Las luchas colectivas de las mujeres y feministas en Cochabamba se enfrentan a problemas de carácter estructural, en la Justicia y la sociedad. Mientras, sostienen sus actividades y apoyos de manera autogestionada.
Ellas brindan respuestas inmediatas, integrales y mancomunadas frente a las violencias machistas y patriarcales.
Esta pieza fue producida gracias a los recursos autogestionados de nuestro Fondo de Apoyo a la Producción Periodística de Mujeres y Personas LGBTIQ+. Para colaborar con la creación de más proyectos periodísticos como el Primer Reportaje Nacional de Periodismo Feminista, puedes dejarnos tu aporte en el Chanchito Muy Waso.
El Surtidor de los Derechos es una pequeña infraestructura de un piso y cuatro habitaciones que se encuentra entre las avenidas Pando y América de la ciudad de Cochabamba. Aquí se alberga la colectiva Mujeres de Fuego Cochabamba, explica con cariño Fátima Terrazas, su presidenta.
Esta red está compuesta por 132 mujeres sobrevivientes de violencia machista y familiares de víctimas de feminicidio. Juntas y organizadas.
“Somos la voz de las que ya no tienen voz”, con este grito de lucha, en 2016 se fundó Mujeres de Fuego. Entonces tenían como principal meta realizar acciones de control social a la negligente administración de justicia en casos de feminicidio.
“El colectivo nace como una forma de hacer frente al repudio y la indiferencia judicial, a la peregrinación en la búsqueda de justicia”, detalla Fátima.
Las mujeres sobrevivientes vuelven a nacer después de romper el círculo de violencia y conseguir justicia.
Es una llama que se lleva dentro. Una rabia que nace y se hace lucha, explica Fátima la lideresa sobre el origen de la colectiva y su propósito.
La organización se autodefine como una red de control social. Su presencia en cada juicio es un intento de vigilar su desarrollo con transparencia.
La lucha organizada
En el primer piso del Surtidor de los Derechos, conocido también como el “exsurtidor”, se oye la risa de una niña y el llanto de otra. Ahí mismo, en la planta baja, las Mujeres de Fuego acogen a otra mujer sobreviviente de violencia.
De fondo, una mujer con voz grave y cabellera larga se queja por la incompetencia de los jueces en su caso. Le dicen que deben ir hasta Potosí y presionar al sistema judicial para que el feminicida de su cuñada no evada su sentencia.
Lorena (nombre ficticio) se enteró —sin ser notificada— que el sentenciado por 30 años fue trasladado a otra cárcel en Potosí. Teme que la justicia lo libere como lo hizo el 2008, cuando fue condenado por homicidio.
Mujeres de Fuego atiende diariamente entre tres y cinco mujeres que enfrentaron algún tipo de violencia. Se las asiste con apoyo jurídico, legal, psicológico y social.
Durante 2021, las activistas acompañaron a un total de 130 mujeres.
El informe Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019 de la Fundación Construir indica que durante el 2018 ingresaron más de 6.000 denuncias de violencia a la Fiscalía de Cochabamba: únicamente el 1,5% concluyó en una sentencia judicial.
Control social ante la indiferencia judicial
“Sabemos cuáles son las falencias de cada caso porque vivimos esas situaciones en carne propia. Si la respuesta no es oportuna, gritamos los nombres de los jueces responsables de dar beneficios como el arresto domiciliario y la liberación de los agresores”, explica Fátima.
Noemí Núñez, familiar de una víctima de feminicidio y actual coordinadora de Mujeres de Fuego, cuenta que se unió a la lucha en agosto del 2020. Una temporada en la que la colectiva la apoyó con su caso.
“La presión social de las compañeras hizo que las autoridades puedan detener al feminicida para condenarlo a 30 años de cárcel”, recuerda.
Gracias al acompañamiento, la sentencia ejecutoriada se obtuvo en un mes. La mayoría de los casos no consigue una sentencia en años y los agresores apelan por su libertad con alguna “fianza corrupta».
Mujeres de Fuego encontró en la acción colectiva, la exposición pública y los gritos alborotados, mecanismos de control social hacia los operadores de la justicia.
Cuando ellas ingresan a un juicio, algunos actúan con mayor recelo porque saben que al menor indicio de manipulación serán expuestos ante la opinión pública.
La trabajadora social y vocal de la organización, Silvina Llanos, comenzó en el activismo desde el dolor, hace exactamente seis años.
“Todas las que trabajamos aquí somos sobrevivientes de violencia”, reitera antes de responder cualquier pregunta.
