Agua de riego por turnos provoca emigración de jóvenes en Puesto García

Mujeres de distintas edades del centro Nanum de Puesto García, Villa Montes, participan de un taller de periodismo comunitario de Muy Waso.

Mujeres del centro Nanum de Puesto García participan de un taller de periodismo comunitario de Muy Waso. Foto: Mijail Miranda

Las personas más afectadas por la escasez de agua en esta comunidad de Villa Montes son jóvenes que nacieron después del 2000. Debido a su juventud, pese a estar en una edad económicamente activa, no cuentan con turnos de agua para riego.

En esas condiciones, se ven obligadas a dejar su comunidad en busca de otras formas de subsistencia.

La agricultura es la principal forma de sustento de las más de 200 familias de Puesto García.

Ya sea para consumo propio o como una fuente de ingresos, el cultivo de la tierra es parte de la identidad de esta comunidad. Pero la falta de agua para riego durante los últimos años expulsa a las personas más jóvenes de su hogar.

El agua que se usa y consume en Puesto García proviene de la quebrada de Tarairí. Comparten esta fuente hídrica con la comunidad que lleva precisamente ese mismo nombre.

”50 y 50, tenemos agua compartida”, comenta Inés Romero, desde Puesto García, en Villa Montes, Tarija.

Divididos por el recurso

Para hacer frente a la escasez, las familias de las comunidades de Puesto García y Tarairí se han repartido el agua por turnos. Pero no es suficiente.

Como si fuese una especie de sorteo, los cerca de 50 afiliados (comunarios organizados que se dedican a la agricultura) acceden al agua por horas. Y así como el día es finito y el tiempo implacable, los turnos también se acaban.

“La juventud de ahora no cuenta con riego, no tiene turno de agua. Los socios antiguos ellos sí cuentan con su turno de agua. El turno de agua es de tres horas, cuatro horas, hasta de seis horas. Pero la gente (que nació) a partir del 2000 adelante no tiene ni una media hora de agua”, comenta Edelmira Fernández.

Edelmira Fernández participa de un taller de periodismo comunitario de Muy Waso. Foto: Mijail Miranda

Inés y Edelmira son algunas de las integrantes del Centro Nanum, Mujeres Conectadas de Puesto García, una iniciativa de Fundación Nativa Bolivia.

A la limitada cantidad de turnos y la falta de riego tecnificado en Puesto García, se suman los efectos de la crisis medioambiental.

Cada año, relatan desde Puesto García, las lluvias son más escasas, las temperaturas más altas y la sequía es cada vez más extenuante.

Sin embargo, Villa Montes ha realizado inversiones en proyectos de agua en otras comunidades cercanas, como en el caso de Tarairí, luego de varios años de pedidos y exigencias desde la comunidad.

La construcción del sistema de riego por goteo en Tarairí, según informa el Gobierno central, tuvo la inversión de más de 10,5 millones de bolivianos y permite la irrigación de más de 100 hectáreas. La información oficial dice que se benefician más de 150 productores.

Esta también es una necesidad para Puesto García, sin embargo aún no es satisfecha.

La inversión en proyectos de agua potable y saneamiento en el municipio de Villa Montes en 15 años (entre 2006 y 2021) equivale al 3.5% del presupuesto asignado a gastos sin proyectos del Ministerio de Defensa en el Presupuesto General del Estado de 2022.

Toda la inversión destinada a proyectos de agua y saneamiento en 2021 (1,077 millones de bolivianos) representa solo un tercio de estos mismos gastos.

Sin agua, sin alimentos

Según el estudio Tras las Huellas del Cambio Climático, realizado por el PNUD, Bolivia se encuentra entre los países con los más altos niveles de inseguridad alimentaria. Pese a que una gran parte de la población del área rural se dedica a la agricultura.

Sin embargo, el hecho de que sus sistemas de cultivo dependan altamente de las lluvias, sitúa a las familias del área rural en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a la crisis climática y la soberanía alimentaria.

Comunarias de Puesto García reunidas para evaluar la realidad de sus comunidades. Foto: Jhoselin Granados

Migración, la consecuencia 

La falta de agua para la agricultura deriva en falta de alimentos para el autoconsumo y el comercio. Esta carencia tiene un efecto colateral, que afecta la estabilidad de la comunidad y las familias: la migración.

Las y los jóvenes que no acceden a los turnos de agua repartidos en horas, días y semanas, dejan su comunidad en busca de otras opciones para sostenerse económicamente.

“Por eso la gente migra a otro lugar. No podemos trabajar en la comunidad por el hecho de que no hay agua”, lamenta Edelmira.

