Con la COP16 de Biodiversidad a la vista, y a pesar del compromiso de proteger el 30% del territorio para 2030, Bolivia carece de una estrategia efectiva. La deforestación y la minería son presiones constantes. En este contexto, lideresas indígenas destacan la necesidad de reconocer su papel en la conservación y exigen un lugar en las conversaciones.
“Nosotras no tenemos la acreditación oficial. Participamos como observadoras”, dice Wilma Mendoza sobre la decimosexta Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP16). Ella preside la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), donde representa a 34 naciones indígenas.
Para Wilma, esta falta de representatividad es reflejo de una exclusión estructural. “Nosotras tenemos información de primera mano, pero no podemos ser parte de los diálogos de los Estados”, agrega.
La lideresa es originaria del pueblo mosetén en Palos Blancos, La Paz; región gravemente afectada por incendios forestales y minería ilegal. Para proteger su modelo productivo, el municipio adoptó la ley municipal 233 (marzo, 2021) que lo define como “un municipio agroecológico, productivo y libre de contaminación minera».
Los pueblos indígenas, siendo solo el 5% de la población mundial, desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad. Algunos informes establecen que protegen el 80% de la biodiversidad, porcentaje debatido por fuentes como Nature. Pero estudios verificados muestran que los pueblos indígenas “administran” más de una cuarta parte del planeta. Este resguardo incluye un tercio de los paisajes forestales intactos, lo que reafirma su rol esencial en la protección de la biodiversidad.
“Se están perdiendo bosques y vidas”, añadió Mendoza. Para ella, la pérdida de biodiversidad es un daño para ecosistemas y comunidades que dependen de ellos.
Bolivia tiene 66 de los 112 ecosistemas a nivel mundial y 64 áreas protegidas. A días de la COP16 de Biodiversidad, enfrenta desafíos en su compromiso de proteger el 30% del territorio para 2030.
Sobre la política gubernamental, la lideresa señala:
“Bolivia tiene un buen discurso internacional, pero en casa no pasa nada”, afirmó sin titubear. “No hemos declarado emergencia por los incendios, aunque estamos perdiendo tanto bosque”.
“Dicen que van a conservar, que van a proteger, pero la realidad es otra”, recalcó.
“Las políticas públicas deben implementarse respetando el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, y deben involucrarnos en la formulación de estas políticas”, concluyó.
El financiamiento y la justicia climática
«Los países que tienen mayor responsabilidad en el daño generado a (…) la biodiversidad y el cambio climático (…) tienen que asumir mayor responsabilidad en financiamiento», explica Juan Carlos Alarcón, secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y miembro del Comité Nacional del Foro Social Panamazónico (FOSPA).
El financiamiento es otro tema crucial para lograr los objetivos de conservación. Alarcón resaltó la importancia de que los países que contribuyeron más al deterioro ambiental asuman mayores responsabilidades económicas. Para la COP16, el financiamiento de la biodiversidad se refiere a los recursos económicos que países y organizaciones internacionales comprometen para apoyar la conservación de la biodiversidad a nivel global.
En este contexto, Alarcón afirma que es fundamental que los territorios indígenas reciban recursos directos para la conservación de sus territorios.
«Hay que dejar a los territorios y pueblos indígenas ejercer su derecho a la autonomía (…) en términos de cosmovisión, del ecosistema, de la biodiversidad», sostuvo.
Alarcón expresa incertidumbre sobre la postura oficial de Bolivia en la COP16. A pesar de esta falta de claridad, enfatizó que Bolivia debería aprovechar la instancia para exigir recursos a los países responsables del daño ambiental, especialmente por la crisis económica actual.
Compromisos de Bolivia para la COP16
Alarcón aseguró que «no es un caso de negociación de un acuerdo, porque ya existe, sino sobre cómo vamos a avanzar en cumplir esas metas y ese acuerdo».
La COP16 se realizará del 21 de octubre y al 1 de noviembre en Colombia. Los 196 países miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) rendirán cuentas sobre la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica.
Esta cumbre es particularmente significativa para la Bolivia megadiversa que enfrenta serios desafíos ambientales: deforestación, incendios y minería ilegal. Estas amenazas comprometen el 4% de la biodiversidad mundial, porcentaje que tiene el país en solo el 0.2% de la superficie planetaria.
