en los últimos 20 años. El año 2000 se importó por alrededor de 30 millones kilos, el 2005 (con la introducción del evento RR) este valor subió a 75.38 millones de kilos de agroquímicos importados. El 2017 esta cifra se multiplicó a 152.31 millones de kilos. Por si fuera poco, el 30% de estos productos ingresa al país de contrabando.

En relación a la cantidad de agroquímicos, respecto a la superficie cultivada, entre 2001 y 2017 se registró un incremento del 150%. Arrancando el siglo XXI, el uso de agrotóxicos alcanzó un promedio de 17,4 kilos por hectárea. Para el 2017 su aplicación ascendió a 43,5 kilos por hectárea.

Aunque los efectos del glifosato, uno de los principales herbicidas en el mercado boliviano, sobre la salud humana es controversial, ya que no cuenta con pruebas ni resultados concluyentes, no sucede lo mismo respecto a la afectación de los ecosistemas adyacentes a los cultivos.

Su uso extendido y constante acaba con todo tipo de plantas, incluso aquellas que son vitales para insectos, animales y pájaros. Así, los monocultivos de soya no admiten ningún otro tipo de vida.

La polinización, crucial para cualquier ecosistema, también sería puesta en peligro, debido a la afectación que sufren las abejas con la aplicación de herbicidas, plaguicidas y pesticidas. Según investigadores de la Universidad de Texas, cuyo trabajo fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el glifosato es peligroso para las abejas, ya que debilita su sistema inmunológico.

Por su parte, en un estudio que abarcó más de 60 millones de hectáreas en Argentina, uno de los cuatro principales productores de transgénicos, un grupo de científicos de la Universidad de La Plata reveló en la misma publicación la presencia de glifosato y atrazina en cuencas de ríos, lluvias y el aire.

En ese sentido, aunque la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) clasificó recientemente el glifosato como «no carcinógeno”, sí mantuvo la clasificación del producto como una «sustancia que causa graves daños oculares y es tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos”.

Estas acusaciones son constantemente refutadas por investigadores, en algunos casos vinculados a las corporaciones más importantes en la producción de transgénicos a nivel global.

Al respecto, en su libro El colapso ecológico ya llegó, las investigadoras Maristella Svampa y Enrique Viale, denuncian que “el lobby del agronegocio califica cualquier cuestionamiento como ‘ideológico’ y ‘no científico’”. Según las autoras es exactamente al revés.

En el caso boliviano, las acusaciones en contra de activistas medioambientales son similares. En agosto de este año, el presidente de Anapo dijo que “esos grupos (activistas) irresponsablemente sustentan sus acciones valiéndose de información sin respaldo científico”.

Estos señalamientos fueron respondidos por la Asamblea de los Bosques y la Vida en un decálogo que puede revisarse en este enlace.

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