En enero de 2010, Daniel se convirtió en padre por segunda vez. Su esposa Delma, de 28 años, murió pocas horas después de dar a luz a su hija.
“Atendieron el parto, todo fue normal. Mi hijita nació. Pero mi esposa tenía un sangrado persistente… el médico dijo que era normal y se fue. Tres horas después volvió, pero ya era prácticamente tarde… En la autopsia se descubrió que habían quedado restos de placenta dentro de la matriz. Y eso es lo que originó la hemorragia”, recuerda.
El parto “normal”, el sangrado que no cesa, la espera de ayuda y la carrera desesperada por conseguir sangre quedaron grabados en su memoria. “Todo ya estaba desbordado… no había ni siquiera especialistas, no había sangre”.
La historia de Delma —una clínica sin banco de sangre disponible, un médico que subestima una hemorragia persistente, un familiar que corre a buscar donantes— no es excepcional.
Entre 2010 y 2024, los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) contabilizan 3.091 muertes maternas en Bolivia: un promedio de 200 cada año, alrededor de una madre cada dos días.
Estas cifras no son abstractas. Al lado de testimonios como el de Daniel, revelan lo que hay detrás: decisiones demoradas, recursos ausentes y omisiones concretas que terminan costando vidas.
La desigualdad que cuesta vidas
“No le han atendido, no hay tiempo, no hay partera, les dijeron. Por eso se la han llevado a la casa, casi medio muerta ya. Y a la vez que ha nacido la wawa, mi hermana no ha podido salvar a su hija. Y así se ha muerto mi sobrina”, relata Teófila Fajardo, desde la comunidad Rancho Blanco, en Punata.
Su sobrina Rita tenía apenas 18 años cuando falleció en marzo de 2015.
El testimonio de Teófila muestra la otra cara del problema: la distancia, la falta de transporte y la precariedad de la atención en el área rural. Rita iba a sus controles, pero cuando la emergencia llegó, la red de salud no reaccionó a tiempo.
“Así nomás vivimos aquí en el campo. No nos atienden en el hospital cuando vamos”, remata.
Las parteras confirman esa geografía de riesgo. Seferina Mamani, con 35 años de experiencia, explica que muchas veces atiende en comunidades sin centro de salud, con mujeres que nunca tuvieron un control prenatal. Ana Choque, que aprendió el oficio desde los ocho años, añade: “A veces llegamos incluso en el momento del parto no más, pero la embarazada no tiene ni una ecografía, ni un laboratorio, ni nada. Solo los tres días después del parto y ya”.
Estas parteras, reconocidas por su comunidad, hacen lo posible con lo que tienen, pero también saben sus límites. “Cuando hay complicaciones, nosotras referimos al centro médico. Durante los controles prenatales ya advertimos si algo no está bien y debemos enviar al centro”, señalan.
La médica Geovana Reyes Ortiz, que trabaja hace diez años en el primer nivel de Ajoya (municipio de Calamarca), describe con crudeza esas limitaciones:
“Era mi segundo año trabajando. En ese tiempo no contábamos con ambulancia propia. Teníamos que pedir prestada a otro centro. El domicilio de algunas familias queda a más de una hora a pie, y más de una vez me ha tocado caminar para atender un parto. Pero nuestro establecimiento no tenía condiciones ni siquiera para consultas externas adecuadas. Por eso, muchos partos seguían ocurriendo en casa atendidos por los esposos”.
A ese conjunto de obstáculos es a lo que el sociólogo especializado en salud pública Marcos Paz llama “causas gruesas” de la mortalidad materna. Son, dice, problemas ligados al desarrollo del país y a la debilidad de sus servicios de salud: “Son causas mayormente evitables y, sobre todo, fácilmente controlables por un sistema medianamente organizado”.
Distancias, demoras y carencias se acumulan como una sentencia. En la Bolivia rural, esas fallas estructurales siguen costando vidas.
Entre hospitales saturados y políticas insuficientes
“Nosotros le llamamos la ruta crítica con muchos pacientes que llegan desde el área rural. Primero son atendidas en su comunidad por un agente de salud, una partera tradicional o incluso por la familia. Cuando no se resuelve, la llevan al pueblo; del pueblo, a otro más grande donde hay hospital. De ahí recién la derivan a la ciudad. Muchas veces llegan a El Alto y de ahí a La Paz. Y si en La Paz no hay condiciones o está lleno, se deriva a otro hospital. Si ustedes se imaginan, esa paciente pasa una ruta muy crítica”, explica un especialista en salud pública.
En los hospitales de tercer nivel —donde llegan los casos que no pudieron resolverse antes— la tensión es otra: emergencias graves, terapias intensivas saturadas, equipos que trabajan al límite. El subdirector del Hospital de la Mujer de La Paz, Yuri Pérez, recuerda que el centro “tiene que atender a todas las pacientes derivadas de provincias… y muchas veces llegan pacientes que denominamos ‘casi muertas’”.