Alberga a más de 20,000 especies de plantas en 12 ecorregiones. Ocupa el cuarto lugar en diversidad de mariposas y el décimo en aves y mamíferos. Tiene numerosas especies endémicas, como el delfín de río boliviano (bufeos) y la vicuña.
En la COP16, Bolivia deberá presentar la actualización del Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad (PAB). Allí deberá demostrar cómo alineará sus políticas con las 23 metas del Marco Mundial Kunming-Montreal para revertir el declive de la naturaleza.
La contradicción entre la Estrategia Plurinacional de Biodiversidad (2018) y la realidad es evidente. La estrategia (2019-2030) busca políticas para proteger la biodiversidad, pero las actividades extractivistas y las políticas gubernamentales actuales la obstaculizan. Por ejemplo, el informe «La Amazonía contra reloj» señala la degradación del 26% de la Amazonía, con Bolivia y Brasil como principales responsables.
Alarcón señaló que Bolivia aún no tiene una estrategia clara para cumplir con esos compromisos, limitándose a realizar un diagnóstico que probablemente sea presentado en la COP.
Se solicitó una entrevista con la delegación boliviana para obtener más detalles sobre el estado de la estrategia, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Los incendios, una amenaza latente
En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad en Bolivia, Alarcón expresó con preocupación:
«Hay actividad minera, hay incendios. Creo que una de las principales amenazas que tenemos a nivel nacional, pero también en la Amazonía, son los incendios».
En 2023, más de 4 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios en todo el país, especialmente en regiones como la Chiquitanía y el Pantanal, además de la Amazonía. Según la Fundación Tierra, los municipios más afectados fueron San Matías, San Ignacio de Velasco y San Rafael en Santa Cruz.
Justamente, el pasado 30 de septiembre de 2024, el gobierno declaró «desastre nacional» debido a la crisis ambiental por los incendios. Cabe aclarar que al momento de la entrevista, dicha declaratoria no se había realizado aún. Estorefleja la gravedad de la situación que se venía anunciando.
Bolivia cuenta con 60 áreas protegidas que representan el 16,63% de su territorio. Esto corresponde a 180.000 km², aproximadamente, lo que equivale a la superficie del departamento de La Paz. Esta nominación, sin embargo, no garantiza las medidas adecuadas:
«Bajo un marco normativo, crear parques nacionales o áreas protegidas no garantiza la conservación», dijo Alarcón, señalando la presencia de minería e incendios en zonas destinadas a la protección ambiental.
La situación en áreas protegidas muestra que la protección formal no siempre se traduce en la preservación real de la biodiversidad.
FOSPA: la sociedad civil como actor clave
La Amazonía representa el 44% del territorio boliviano, seguido por los Andes con el 26%, el Chaco con el 11.6%, el Chiquitano con el 11.5%, el Tucumano Boliviano con el 4.4%, y el Pantanal con el 2.5%, según la Fundación Amigos por la Naturaleza.
Entre 2016 y 2021, Bolivia vio un aumento del 73 % en la deforestación, posicionándose como el tercer país con mayor pérdida de bosques a nivel mundial, después de Brasil y la República Democrática del Congo.
En este contexto, el XI Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en Rurrenabaque y San Buenaventura en junio de 2024, se estableció como una plataforma esencial para que la sociedad civil, pueblos indígenas y organizaciones ambientales discutan los desafíos de la Amazonía. Durante el evento, se formuló un claro posicionamiento para la COP16.
Se propuso reconocer a la Amazonía como sujeto de derechos, proteger los recursos en territorios indígenas. Además se planteó un mecanismo de financiamiento directo del Norte Global y la derogación de leyes que amenazan la biodiversidad en Bolivia.
Es fundamental que las comunidades indígenas sean incluidas en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad (PAB) para garantizar que sus voces y conocimientos se reflejen en las políticas de conservación.
Wilma Mendoza resaltó: «Queremos construir una política que realmente favorezca a la población indígena, favorezca a esa madre naturaleza”.
Durante el XI FOSPA 2024, se destacó que las conclusiones del foro deben convertirse en mandatos para los gobiernos, exigiendo la inclusión de las perspectivas indígenas en la planificación y ejecución de estrategias de conservación.