Para la comunidad la solución podría venir de la mano de proyectos de riego tecnificado que les permitan sembrar con la seguridad de que sus cultivos no perecerán bajo el sol.

“Como jóvenes, pensamos que se puede mejorar teniendo un riego tecnificado, a goteo. Haciendo más reservorios en la comunidad, con pozos profundos. Ahí puede ser que podamos paliar este problema”, remarca Edelmira.

Agua contaminada, otro problema

En Puesto García la provisión de agua es por gravedad y de forma compartida con Tarairí, quienes están en la cabecera del río. Esto significa que el agua llega en menor cantidad hasta las zonas más alejadas. Pero ese no es el único problema.

El agua que reciben en las zonas más periféricas también está más contaminada.

“Es zona turística y la gente va a bañarse, a veces hay gente que va con sus perros. Se encuentran muchas cosas”, relata Inés Romero.

Desde plásticos hasta residuos humanos contaminan el curso de agua que se ven obligadas a utlizar.

Si bien esto afecta a la agricultura, el mayor impacto de la contaminación se plasma en la salud de los comunarios. En especial en las niñas y niños, ya que es esta misma fuente la que abastece de agua sus hogares, sin ser potabilizada.

El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, explica, que, en el caso de Puesto García, la cobertura de agua es del 98,5%.

Esto no implica que sea agua potable, sino que se trata de «agua segura».

Por su parte, las personas de Puesto García explican que quienes viven en la zona central de la comunidad reciben agua regularmente. Por el contrario, quienes habitan zonas más alejadas, pueden pasar semanas sin el suministro.

Valda dice que en el área rural es frecuente que las fuentes de aprovisionamiento sean ríos, lagos o pozos, por lo que el recurso debería ser tratado en tomas de agua a cargo de las y los comunarios. Las capacitaciones para este manejo serían competencia de los gobiernos municipales.

Según datos oficiales actualizados hasta 2021, un tercio de las 66 comunidades de Villa Montes aún no supera el 40% de cobertura de agua.

A nivel nacional, la cobertura de agua es del 87%, «es decir que, de cada cien personas, 87 tienen agua potable o agua segura en sus domicilios», explica Valda.

Pero esta cifra esconde una brecha entre las zonas urbanas y rurales. Solamente el 67% de la población rural tiene acceso a los servicios de agua potable y únicamente el 43% cuenta con servicios de saneamiento básico.

Mujeres del centro Nanum en Puesto García conversan durante un taller en periodismo de Muy Waso. Foto: Michelle Nogales

¿Qué es el agua segura?

Se le llama “agua segura porque cumple con las condiciones mínimas que manda la norma 689. Porque el agua debe tener turbiedad, PH, acidez. Todas estas cosas se miden. Lo que en muchas comunidades falta es potabilizar con cloro”, explica Valda.

También remarca que es tuición de los gobiernos municipales capacitar a las comunidades con ese fin, además tienen la responsabilidad de proteger las fuentes de agua.

En el área rural, donde no hay empresas encargadas para proveer de agua potable, las comunidades también cargan con la responsabilidad de proteger su acceso a un derecho humano fundamental.

Derecho al agua

La actual Constitución Política del Estado (CPE) reconoce como derecho fundamental el «acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado…».

Además, reconoce como responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, «la provisión de servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias (…)». Y se remarca que tanto el acceso al agua como al alcantarillado son considerados «derechos humanos».

Sobre la base de estas disposiciones, las autoridades gubernamentales municipales, departamentales y nacionales, deben garantizar a les bolivianes de todo el país acceso a agua, pero tratada de manera tal que sea considerada potable. Es decir, útil para el consumo humano, la alimentación y otras necesidades básicas.


Este reportaje fue elaborado en colaboración con las participantes Inés Romero y Edelmira Fernández del taller de formación en periodismo digital con perspectiva medioambiental de la Revista Muy Waso en Puesto García, Villa Montes.
Estos talleres son parte del proyecto “Explorando y reorientando narrativas sobre el cambio Climático en el Gran Chaco”, desarrollados en alianza y con el apoyo de Voces para la Acción Climática Justa, a través de la Fundación AVINA en Bolivia.
Las capacitaciones se dictaron con el apoyo y la coordinación de los centros «NANUM, Mujeres Conectadas» de la Fundación Nativa Bolivia.
«NANUM, Mujeres Conectadas» es un proyecto trinacional que busca «promover el rol de las mujeres como agentes de cambio en el acceso y la adopción de soluciones disruptivas» en el Gran Chaco.
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