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65 víctimas de abusos sexuales dentro la iglesia católica boliviana solo en los últimos 11 años. Esa es la cifra “oficial” que nos permite deducir que el reciente informe de 1.356 páginas que sacudió a la Iglesia Católica, prueba de violaciones sistemáticas y una red global de encubrimiento, no es ajeno a nosotros.

Mijail Miranda Zapata

Los cimientos de la iglesia católica han sido sacudidos una vez más desde Estados Unidos. Un extenso y detallado informe de más de mil páginas reveló un número similar de casos de abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes a lo largo de 70 años. En Bolivia, según recopila el periodista argentino Julián Maradeo en su libro La trama: detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, al menos 65 casos de pederastia salieron a la luz solo desde 2007.

La investigación del gran jurado de Pensilvania, la más exhaustiva que se ha desarrollado sobre esta tragedia en Estados Unidos, inculpa a por lo menos 300 clérigos en estos crímenes. Según el mismo documento, El Vaticano fue informado repetidamente sobre los delitos de pedofilia que se estaban cometiendo al interior de sus instituciones, además de estar al tanto del encubrimiento sistemático realizado por la cúpula eclesiástica norteamericana.

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Este es el segundo gran antecedente global contra la pederastia dentro la iglesia católica que nace en Norteamérica. El primero surgió luego de una investigación del Boston Globe que destapó una red eclesiástica de abuso infantil en ese estado, en la que estaban involucrados 87 curas en un periodo de 30 años. Este trabajo periodístico también puso en evidencia los mecanismos mediante los cuales cientos de denuncias eran silenciadas por intermedio de las jerarquías de la curía.

La investigación del Boston Globe inspiró el filme Spotlight, que a su cierre presenta una lista de 200 casos de encubrimiento alrededor del mundo

En este sentido, en una mirada retrospectiva a los tres casos detectados en la última década, Bolivia tampoco parece ser la excepción, ya que el procedimiento para ocultar la tragedia parece ser el mismo: minimización y particularización de los casos, alejamiento de los curas pedófilos, su “secularización” y excedencias, entre otras estratagemas.

Los casos bolivianos que llegaron a la Justicia

El primero, el más grave en cuanto a cifras, ocurrió en uno de los municipios más pobres del departamento de Cochabamba: Tapacarí. Juan José Santana Trinidad, uruguayo de nacimiento, el 1 de noviembre de 2007, fue denunciado por haber abusado de 30 niños en el internado que administraba.

El hecho fue conocido en primera instancia por el Servicio Departamental de Gestión Social, que en lugar de remitir el caso a las autoridades policiales y judiciales, decidió conformar una comisión para comprobar la veracidad de las declaraciones de las víctimas.

Entretanto, Santana logró huir del país para refugiarse en Salto, una población ubicada al noroeste de su país natal. Tres años después, un reportero del diario uruguayo La República logró localizarlo. Entonces, el exsacerdote relató que la justicia boliviana no había librado un exhorto a la Interpol para solicitar su captura internacional. En la misma declaración, consultado por la veracidad de las denuncias, respondió:

“Son ciertas. Es lo que te puedo decir. ¿Sabés una cosa? Estoy muerto”.

Después de la fuga, la Iglesia Católica inició un proceso internamente y declaró laico al pedófilo. Por su parte, Tito Solari, arzobispo de Cochabamba en ese tiempo, se presentó ante el Ministerio Público para informar todo lo que sabía sobre Santana y colaborar con la investigación.

Dos años después de este primer destape, también en Cochabamba, se registró el segundo caso. Tal como en el primero, el exclérigo estaba a cargo de un internado en San Benito que albergaba a 17 menores, muchos de ellos hijos de migrantes que abandonaban Bolivia rumbo a España. José Mamani Ochoa fue sindicado de violar a todos estos chicos, cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 15 años.

Foto: Daniel James/Los Tiempos

Las autoridades eclesiásticas al ser advertidas sobre los hechos, además de otros delitos administrativos, decidieron trasladar a Mamani a otro centro en Itapaya, dentro el mismo departamento. Con esta reasignación, sin embargo, no consiguieron salvar a los pequeños, quienes viajaron junto a su agresor, gracias a documentos fraguados, a un nuevo centro donde las violaciones continuaron.

Afortunadamente, uno de los adolescentes consiguió escapar y logró comunicarse con su madre. Ambos sentaron una denuncia a la Policía, pero fueron ignorados. Entonces, acudieron a Tito Solari, quien aún era la principal autoridad del clero cochabambino. Gracias a esta comunicación el crimen tuvo seguimiento y Mamani pudo ser encarcelado en 2010 con una condena de 22 años por 7 violaciones comprobadas.

