La Asamblea de Ecuador debate una ley para garantizar el acceso a un aborto en casos de violación. ¿Qué dice el fallo constitucional que reconoce los derechos de las víctimas de violencia sexual y qué es lo que piden miles de mujeres movilizadas?
Tratamos de acercarnos, entender y explicar el proceso de lucha de las compañeras ecuatorianas, porque “América Latina será toda feminista”.
“Maternidad forzada es esclavitud”, dice uno de los miles de letreros que se alzaron en la movilización #AbortoPorViolación en Ecuador. Las vigilias y protestas se realizaron el pasado martes (25.01.22) y se repitieron hoy (03.02.22). La marea feminista se extendió por Quito y otras ciudades ecuatorianas.
Los pañuelos verdes se alzan junto con las voces que exigen a sus autoridades legislativas una ley en favor de la vida y autonomía de las ecuatorianas.
El pedido feminista apunta hacia una norma que permita garantizar a las sobrevivientes de violación el acceso a una interrupción del embarazo de forma segura, gratuita y sin restricciones.
La Corte Constitucional de Ecuador emitió una sentencia el año pasado (28.04.21) en la que despenalizó el aborto por violación.
Este fue un hito importante en Ecuador en favor de los derechos de las mujeres. Este país sudamericano tiene un modelo legislativo prohibitivo, esto significa que el aborto tiene una sanción penal, con algunas excepciones rígidas y conservadoras.
En el Código Penal de Ecuador, el aborto no está penalizado si hay algún peligro para la vida de la mujer embarazada o si es que padece de una discapacidad mental.
En todos los casos, la mujer es quien otorga el consentimiento y la autorización para realizar el proceso.
Un hito en favor de las mujeres
En su fallo de 2021, la Corte Constitucional de ese país reconoció el derecho de todas las ecuatorianas víctimas de violaciones a acceder a un aborto legal. Este cambio fue un salto importante, en una legislación que solo lo consentía en casos de discapacidad mental de la persona gestante.
Esta decisión está amparada en las normas y recomendaciones de organismos internacionales. Estos remarcan la necesidad de garantizar abortos seguros.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 45% de los abortos practicados en el mundo fueron inseguros. Un porcentaje que se acentúa en América Latina y África, donde casi tres de cada cuatro mujeres se ven obligadas a enfrentar procedimientos riesgosos para su vida.
Una mirada regional
Como sucede en Ecuador, otros países de la región como Bolivia, Chile, Colombia y Brasil, también admiten la interrupción legal del embarazo. Principalmente en casos de violación, o cuando la vida de la gestante corre peligro, entre otras causales.
Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica también lo permiten en ciertos casos, pero son más restrictivos.
En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, el aborto está totalmente penalizado.
Según un informe de Amnistía Internacional, la represiva prohibición del aborto en El Salvador obliga a que más de 50 niñas y adolescentes embarazadas, por día, lleven a término embarazos peligrosos o se sometan a abortos clandestinos. Al hacerlo, además, enfrentan un alto riesgo de ser encarceladas.
Los países que han dado una avanzada respecto a la legalización del aborto son Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y Argentina.
En algunos casos, estos países aplican una restricción temporal respecto a las semanas de gestación.
Uruguay es uno de los países con indicadores más positivos sobre la reducción de muerte materna y la disminución de abortos una vez que estos son despenalizados.
De hecho, en 2020, las uruguayas consiguieron su segundo año consecutivo en la reducción de abortos legales.
El debate
Colectivas y organizaciones feministas ecuatorianas exigen que su Asamblea escuche la sentencia constitucional que permite que todas las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual accedan a abortos.
“El aborto por violación ya es legal y no pueden criminalizar ni encarcelar nunca más a mujeres. Tampoco pueden colocar restricciones que impidan el acceso y dejen fuera del sistema de salud a las mujeres más vulnerables”, se puede leer en un pronunciamiento de organizaciones, colectivas, mujeres, feministas, indígenas y personas de las disidencias sexuales.
Sin embargo, como en el resto de la región, también existen grupos antiderechos que se oponen al derecho a decidir. En este caso, se niegan a que el aborto se practique en casos de delitos contra la libertad sexual.
Esta causal, por violencia sexual, es un consenso en varios países del mundo y desde hace muchos años. Incluso en aquellos, como Bolivia, donde aún no se contempla el aborto libre y gratuito desde el Estado.
Este jueves (03.02.22) la Asamblea ecuatoriana retomó el debate de la propuesta legislativa que debe acatar lo dispuesto por su Corte Constitucional. Puedes seguir su transmisión aquí.
Niñas, no madres
En ese contexto, organizaciones de mujeres exigen que los Estados tomen acciones para garantizar el acceso al aborto, libre y seguro, para víctimas de violencia sexual. En especial, para niñas y adolescentes que son obligadas a seguir con embarazos a causa de violaciones y la retardación de justicia.
El informe de la Relatoría Especial sobre la Tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU remarca que las restricciones al acceso al aborto y las prohibiciones absolutas son formas de tortura y malos tratos.
La criminalización del aborto deriva en embarazos forzados de niñas y adolescentes. América Latina y el Caribe es la única región en el mundo donde año tras año aumenta la tasa de embarazo en menores de 15 años, la mayoría de esos casos son resultado de violaciones, con agresores dentro de su entorno familiar.
Para el comité de expertas del Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados parte de la Convención de Belém do Pará, todo embarazo en menores de 14 años «debe considerarse como no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual» (excepto en los casos de relaciones entre pares).
El caso boliviano
En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en 2014, emitió la sentencia 0206 en la que determina que las mujeres víctimas de violación pueden acceder a un aborto con la sola presentación de la denuncia de la violación. Sin la necesidad de una autorización judicial ni ningún otro tipo de trámite o exigencia legal.
Aún así, en varios casos, lxs médicxs y centros de salud dilatan estos procedimientos completamente legales, en desobediencia al Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el Marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, que resguarda el derecho de las víctimas a acceder al aborto de forma segura.