Las principales causas clínicas —hemorragias, trastornos como preeclampsia y eclampsia, infecciones y complicaciones obstétricas— son, en gran medida, prevenibles o tratables con atención oportuna y recursos básicos. El problema es la combinación: demoras en la comunidad, limitaciones de los centros rurales y, finalmente, la llegada tardía a hospitales de referencia, donde incluso con buen personal la situación ya puede ser irreversible.
Como resume Pablo Salazar Canelos, de UNFPA en Bolivia:
“Más o menos el 50% de las muertes maternas tienen que ver con las capacidades de los servicios de salud para atender emergencias obstétricas y neonatales. La otra mitad son factores socioeconómicos y culturales que limitan la llegada a tiempo. La muerte materna implica factores combinados: la comunidad, la familia y, por supuesto, los servicios de salud tienen responsabilidades”.
Según el Informe de Análisis de Situación de la Mortalidad Materna para América Latina y el Caribe, entre 2015 y 2020 Bolivia se mantuvo en el grupo de los diez países de América Latina y el Caribe con más muertes maternas, ocupando de manera recurrente el sexto, séptimo u octavo lugar. En conjunto, estos diez países —encabezados por Brasil, México, Haití, Venezuela y Colombia— concentraron el 82% de las muertes maternas de la región.
En cuanto a políticas, UNFPA y especialistas reconocen avances —capacitaciones, unidades de neonatología, creación de terapias intensivas obstétricas—, pero también alertan que los logros son frágiles. Los picos registrados en años concretos muestran que la atención aún depende de proyectos puntuales y no de una política pública sostenida. Como señala la institución:
“Cada muerte materna es evitable si se actúa con rapidez y con calidad en la atención”.
En esa misma línea, el sociólogo Marcos Paz añade una mirada estructural: los registros del SNIS muestran una parte de la magnitud del problema, pero no capturan todas sus causas. “Pese a sus dificultades y a lo lento del proceso de mejoramiento de los servicios de salud y de la capacidad instalada, ha habido una reducción significativa de la mortalidad materna. Pero todavía estamos entre los países con mayor mortalidad materna en la región”, advierte.
El duelo que deja la muerte materna
La psicóloga clínica Valentina Richter, que acompaña procesos de duelo desde 2021, explica con detalle las consecuencias psicosociales: culpa, depresión, riesgo de trastorno por estrés postraumático y, en casos extremos, conductas autolesivas.
“El sentimiento de culpa es muy fuerte, las familias se preguntan qué más podían haber hecho. Si no se acompaña, eso puede terminar en depresión o estrés postraumático”.
Daniel conoce el otro lado: el proceso judicial, la exigencia de revivir la tragedia en audiencias, el gasto económico y emocional que desalienta a muchas familias a continuar. “A través de mi abogada iniciamos una demanda… y con tanta audiencia y todo ya… yo acabé desistiendo”, cuenta.
En la práctica, los apoyos son insuficientes. A veces se brinda atención psicológica inicial a los hijos, pero no siempre al resto de la familia. Obstáculos económicos, falta de tiempo o el estigma hacia la terapia refuerzan el vacío. Valentina insiste en la necesidad de políticas integrales que incluyan la salud mental como parte esencial de la atención post-evento, no como un añadido.
El propio Daniel es ejemplo de esa brecha. Tras la muerte de Delma, su hijo mayor —que tenía tres años— recibió terapia hasta la adolescencia. Él, en cambio, nunca accedió: el trabajo y el cuidado de sus hijos pesaron más.
Avances frágiles, deudas pendientes
Las historias reunidas en este reportaje —de Daniel, Teófila, de las parteras, de médicos y especialistas— hablan de lo mismo desde distintos ángulos: un sistema que llega tarde o no llega, y familias que pagan con la vida de sus madres la suma de esas fallas.
Las causas se repiten: la falta de transporte, la escasez de sangre, la ausencia de especialistas, los partos atendidos sin controles previos, la desconfianza hacia los hospitales.
Y detrás, un sentimiento compartido: muchas de esas muertes podían haberse evitado.
Las soluciones también son claras: ambulancias y rutas de referencia que funcionen, bancos de sangre listos en todo el país, parteras articuladas con el sistema formal de salud, y apoyo psicológico a las familias que quedan después del vacío. No son medidas nuevas, pero siguen siendo urgentes.
En 15 años, Bolivia perdió más de 3.000 mujeres en edad reproductiva por causas asociadas al embarazo, parto y posparto. Son cifras que colocan al país entre los de mayor riesgo en la región y que contrastan con el compromiso global de reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030.
Pero detrás de los números están los nombres: Delma, Rita, y las decenas de mujeres que no aparecen en este reportaje pero forman parte de la misma estadística. Daniel lo dice sin rodeos: la casa cambió “desde que Delma se fue”, y su vida consiste desde entonces en recomponer lo cotidiano después de una ausencia que ninguna cifra alcanza a explicar.