Para ella, hacer seguimiento a los procesos sirve para presionar, indirectamente, a las autoridades y funcionarios públicos a cumplir con sus responsabilidades.
No es casualidad que, por ejemplo, gracias a la presión de la colectiva, una madre lograra interponer una denuncia de violación, luego de que la Policía de Quillacollo se negara a recibirla, alegando falta de personal.
¡Contra la violencia institucional!
Cuando una mujer realiza una denuncia por primera vez, Mujeres de Fuego la escucha y contiene emocionalmente. Luego, la acompañan a realizar la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la asesoran jurídicamente.
La presidenta de la colectiva explica que “cuando las acompañamos se sienten más seguras.»
«La violencia institucional existe y la conocemos. Es la causa principal para que mujeres y familiares desistan de la denuncia o el proceso”.
Cuestionar un testimonio, la falta de respuesta inmediata, sentencias incoherentes y la negligencia investigativa son algunas de las múltiples caras de una de las violencias más invisibles a la hora de buscar justicia: la institucional.
El Estado y sus agentes fallan en la atención y protección frente a las agresiones patriarcales y machistas.
“Yo he pasado por todo ese proceso de denunciar. Entonces sé cuáles son las falencias, dónde está la obstaculización y eso me permite acompañar a las víctimas de manera más efectiva”, remarca Fátima Terrazas.
“Las mujeres sufren otra violencia desde las instancias estatales, judiciales y policiales”, complementa Carla Romero, secretaria de actas de Mujeres de Fuego.
Carla cuenta que los funcionarios públicos evaden las denuncias, las minimizan y favorecen a los agresores suspendiendo audiencias y manipulando las sentencias.
Sin embargo, los gritos de protesta en las puertas de los juzgados se convirtieron en acciones efectivas de presión social para voltear la situación.
El escrache como una forma de justicia
El Colectivo Ñañas se creó en 2019 como una red de mujeres organizadas para ofrecer acompañamiento legal, psicológico y emocional a las víctimas de violencia machista.
La organización nació de forma autogestionada y convirtió a las redes sociales en una de sus trincheras.
En su más reciente proyecto, las activistas de las Ñañas recogieron 700 testimonios de mujeres víctimas de abuso y violencia patriarcal.
Actualmente brindan apoyo psicológico. Anteriormente también ofrecían acompañamiento legal y asesorías jurídicas gratuitas con un rol fiscalizador, principalmente sobre los abogados de las víctimas.
Para la activista y cofundadora Natalia Aparicio, otro de los pilares de su trabajo es el escrache en las plataformas digitales. En sus palabras, “la denuncia digital (es una vía) para obtener justicia digital, comunitaria, ante la debilidad institucional de las instancias públicas”.
Por su parte, Adriana Benitez, integrante y exvocera general, cuenta que Colectivo Ñañas es un espacio seguro para que las mujeres denuncien y compartan sus experiencias frente a la violencia.
“El Órgano Judicial es cómplice del sistema patriarcal y machista. Por eso, nosotras apostamos por la justicia social y la denuncia colectiva”, explica.
El escrache o denuncia pública es una herramienta alternativa para exponer las violencias machistas y la falta de atención institucional.
Acuerpar para actuar
Por otra parte, Melina Cádiz, psicóloga de la colectiva, acompaña emocionalmente y de manera gratuita a las mujeres que sufrieron violencia sexual.
“Las mujeres necesitan contención emocional. No solo por la experiencia, sino también para enfrentarse a este sistema judicial patriarcal que las frustra y las violenta aún más”, denuncia.
La militancia y las convicciones llaman a accionar desde la solidaridad, dice Melina.
Ella trabaja con mujeres a quienes la justicia les ha fallado y las ha devuelto a los agresores. El 2018 atendió a 25 mujeres. Durante el primer año de la pandemia a 13. Durante los primeros meses de 2022 ya colaboró con otras seis.
La lucha organizada de las mujeres ante la histórica inacción del Estado es vital. En su opinión, las colectivas responden a un Estado ineficiente y patriarcal para generar espacios seguros de acuerpamiento.
“Nos cohesiona la rabia, nos cohesiona el reconocer estas injusticias (…) Es saber que no estamos solas. Aunque el Estado nos dé la espalda, nuestras hermanas van a estar ahí, sintiendo el dolor al igual que nosotras, resistiendo y respondiendo desde ese dolor”.
Sus convicciones, dicen las Ñañas: la colectividad es humana, la militancia feminista es solidaridad y el acompañamiento se hace desde el cariño.