Aunque en este caso la Iglesia finalmente optó por acompañar el proceso legal, también asumió medidas a su interior que incluyeron la destitución de Mamani y su declaración como laico.

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El tercer hecho, sucedió también en 2007. Las circunstancias que rodean los crímenes son casi idénticos. Eduardo Revich era responsable de un centro de acogida para niños y adolescentes de escasos recursos. Aprovechando la precaria situación de los menores y su autoridad casi paternal, el expárroco abusó sexualmente de 18 de ellos. Entonces comenzó una peripecia judicial sufrida por las víctimas que acabó con el suicidio del criminal.

En primera instancia Revich recibió una condena de 10 años. Las víctimas advirtieron irregularidades en ese proceso y apelaron el fallo, consiguiendo incrementar la pena a 15 años de reclusión. No obstante, el pederasta se benefició con la detención domiciliaria arguyendo problemas de salud. Cuando cumplía su condena surgieron nuevos casos en su contra.

En ese contexto, en febrero de 2013, no acudió a su audiencia cautelar y un juez ordenó su captura. Ante su inminente retorno a la cárcel, Revich se ahorcó en el domicilio que ocupaba en la población de Tarabuco.

Tal como sucedió con los otros exclérigos pedófilos, Revich fue suspendido del ejercicio religioso, lo declaró laico y ordenó el cierre del centro de asistencia que tenía bajo su tutela.

Líbranos del mal es un documental que recoge la confesión de un cura que violó a centenares de niños en Estados Unidos.

Todos estos antecedentes nos permiten intuir un patrón de conducta, tanto en los abusadores, como en la Iglesia y la Justicia bolivianas. Como indica el  director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja de Barcelona (España), Pere Font, el ejercicio sacerdotal no inclina hacia la pederastia, pero sí que los pederastas optan por el sacerdocio, “porque la Iglesia actúa de elemento protector, de paraguas, ya que el pederasta siempre piensa que es mejor caer en manos del obispo que del fiscal”.

Un velo de impunidad que no es menos indignante que la cantidad conocida de víctimas, o aquella cifra tenebrosamente desconocida de los que nunca se atreverán a realizar una denuncia o cuyos casos han prescrito. Un velo de impunidad apuntalado en un ejercicio de poder preponderante entre los ciudadanos y una influencia todavía desmedidas sobre otras instituciones fundamentales de la sociedad, incluido el Estado, que desde 2009 se proclama como laico.

Destapar una olla  de grillos

Aunque actualmente el Gobierno de Evo Morales parece haber revivido el idilio entre el Estado y la Iglesia Católica, gracias a los coqueteos y acercamientos del recientemente nombrado Cardenal Toribio Ticona, a lo largo de su gestión las confrontaciones fueron constantes. En una de ellas, registrada el 2016, se suscitó un aberrante cruce de acusaciones en las que representantes de ambos bandos acusaban al otro de encubrir pedófilos a su interior.

“Echar más leña al fuego no le conviene a nadie, si se empiezan a sacar trapos sucios, es mucho peor para los miembros del Gobierno”.

Esa fue la insólita respuesta, casi un llamado a no destapar una olla de grillos, del vicario judicial del Arzobispado de Cochabamba, Miguel Manzanera, conocido por su postura ultraconservadora, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera ordenó al ministerio de Justicia realizar una investigación retrospectiva a los posibles casos de abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes.

“Está claro que tenemos un problema en el mundo entero y claro, en Bolivia”, dijo entonces García Linera.

Ante la afrenta”, Manzanera espetó que “evidentemente debe haber algún caso, no se puede negar, hay sacerdotes que están en la cárcel por abuso sexual, pero por qué no dicen lo mismo de los miembros del Gobierno que han tenido abusos sexuales”.

Producto de esta polémica, el segundo Mandatario recibió en agosto de 2017 un informe, al que calificó de incompleto, en el que podía evidenciarse que “hay más información de lo que uno supone, no habían sido situaciones ultraexcepcionales, un caso perdido en un lugar, no es así, hay numerosos casos”. En su descargo, la Iglesia Católica dijo que con ese tipo de declaraciones se ingresaba “a un terreno de especulación” y pidió datos “serios”.

Lastimosamente, hasta la fecha, poco se ha conocido sobre los avances de aquella investigación y frente al nuevo escenario político que parece evidenciar un nuevo romance entre las cúpulas clericales y gubernamentales, el panorama de justicia para las víctimas aún silenciadas parece oscurecerse.

Twitter: @mijail_kbx

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